En enero pasado, Cristina Fernández de Kirchner estrenó de inmediato la joya de plata con incrustaciones de bolivianita, singular mezcla de amatista y citrino, que Evo Morales le trajo de regalo. Fue cuando anunciaron juntos en Buenos Aires la convocatoria a una de las principales licitaciones para poner en marcha el gasoducto del Nordeste. Pero apenas medio año después, la obra tan costosa como necesaria para incrementar a los 27,7 millones de metros cúbicos diarios las importaciones de gas desde el Altiplano, se demora. Por falta de inversiones para extraer el carburante del subsuelo, Bolivia no tiene por ahora manera de honrar su compromiso, con lo que el megaemprendimiento promovido por Techint se retrasa. Funcionarios de ambos países definían ayer en Buenos Aires un nuevo cronograma de provisión y obras, con el añadido de “mutuas garantías” para cumplirlos.

La visita a Buenos Aires del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, sirvió para impulsar la revisión del contrato de venta de gas. Ese abastecimiento hoy debería estar en 7,7 millones de metros cúbicos por día –contra los 2,5 o 3,0 efectivos–, llegando a 27,7 millones a partir de enero del 2010. El mencionado gasoducto se erige, entonces, como el vehículo capaz de posibilitar una importación de esa envergadura y por ello Julio De Vido alguna vez lo sindicó como una “obra imprescindible para garantizar el desarrollo sustentable de la Argentina”.

A los dos países les conviene la operación. Argentina puede suplir el faltante de gas local con el boliviano, aun pagando por él el cuádruple de lo que se abona en el mercado doméstico (más de 8 dólares el millón de BTU, contra poco más de 2 que se paga localmente). Mientras, Bolivia tendría un ingreso de varias decenas de miles de millones de dólares en las dos décadas de vigencia del contrato que se intentará reformular.

En algún sentido se generó una especie de problema circular. El Estado argentino no puede encarar una obra con riesgo de tenerla luego ociosa. En particular cuando su valor está estimado en más de 1600 millones de dólares. En tanto, Bolivia se niega a promover el desarrollo de los yacimientos si no tiene dos certezas: de que se construirá el gasoducto y de que la estatal Enarsa pagará en tiempo y forma, cuestión que preocupa básicamente a los productoras privadas instaladas en ese país. Por eso comenzó a revisarse el cronograma de obras y, al mismo tiempo, la posibilidad de que cada uno brinde al otro una garantía expresa de que cumplirá con la obligación asumida.

El país gobernado por Evo Morales tiene probadas reservas, pero necesita inversiones para extraerlas. La producción actual no permite cumplir con la provisión a la Argentina: genera poco más de 40 millones de metros cúbicos de gas diarios, de los cuales 32 van a Brasil, una porción la destina a su mercado interno, y para exportar apenas le quedan unos tres.

Aunque Santos Ramírez se niega a admitir que ése sea el problema de origen, el dilema ya fue expresado pocas semanas después del acto Kirchner-Morales por el vicepresidente Alvaro García Linera cuando reconoció que hay “que renegociar el traslado del cumplimiento total de abastecimiento a la Argentina del 2010, quizás al 2013”. Y el lunes, poco después del plebiscito que avaló su gestión, Evo reconoció lo mismo que su vice tiempo antes. “Tenemos un problema de inversiones”, proclamó, fustigando a “las empresas que explotan megacampos pero no invierten” y, de inmediato, formuló el convite a la Argentina para que arrime recursos en su condición de país amigo.

Repsol, Petrobras, Total y British, entre otras firmas, retacean esos fondos desde la nacionalización de hidrocarburos. Bolivia captura una porción más sustanciosa de esa renta extraordinaria, ya que aumentó las regalías y tiene disponibilidad sobre esos recursos estratégicos.