ECONOMíA › LA AUDITORíA GENERAL DE LA NACIóN ADVIERTE SOBRE LA IRREGULARIDAD DE LOS ESPAñOLES
El Senado tratará hoy la reestatización de Aerolíneas. El titular de la AGN señaló que el grupo ibérico no presentó el balance 2007, que habría contabilizado patrimonio negativo. Esa resistencia podría ser utilizada por Argentina en caso de un juicio en el Ciadi.
› Por Sebastián Premici
“El Estado debería ser cuidadoso frente a algunos comportamientos del grupo Marsans. Los empresarios dijeron que no presentarían los balances auditados del año pasado, hasta que no termine la votación en el Congreso. Sería prudente fijar los alcances jurídicos de estas irregularidades (la fecha límite para presentar los balances venció hace cuatro meses) para utilizar como argumento en caso de que quieran recurrir al Ciadi.” Con estas palabras, Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, advirtió ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, que se debería presionar –vía Inspección General de Justicia– para que Marsans transparente sus estados contables lo antes posible. “El Estado no puede posponer ni un segundo los señalamientos de estos incumplimientos. El momento para hablar es ahora”, aseveró Despouy en diálogo con PáginaI12. El Senado tratará hoy la reestatización de Aerolíneas y Austral.
En una reunión con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, Despouy advirtió a los legisladores sobre varias irregularidades cometidas por el grupo Marsans. La primera fue que ya llevan más de cuatro meses de atraso en la presentación formal de sus balances de 2007. Eduardo Muñoz, representante del grupo empresarial, aseveró anteayer que no presentarían dichos documentos hasta tanto no termine todo el proceso legislativo. Ese dato es relevante para la AGN, ya que podría ser utilizado como argumento a favor de la Argentina, en caso de que los españoles quieran acudir al Ciadi, tal como amenazaron hacer.
En un documento borrador presentado por la Auditoría durante su presentación en el Senado, surgió que Aerolíneas y Austral tendrían un patrimonio neto negativo de 102.570.686 pesos y pérdidas netas superiores a los 585 millones de pesos. Fueron datos provisorios, aportados por la gerencia de Finanzas de AA, y elaborados por la consultora Price WaterHouse Cooper. “Vamos a solicitar que la Inspección General de Justicia intime a Marsans para que entregue sus balances”, señaló a este diario el radical Rubén Lanceta, integrante de la Bicameral.
Durante la reunión, oficialistas, opositores (UCR, PRO) y peronistas disidentes (Frejuli) estuvieron de acuerdo en la necesidad de armar “una estrategia coherente” para contrarrestar los posibles planteos de Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). “Resulta lógico que digan (Marsans) que no venderán, si es que no les gusta el precio que fije el Congreso. Pero no hay que perder de vista que es conocido que el nivel de pasivos es mayor que los activos”, indicó a este diario el diputado Mariano West (FpV).
El proyecto de ley que se tratará hoy en el Senado acotó en su articulado los alcances del Acta Acuerdo firmado por la empresa y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El punto fundamental fue establecer en la ley que el precio se fijará sólo por lo que determine el Tribunal de Tasación y el Congreso, sin la intervención de ningún tasador por parte de Marsans. De no llegar a un acuerdo en el valor de compraventa, los españoles amenazan con realizar juicios contra la Argentina.
–¿Cómo debería actuar el Estado? –preguntó PáginaI12 a Despouy.
–El comportamiento de la empresa (y del Gobierno) anticipa cierto grado de litigiosidad, por eso el Estado debería ser cuidadoso. Como primera medida, resulta relevante fijar los alcances jurídicos de la no presentación de los balances del año pasado. Sin embargo, lo importante de lo ocurrido en el Senado –a diferencia de lo que pasó en Diputados– fue el reconocimiento por parte de los españoles de que el año pasado tuvieron un patrimonio neto negativo.
–En este sentido, ¿cuáles son los mecanismos del Estado para actuar?
–Tienen que involucrarse tanto la Inspección General de Justicia, como el Ministerio de Economía, y la AFIP. El Estado debe ser muy categórico, el momento para hablar y obtener información es ahora. Hay que marcar el impacto de todos los incumplimientos de Marsans, para que puedan utilizarse en caso de ir a un juicio. El Gobierno no puede permanecer pasivo frente a una empresa que dice que no presentará sus balances.
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