Los senadores del oficialismo presentaron ayer su dictamen de mayoría sobre el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que ya tiene media sanción de Diputados. El kirchnerismo logró sumar a Carlos Reutemann y Roxana Latorre, dos legisladores que habían votado en contra de las retenciones móviles. También consiguieron la firma del santiagueño Emilio Rached y el neuquino Horacio Lores. Por su parte, la UCR y la Coalición Cívica presentarán su iniciativa conjunta hoy al mediodía, en consonancia con lo hecho en la Cámara baja (quiebra de AA y creación de una nueva línea de bandera). Al cierre de esta edición, el Frejuli todavía no se había sumado a la UCR y a la CC. Otros que van con dictamen propio son el radical K Pablo Verani y el socialista Rubén Giustiniani. La votación se hará el próximo miércoles y el oficialismo calcula que alcanzaría los 40 votos positivos.

Antes de la fecha límite para la presentación de los dictámenes, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Transporte de la Cámara alta recibió ayer a los representantes del grupo Marsans –Vicente Muñoz y Eduardo Aranda–, quienes volvieron a culpar a la conducción del gremio de los pilotos (APLA) por la crítica situación de ambas empresas y negaron el vaciamiento de las aerolíneas. Además, aseguraron que todo el dinero generado desde 2001 lo invirtieron en Argentina.

Los españoles aseguraron que en 2006 Marsans invirtió 150 millones de dólares, mientras que el gobierno español aportó, desde la privatización de AA hasta la fecha, 2770 millones de dólares. “Hemos decidido vender porque es imposible gestionar la empresa por el continuo hostigamiento sindical y por la falta de una política aerocomercial. En todos los países del mundo hay beneficios para las empresas del sector. Nunca nos hemos llevado un solo peso. Estamos cansados de que nos acusen”, señaló Muñoz, casi compungido, durante su presentación.

El primero en salir al cruce de los empresarios fue el jujeño Gerardo Morales, titular del Comité de la UCR. Sin medias tintas, fiel a su estilo, el radical acusó: “Entregaron una empresa insolvente, en cesación de pagos. No es cierto lo que ustedes dicen. Nosotros creemos que habrá un patrimonio neto negativo (luego de las valuaciones del Tribunal de Tasación) y que ustedes deberán pagar para irse”.

Cual partido de ping pong, unos acusaban (la mayoría de las preguntas fueron hechas por la oposición) y los españoles respondían, sin hacerse cargo de las acusaciones. “(Vale), lamento disentir, si usted dice que hubo vaciamiento, dígame cuáles son sus pruebas. Si acusa, vaya a un juzgado y gane el pleito, ¿vale?”, respondió Muñoz.

–¿Cuánto cree que deberá recibir Marsans por la venta de AA? –preguntó Morales.

–Nosotros firmamos un acuerdo con el Gobierno, y el precio tiene que gustar a las dos partes. Ahora, ¿usted habla de un contrato de compra venta o está planteando una expropiación? –cuestionó Muñoz—. Si va a ser una expropiación, yo iré al Ciadi, ¿vale? –Morales tomaba mate y hacía comentarios con sus correligionarios.

A dos días de la votación, el debate por la situación de Aerolíneas y Austral ya estaba agotado. Más allá de las acusaciones cruzadas, poco era lo que podían aportar los españoles a la discusión. Salvo por un detalle. La media sanción modificó los alcances del Acta Acuerdo al establecer que será el Tribunal de Tasación el que fije el valor de las empresas y que el Congreso tendrá la última palabra. No intervendrán –según la ley– los tasadores de Marsans.

–¿Aceptarán lo que establezca la normativa o irán a un juicio? –preguntó Adolfo Rodríguez Saá.

–Acá se prejuzga mucho. Se dice que las empresas valen sólo un peso. Pero todavía no lo sabemos. Se dice que hubo vaciamiento, pero se prejuzga –respondió Aranda. Y Muñoz acotó: “Comprendemos que la valuación se hará siguiendo los fondos de flujos futuros. Si la valuación es cero (y coincide con lo que diga nuestro tasador, el banco Credit Suisse), lo aceptaremos.

La mejor síntesis de la presentación del grupo Marsans la dio el senador Eduardo Torres (FPV, Misiones). “Ustedes dicen una cosa y el resto de los expositores (gremios, especialistas aeronáuticos, funcionarios) hablan de otra cosa. Son muchas contradicciones”, graficó Torres. Contradicciones que sólo marcan la primera etapa del proceso de reestatización, que volverá al Congreso cuando el Tribunal de Tasación tenga definido el precio de la compañía.

La semana pasada, Daniel Martín, presidente del tribunal, denunció posibles sobreprecios del 30 por ciento en los registros que dan cuenta de la adquisición de aviones a través de leasings financieros. Mientras que la Auditoría General de la Nación remarcó que ambas empresas registrarían un patrimonio neto negativo de 102.570.686 pesos y pérdidas por más de 585 millones de pesos, en sus balances del año pasado.

Desde el oficialismo confían en que el Estado no tendrá que pagar nada por las acciones de ambas compañías y que la deuda (el 40 por ciento es con el gobierno argentino) se negociará directamente con España. “La expropiación no es una opción, por el momento. Pero habrá que ver cómo se suceden los hechos luego de la votación. El futuro es impredecible”, señaló a PáginaI12 Miguel Angel Pichetto, titular del bloque K.