El planteo del senador y presidente del radicalismo, Gerardo Morales, pidiendo que se declare en quiebra a Aerolíneas Argentinas para que el Estado no deba asumir la carga de la deuda de la empresa, desató una polémica que tensó la discusión por la ley de reestatización que el Ejecutivo envió al Congreso. “Pareciera que Morales sabe mucho de quiebras, casi quiebran al país cuando fueron gobierno, por lo tanto pareciera que pedir la quiebra de Aerolíneas no generaría consecuencias”, lo cruzó Ricardo Jaime, secretario de Transporte. Morales no se quedó atrás y anticipó que la semana próxima presentará una denuncia judicial contra el funcionario por el delito de administración fraudulenta.

El cuestionamiento de Morales al proyecto oficial surge de las dudas que la oposición plantea respecto del proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso, para que el acuerdo marco firmado con el grupo Marsans (accionista principal de Aerolíneas y Austral) para la transferencia total de acciones tenga respaldo parlamentario. “El proyecto tiene muchas complicaciones, no queda claro si el Estado se va a hacer cargo o no de la deuda que tiene Aerolíneas Argentinas”, indicó el legislador radical. “La UCR está de acuerdo en que el Estado garantice la prestación del servicio y la continuidad de las fuentes laborales, pero quiere que los argentinos no paguen un solo peso de la deuda.” Como alternativa, Morales reiteró que se estudia solicitar la quiebra de la compañía aérea para que luego el Estado tome su control sin hacerse cargo del pasivo.

El diputado socialista aliado al Gobierno Ariel Basteiro juzgó que el planteo de la quiebra “es una muestra de falta de conocimiento del negocio aerocomercial”, ya que la medida “dejaría a la Argentina al menos dos años sin línea de bandera (...). Una aerolínea no es una fábrica o una tienda, su actividad implica movimientos permanentes de giros al exterior, activos volando en distintos lugares del mundo. Una quiebra la convertiría en blanco fácil de cualquier demanda por pago de deudas”, advirtió.

Jaime recordó, en tanto, que el estado de la deuda de Aerolíneas deberá surgir de la evaluación que hagan consultoras especializadas por encargo de las partes: el Estado nacional y el grupo Marsans, tal cual lo señala el acuerdo marco. Si no hubiera acuerdo, se recurriría a una tercera opinión, en una suerte de arbitraje. El secretario de Transporte señaló que, por ahora, lo que representa la deuda exigible ascendería a 240 millones de dólares, en tanto que el resto son “compromisos de contratos”. Tras descalificar la propuesta de Morales, Jaime reclamó al radicalismo “responsabilidad al analizar el proyecto enviado al Congreso”.

Un grupo de particulares presentó ayer una denuncia contra Marsans por fraude y vaciamiento, por sobreventa de pasajes de Aerolíneas y Austral. La denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, involucra a directivos de la empresa controlante por una sobreventa estimada en 140 millones de dólares, lo cual supondría, según la demanda, un intento de vaciamiento “sabiendo que Aerolíneas Argentinas y Austral terminarían en manos del Estado argentino”.