Desató polémica una carta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital, dirigida a la AFIP para la implementación provisoria del ajuste por inflación en materia tributaria, hasta tanto se apruebe un mecanismo definitivo. La nota enviada a Alberto Abad, jefe de la AFIP, insta a no esperar que se expida la comisión creada por Hacienda para que proponga un nuevo sistema de ajuste integral por inflación a los fines fiscales. La decisión de crear el cuerpo se oficializó el pasado 17 de setiembre, dándosele un plazo de 45 días para expedirse.
El argumento de la misiva, firmada por Horacio López Santiso y por Carlos Eduardo Albacete, presidente y secretario del Consejo, sostiene que, mientras tanto, “se han producido y se siguen produciendo cierres de ejercicios cuyos resultados se ven incididos por los efectos de la devaluación”. Por ende, reiterando planteos anteriores, reclaman que “se permita la presentación de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias ajustadas por inflación, sujetas a su posterior determinación de acuerdo con la norma definitiva que se dicte al efecto”.
Algunos contadores critican esta acción del Consejo porque estaría asumiendo un papel que no le corresponde. Su función fundamental es el control de la profesión, que en principio debería ser ejercido por el Estado. Pero éste delegó la tarea en una entidad de los propios profesionales, que eligen una comisión directiva y crean un tribunal de disciplina, que recibe e investiga cualquier denuncia por falta de ética en la labor de un contador. El Consejo matricula a los profesionales, los autoriza a ejercer como tales y puede eventualmente suspender su matriculación y darlos de baja ante la comprobación de violaciones a los códigos de conducta. En todo esto, que es su misión por excelencia, el Consejo –dicen los críticos– funciona como un organismo paraestatal.
En la misma línea, los cuestionadores afirman que no sería objetable que, a través del departamento específico que tiene el Consejo para estudiar temas impositivos, hiciera llegar a la AFIP informes técnicos, pero sin transformarlos en exigencias de medidas. Aunque la entidad incluye otras actividades y brinda diversos servicios, nada de ello, insisten los críticos, modifica la razón de ser y la naturaleza paraestatal del Consejo.