Alumbrada la ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas, los opositores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones pidieron al defensor del Pueblo de la Nación que arbitre los medios para disponer la nulidad del acta acuerdo que el Gobierno firmó con Marsans y que permite al accionista privado participar en la fijación del precio de las acciones a recomprar. Casi al mismo tiempo que se hacía esa presentación, el presidente del Tribunal de Tasación denunciaba ayer ante ese cuerpo las dificultades para calcular ese valor, porque la empresa no aporta “información consistente” para la tarea. Los españoles, sin embargo, no parecen perder el sueño. Ayer señalaron al gerente general designado por el Estado, Julio Alak, como el virtual responsable por cualquier dato erróneo proporcionado. Mientras, el Crédit Suisse, contratado por Marsans para la valuación sigue su tarea, indiferente al mandato parlamentario.

La estimación del valor de Aerolíneas es ahora una de las cuestiones medulares a resolver. La flamante ley le atribuye al Congreso la potestad de fijar ese precio. El acta que firmó el Ministerio de Planificación con Marsans contempló un acuerdo de partes sobre este punto que, de no alcanzarse, forzaría a contratar a una consultora para laudar, con una tasación inapelable. En función de ese pacto, hoy están trabajando en la polémica cotización el Tribunal de Tasación, por parte del Estado, y el Crédit Suisse, por Marsans.

Apenas los senadores refrendaron por amplia mayoría la ley de reestatización de Aerolíneas y Austral, el diputado radical Rubén Lanceta reclamó a la Defensoría para que se arbitren los medios para disponer la nulidad de ese documento, fundando tal pedido en “vicios” de forma y de procedimiento. Su rúbrica fue acompañada por la del senador Juan Carlos Marino (UCR) y, sólo por el apuro, faltaron las firmas del justicialista Adolfo Rodríguez Saá y de Esteban Bullrich (PRO), ausentes de Buenos Aires. Eduardo Mondino les dio una acogida forma. Ahora, el ombudsman debe resolver si apelará a la Justicia para que se anule la objetada acta.

A esta incógnita formal ayer mismo se sumó otra. Fue cuando el titular del Tribunal de Tasación, Daniel Martín, alertó a los miembros de la Bicameral respecto de las quejas formuladas por la Dirección Nacional de Aeronáutica y la Universidad Tecnológica –dependencias que colaboran para la tasación– a la empresa, porque la información recibida “no es coherente”. Entre las incongruencias enumeradas por el funcionario estaría la de haber “sobrevaluado los activos desde el 2001”, incluyendo la sobredimensión de los activos. Un ejemplo: detallar la existencia de 85 aviones “cuando 55 están fuera de servicio”.

El tasador no arriesgó números y prometió a los legisladores continuar con la tarea para valuar las líneas, no sólo confrontando activos con pasivos, sino a través del método de flujo de fondos, en el que el Crédit Suisse basa su tarea. Pero a partir de la cosmética utilizada por la empresa, Martín supone que, en cualquier caso, el patrimonio resultante “sería un 30 por ciento menor” al acusado en los informes de Marsans. “Esa información fue proporcionada por (Julio) Alak, quien es el gerente general desde hace un mes y medio. A él hay que preguntarle”, se defiende el director y vocero de los españoles, Jorge Molina, quien aclaró: “Los 85 aviones son los matriculados, no necesariamente los operables. En algunos casos, no se pasaron a chatarra porque para hacerlo era necesaria la autorización del juez del concurso”.

Para despejar estas incógnitas los integrantes de la Bicameral acordaron hacer un trabajo conjunto con los tasadores públicos. Los legisladores de la Comisión que preside el oficialista Mariano West tienen previsto visitar hangares de Ezeiza y las oficinas céntricas para constatar “in situ” la situación de la flota y la disposición de los gerentes empresarios a dar información sobre el cuadro económico de la compañía.