En el seno del Gobierno ya hablan, aunque sin demasiado entusiasmo, del inminente lanzamiento de la alianza con el sector productivo y los servicios. El vínculo quedaría sellado con el anuncio de la pesificación de las deudas con el sistema financiero, lo cual equivaldrá a la licuación de los pasivos de los grupos exportadores, con enorme ganancia para ellos, y a una tabla de salvación para empresas industriales y comerciales endeudadas. La falta de entusiasmo se corresponde con el temor que tienen, aun sus propios impulsores, de la reacción que provocará entre los ahorristas la devolución de parte de sus depósitos con un título público que difícilmente conserve su valor. “¿Saben algo de un cacerolazo para hoy?”, era la pregunta que devolvía ineludiblemente cada funcionario consultado ayer.
Para el sector financiero, el congelamiento de activos y pasivos en el mismo cuadro de la foto previa al corralito –al pesificar unos y otros a la paridad de la convertibilidad– le significará un alivio en lo inmediato, aunque la cancelación con bonos de la diferencia cambiaria podría terminar ahuyentando a los pocos ahorristas que aún tuvieran la voluntad de volver al sistema. Es decir, que a corto plazo condenaría al sistema a la sequía. Desde algunos círculos oficiales se interpreta que esta solución empujará al sistema financiero, tal como existe hoy, a su extinción. Destino que, entienden, tiene escrito desde el mismo momento que se decidió la salida de la convertibilidad. Los “productivistas” imaginan el surgimiento de una nueva estructura financiera, más comprometida con las actividades de la industria y el campo.
La pérdida que le provocará a los ahorristas es importante, pero entre los especialistas más próximos a la propuesta planteada por el ministro de la Producción piensan que políticamente estará compensada por el fortalecimiento del gobierno con la nueva alianza. “Es una forma de acelerar la reactivación y pasar en limpio los beneficios de la devaluación”, señaló un especialista del justicialismo que asesora en la Cámara Baja.
La pesificación uno a uno vuelca el grueso de los beneficios de la devaluación en favor de los grupos exportadores: transforma sus deudas a una moneda devaluada, mientras siguen recibiendo ingresos en moneda fuerte (aunque lo liquiden al cambio oficial). Una vez más, el argumento de la defensa de las pymes será utilizado como mascarón de proa de una demanda que favorece principalmente a grandes grupos, como las industrias siderúrgicas y alimenticias, y las cerealeras y aceiteras.
La propuesta tiene un llamativo parecido a la que impulsaba la mesa del consenso que intentaron conformar, en los últimos dos años, la Unión Industrial, Confederaciones Rurales Argentinas y la CGT de Hugo Moyano, que además contaba con la participación, aunque no permanente, de enviados de la Pastoral Social de la Iglesia. La idea central del grupo era convertir a ese bloque exportador en motor de la reactivación y de una nueva inserción económica de Argentina en el mundo. Para ello, era necesario el cumplimiento de dos condiciones: devaluar y disminuir el costo de la financiación bancaria. Ya definida la primera, la segunda acaba de ser propuesta con la pesificación de deudas uno a uno.
Desde su primer esbozo, la propuesta contó en José Ignacio de Mendiguren como el principal referente. En la UIA tuvo el firme respaldo de Roberto Rocca, titular del grupo Techint, el mayor grupo industrial exportador del país. Posteriormente, ese mismo núcleo empresario-sindical incorporó propuestas de redistribución de ingresos, como un seguro de desempleo (luego se lo redefinió como seguro de empleo y formación, adoptando la forma pero no el contenido de la propuesta de CTA). De la mano de De Mendiguren, hoy es aquella misma alianza la que se pone a disposición del gobierno de Duhalde, bajo la condición de pesificar uno a uno. Y aunque Moyano no aparezca todavía en escena.