La actual crisis ha dado motivo a discusiones diversas sobre estrategia económica, que en muchos casos todavía no han sido saldadas. Sin embargo, la salida descontrolada de la convertibilidad con una recesión de arrastre de cuatro años, por lo menos, ha realizado una contribución nada desdeñable a limpiar un poco la contaminación de confusiones económicas difundidas en la década del 90. Por lo pronto, ha destruido dos falacias del discurso dominante, que alegremente eran asumidas como verdades absolutas por economistas y voceros atentos al establishment: que la emisión de dinero sin respaldo y aumentos de salarios disparan automáticamente un proceso inflacionario incontrolable.
El discurso contra la emisión de moneda quedó grabado a fuego ante la experiencia de la hiperinflación, cuyo saldo fue la convertibilidad. Pero ahora es momento de repensar la economía argentina para que empiece a transitar cierto camino de normalidad. En la actualidad, circulan cuasimonedas, bonos emitidos por el Estado Nacional (Lecop), por provincias (el Patacón, de la provincia de Buenos Aires, es el más difundido) y hasta por municipios (San Francisco, en Córdoba, por ejemplo), equivalentes al 40 por ciento de la circulación monetaria. La mayoría de esas cuasimonedas, que en total son 22 papeles pintados diferentes a lo largo y ancho del país, son convertibles a pesos a paridades diversas y, en varios casos, sirven para pagar impuestos. Equivalen a aproximadamente 5500 millones de pesos. Si toda esa masa de billetes se convirtiera a pesos, el circulante total resultante, transformado en dólares al tipo de cambio del viernes, todavía no sería superior a las reservas internacionales. O sea, la hiperdevaluación destruyó la masa monetaria doméstica, que ante la ceguera ideológica, no se recompuso ordenadamente sino parcialmente a través de las cuasimonedas. Esa recuperación anárquica de la oferta monetaria no disparó la suba alocada del dólar ni una estampida inflacionaria. Lo que sucedió fue que la acelerada desmonetización en los últimos meses de la convertibilidad, o sea la caída del dinero en poder del público, era el resultado del también acelerado derrumbe del nivel de actividad, que no era otra cosa que la destrucción de riqueza. Y luego, con la devaluación, lo que se desmoronó aceleradamente fue la capacidad de compra con la misma cantidad de dinero. Entonces, simplemente, el crecimiento del dinero y del cuasidinero en circulación vino a responder a lo que se enseña en los manuales básicos de Economía en casos de deficiencia en la demanda por una recesión mutada en depresión: la necesidad de tener una política monetaria expansiva.
Si la emisión “trucha” y, en menor medida, “ordenada” de dinero no ha provocado el caos, sino que ha sido un amortiguador de la crisis, y si un aumento de salarios no ha derivado en un terremoto ya resulta intolerante para todos aquellos que en los ‘90 y ahora también pregonan dogmáticamente el pensamiento liberal. La devaluación precipitó un aumento explosivo de los precios, provocando un rápido deterioro del salario real. Dado que los precios que más han crecido son aquellos vinculados con la canasta de consumo de los trabajadores (bienes salarios), la recuperación de los ingresos vía la asignación no remunerativa de 100 pesos destinada a todos los trabajadores del sector privado ha sido insuficiente. El costo de los productos que consumen los sectores de menores recursos aumentó el triple que la inflación de setiembre, que fue del 1,3 por ciento y que en el año acumula un incremento de 39,7 por ciento. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la canasta básica de alimentos que se utiliza para determinar las líneas de indigencia y pobreza ascendió en setiembre 3,9 por ciento y en los nueve meses suma un aumento de 73,5 por ciento.
Ese aumento de suma fija, resistido por cierto sector empresario y cuestionado por economistas de la city por ser inflacionario, tuvo una incidencia despreciable en los costos de las compañías. Un interesantedocumento preparado por el Instituto para el Modelo Argentino (IMA), “¿Cómo afecta un incremento de los salarios a los costos de producción?”, revela que un aumento salarial de hasta 300 pesos no provocaría aumentos significativos de los costos en la mayoría de las empresas. Esa conclusión enfrenta la hipótesis sostenida desde el empresariado de que el aumento salarial se trasladaría a los costos, alimentando la inflación por puja distributiva. La base del estudio es una simulación del efecto de una suba de salarios sobre los costos variables corrientes de producción utilizando la Matriz de Insumo-Producto de la economía argentina para el año 1997. El saldo: un ajuste de 100 pesos tiene un impacto sobre el nivel general de precios, estimado sobre el índice de Precios Mayoristas, de apenas 1,3 por ciento. Considerando un incremento de 300 pesos por trabajador en todos los sectores de la economía, la variación en los precios mayoristas internos alcanzaría el 6,5 por ciento. En todos los casos se supone que los empresarios no absorberán los mayores costos salariales, aunque muchas actividades estén en condiciones más que suficientes para realizarlo. Son las empresas ligadas a actividades de exportaciones, que vieron explotar sus márgenes de ganancias producto de la devaluación.
De todos modos, la recomposición de los salarios debe plantearse en el marco de una estrategia efectiva de redistribución del ingreso, y no como un mero paliativo. En un contexto de recesión, incentivar la demanda generaría un aumento de la producción permitiendo compensar el aumento de los costos salariales con una disminución de los costos variables debido a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Lo expuesto supone, entonces, que el incremento de los salarios solo puede darse atado a un cambio de la política económica. Cambio que, como expone Claudio Lozano (director del Instituto de Estudios y formación de la CTA), significa apostar a una estrategia que combine redistribución progresiva de los ingresos, ampliación de la demanda por expansión del consumo popular y el mercado interno, incremento de los recursos fiscales y nuevo desarrollo productivo.