ECONOMíA › LA AFIP INVESTIGA A EXPORTADORAS DE CEREALES
La investigación sobre las trece empresas cerealeras sospechadas de realizar operaciones impositivas irregulares por alrededor de 1700 millones de dólares llegó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ahora el organismo estudiará caso por caso y determinará el monto exacto evadido por las exportadoras. Si bien la investigación abarca a más de 200 empresas, esta primera parte se concentrará en trece grandes compañías que acumulan más del 90 por ciento de las exportaciones.
En octubre, antes de que el Gobierno anunciara aumentos de retenciones, las cerealeras declararon exportaciones que no se efectuaron hasta después del cambio en la alícuota, evitando así pagar la diferencia. Sin acreditar la posesión de los granos, como indica la ley, las empresas que como Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina, Dreyfus y Aceitera General Deheza, presentaron de manera anticipada declaraciones juradas y pagaron una retención del 27,5 por ciento, en vez del 35 por ciento vigente desde noviembre o las alícuotas móviles desde el 10 de marzo último.
El punto de partida de la investigación de las direcciones generales de Impuestos y de la Aduana son expedientes que llegaron desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Desde la AFIP señalaron a PáginaI12 que “recién estamos en la etapa de investigación, el trabajo fino va a tomar entre 6 y 7 meses, ahí vamos a determinar el monto exacto que evadieron y si se niegan a pagar, va a ir a la Justicia”. Por su parte, las cámaras exportadoras de cereales y aceiteras rechazan las denuncias y afirman que las declaraciones juradas fueron hechas en regla.
A principios de agosto, el Senado formó una Comisión Bicameral para poner bajo la lupa a estas empresas. Investiga supuestas “maniobras fraudulentas” que les permitieron a las cerealeras eludir el pago de 1450 a 1700 millones de dólares. Se creó a partir de un acuerdo entre kirchneristas y radicales. La comisión está integrada por seis senadores y seis diputados, y tiene 180 días para requerir y recolectar toda la información necesaria. El informe final será elevado a la Justicia.
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