El proyecto de regulación de las empresas privadas de medicina prepaga llegará en las próximas horas al Congreso, intentando cerrar una brecha abierta hace más de quince años y que, por distintas razones –fundamentalmente el poder económico de los sectores vinculados al negocio–, todavía no pudo ser cerrada. El sistema nació deforme: se ofrece al público como un sistema de salud, pero funciona en la práctica como un seguro, encima de cobertura limitada. De lo que se cubre el afiliado es del riesgo de eventuales necesidades de erogaciones para atender algún problema de salud, pero no “compra” un servicio, cuya prestación es incierta. Tan incierta que ni siquiera los contratos firmados lo describen con claridad. De allí que el abuso se haya convertido en una habitualidad. A falta de regulación, el único recurso de reclamo pasó a ser la Justicia, y así se acumularon cientos de demandas de afiliados por negación de prestaciones o prácticas distintas a las prometidas. En su mayoría, los fallos favorecieron a los afiliados. Pero en materia de salud no alcanza: su desatención puede ocasionar pérdidas que no se reparan con una multa.

La actual promotora del proyecto, la diputada Patricia Vaca Narvaja, ejerciendo el cargo de subsecretaria de Defensa del Consumidor, intentó en varias oportunidades impulsar la regulación. No lo logró, y en defensa del usuario llevó a las empresas ante la Comisión de Defensa de la Competencia, bajo la denuncia de cartelización de precios, cuando éstas subían la cuota en forma unificada. Pero tampoco allí encontró respuesta. No es anecdótico que Vaca Narvaja mencione ahora la regulación del sistema como “una asignatura pendiente”.

La medicina prepaga es una práctica habitual de ciudades en las que el hospital público no ofrece un servicio eficiente y suficiente. Quizá sí lo primero pero no lo segundo, porque no atiende ciertas especialidades. De allí que sea muy común en el interior que médicos de distintas especialidades se asocien en torno de una clínica local para ofrecer el servicio prepago. En los grandes centros urbanos el proceso fue menos romántico: los mismos grupos económicos que impulsaron la desregulación de las obras sociales al inicio de los ’90 intentaron quedarse con el negocio de la salud sindical. No pudieron barrer con las obras sociales, pero se asociaron con ellas para sacar provecho de ese “mercado cautivo”. Siguiendo la lógica del mercado, muchas obras sociales se plegaron a este tipo de asociaciones para “mejorar” sus prestaciones y evitar una crisis de pagos, pero quedaron “cautivos”, a su vez, de la política de costos y prestaciones de las privadas. El servicio de salud comenzó a estar limitado a lo “económicamente viable”.

La imposición de estos mecanismos de captura, amén de la escasa reacción de la salud pública, permitió que la medicina prepaga se expandiera en el número de afiliados, al mismo tiempo que se concentraba en menos manos.

Mientras tanto, los abusos se hicieron práctica. Los aumentos para el afiliado no sólo provinieron por vía de suba en la cuota, sino también por subas de coseguros por prestaciones antes incluidas en la cuota, recorte en los reintegros por medicamentos y otros gastos, prestaciones de más baja calidad “por falta de disponibilidad de camas” y otras formas más creativas de apropiación.

El sistema de desregulación buscará impedir estos abusos como otros relativos a las carencias (períodos sin cobertura o prestaciones no incluidas) o preexistencias (enfermedades supuestamente adquiridas antes del momento de la afiliación y, por lógica empresarial, sin cobertura). Tampoco se admitirían cambios en el valor de la cuota del afiliado al cumplir cierta edad (al pasar los 50, o a los 65). Habrá que ver cuál es, esta vez, la relación de fuerzas para lograrlo.