Al tiempo que el Gobierno apeló la medida judicial que bloqueó la realización de las audiencias públicas para debatir las tarifas eléctricas y del gas, el Ministerio de Economía avanza en el análisis de vías alternativas para destrabar el aumento. La intención es encontrar un mecanismo que haga posible mejorar los ingresos de las empresas en un período de 45 a 60 días “y hacer que el servicio siga siendo sustentable”. Ayer, las transportistas y distribuidoras de gas manifestaron su “preocupación” por la falta de soluciones y advirtieron sobre los riesgos de que ello afecte la normal prestación a corto plazo. Según señalaron a Página/12 voceros empresarios, de persistir el congelamiento podrían empezar a producirse recortes en el servicio de atención al cliente de las distribuidoras y en las modalidades de pago.
“Veníamos cumpliendo con un umbral de expectativas de la gente, pero se está haciendo muy difícil mantenerlo”, sostuvo ante este diario el representante de una de las principales distribuidoras gasíferas. Señaló que mientras las tarifas permanecen congeladas, “mantener todo ese andamiaje administrativo, el marketing directo, las oficinas de atención, los call centers, demanda un costo en informática que se encareció prácticamente a la par del dólar”. En esos servicios se aplicarían los primeros ajustes.
La suspensión de las audiencias públicas decidida el martes de la semana pasada y el posterior viaje de Lavagna a Washington congelaron las conversaciones entre las concesionarias y las autoridades. Tanto en las distribuidoras eléctricas como gasíferas aseguran tener “un panorama complicadísimo”. “No somos autistas, reconocemos la situación social en que este problema está inserto, pero este congelamiento de tarifas nos tomó en un momento difícil”, describieron en una distribuidora de gas. En privado y en voz baja, las gasíferas reconocen que habían prestado su conformidad para excluir del ajuste a los sectores de bajo consumo –una forma imperfecta de individualizar a los sectores de bajos recursos–. Pero aspiraban a llevar a audiencia pública su postura “para exponer la grave situación que atraviesa el sector” y obtener el reconocimiento de la necesidad de, aunque más no fuera, un mínimo ajuste.
Dicho camino quedó bloqueado por la Justicia, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo junto a organizaciones de consumidores. Ahora la conducción económica intenta otra vía, tratando de salvar el régimen de concesiones del servicio. El ministro ya tiene en sus manos una propuesta que permitiría poner en vigencia ajustes de tarifas eléctricas y de gas en un plazo no mayor de dos meses, sin violentar la ley de emergencia económica ni el marco regulatorio de cada sector. “Lo que está en juego es la sustentabilidad de las prestaciones”, puntualizan en los despachos oficiales, donde el escenario que más se teme es el retorno a los cortes de luz y de gas. “Son los dos servicios más sensibles: el resto puede esperar”, sentencian.