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¿Qué es la movilidad previsional?

–Es el mecanismo que se utiliza para aumentar las jubilaciones. Durante doce años no se aplicó ninguno, y así fue como los haberes quedaron congelados todo ese tiempo. Fue obra de Carlos Menem y Domingo Cavallo, quienes derogaron ese derecho básico e histórico a principios de los ’90 y hundieron el poder adquisitivo de las jubilaciones en un pozo profundo. Fernando de la Rúa y Patricia Bullrich, como su ministra de Trabajo, profundizaron el deterioro con un recorte en los haberes del 13 por ciento. Tras la devaluación de 2002, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo que hicieron fue dar aumentos por decreto, pero en porcentajes y con alcances de beneficiarios discrecionales. Eso llevó a un achatamiento de la pirámide salarial y hoy más del 70 por ciento de los jubilados cobra la mínima. Dos fallos de la Corte Suprema, conocidos como (Adolfo) Badaro, ordenaron volver a crear un índice objetivo para subir los haberes de manera automática. Esa es la ley que se discute en el Congreso.

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¿Cuál es el índice que aprobó ayer la Cámara de Diputados?

–El índice se construye en base a una fórmula con dos componentes, el A y el B. El A, su vez, se divide en dos: la primera mitad surge de la evolución de los salarios de los trabajadores activos, que estará medida por el índice general de salarios del Indec (incluye los sueldos de los empleados en blanco, los públicos y en negro) o por el índice que elabora la Secretaría de Seguridad Social (el Ripte, que contempla sólo los movimientos de los sueldos de los trabajadores formales). Ese fue uno de los cambios al proyecto que introdujo el oficialismo. En la versión original sólo se consideraba el índice del Indec. Ahora se utilizará el índice salarial que arroje un mayor porcentaje de aumento. La segunda mitad del componente A considera la evolución de la recaudación previsional, pero sólo en la parte de los aportes tributarios (IVA, Ganancias, Combustibles, entre otros). El aumento de la recaudación, además, se divide por la cantidad de beneficios que paga la Anses. En el proyecto original había otro condicionante, que era que del total del aumento de la recaudación dividido por la cantidad de beneficios se apartaba un 10 por ciento de la suba para el Fondo de Garantía del sistema previsional. Ese punto se sacó a pedido de la oposición, para que el incremento a los jubilados sea mayor. La combinación de la parte salarial y de la recaudación arroja el resultado del componente A de la fórmula. Por ejemplo, 15 por ciento. Ahí entra a jugar el componente B, que toma en cuenta la evolución de la recaudación total de Anses (IVA, Ganancias, Combustibles más aportes y contribuciones), dividido por los beneficios que paga el organismo, más 3 por ciento. Eso da otro resultado: por ejemplo, 10 por ciento. La ley aclara que el componente A se usará siempre y cuando sea igual o menor al componente B. En el ejemplo, A daba 15 por ciento y B, 10. Entonces, el incremento para los jubilados será de 10 por ciento. Si B hubiera dado 20 por ciento, el aumento habría sido de 15. Es decir, para elevar las jubilaciones siempre su utiliza el porcentaje más bajo entre A y B.

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¿Qué ocurre si el índice da un resultado negativo?

–No se aplica. Sólo se usa para aumentar las jubilaciones, pero nunca para bajarlas.

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¿Cuándo subirán los haberes?

–Dos veces por año, en marzo y en septiembre, de acuerdo con la evolución de las variables del primer y segundo semestre. La ley entra en vigencia el 1º de enero de 2009. La oposición reclamó cuatro aumentos trimestrales, pero perdió la votación.

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¿De cuánto serán los aumentos de 2009?

–Según fuentes del oficialismo, el índice permitiría subir los haberes entre 10 y 12 por ciento en marzo próximo y arriesgan que el alza de septiembre también rondará esos niveles. La oposición presenta otros números: pronostica que los incrementos no pasarán del 8 o 9 por ciento por semestre.

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¿Habrá otro ajuste antes de fin de año?

–De manera extraoficial, fuentes del Gobierno responden que sí, pero piden prudencia para no generar expectativas. La oposición reclamó ayer en Diputados que la ley de movilidad entre en vigencia este año, para que se autorice una suba en diciembre. No prosperó.

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¿El índice rige para las pensiones y para ex combatientes de Malvinas?

–Sí. Todos los beneficios que paga Anses a 5,4 millones de personas se ajustarán en marzo y septiembre por este índice. Ayer se incorporó al beneficio a las jubilaciones por edad avanzada.

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¿Qué ocurrirá con la jubilación máxima?

–Tendrá la movilidad que determina el índice. El tope irá subiendo en marzo y septiembre junto al resto de los haberes. Lo mismo ocurrirá con el tope en los aportes de los trabajadores activos.

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¿Qué pasará con la mínima?

–También trepará en función del índice, como el resto de los haberes. Fue un cambio en respuesta a la oposición. De todos modos, el Gobierno quedó autorizado a conceder ajustes que superen ese piso.

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¿Cómo se moverá la Prestación Básica Universal?

–También de acuerdo al alza que determine el índice. En conclusión, la movilidad impactará sobre todo el haber. Aquel que gana 800 pesos pasará a ganar 880 si el índice arroja una suba de 10 por ciento. Esta fue otra de las modificaciones que aceptó el oficialismo por pedido de la oposición.

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¿Docentes y científicos quedan incluidos en la ley?

–El oficialismo asegura que no, que docentes, científicos, jueces y diplomáticos conservarán una movilidad especial, que las jubilaciones de esos sectores seguirán la evolución de los salarios de los trabajadores activos por cargo o función. Sin embargo, fuentes de la oposición afirmaron que la redacción de la ley quedó muy confusa y que todos esos sectores finalmente quedarían incluidos en la movilidad general. Desde Anses admitieron que el punto todavía no está claro, porque existen cuestiones a resolver relacionadas con las diferencias salariales entre provincias. De todos modos, en el organismo indicaron que docentes y demás estatutos tendrían una movilidad especial por cargo o por función.

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¿El índice se aplica para la determinación del haber inicial?

–Sí, se usará para calcular la jubilación inicial en el régimen de reparto. Con este índice se actualizarán los últimos 120 aportes (10 años) que se contabilizan para establecer cuánto arranca ganando una persona. Es un punto central. La oposición apuntó sus cañones a este tema, con el argumento de que al usar el nuevo índice se achata el haber inicial. En lugar de eso, reclamó que la actualización de los últimos diez años se haga con el Ripte, que toma sólo salarios y no lo mezcla con la evolución de la recaudación. Según sus cálculos, la diferencia es significativa. Con el Ripte, el porcentaje de ajuste es de 135 por ciento, mientras que con el nuevo índice sólo queda en 79 por ciento. Desde el oficialismo insistieron en que se hace sólo lo que podrá ser sustentable.

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¿El índice se aplica a las sentencias judiciales?

–Sí. El Gobierno dice que es para favorecer a los jubilados, a fin de garantizarles una movilidad después de una sentencia en su favor y evitar que tengan que iniciar un nuevo juicio. La oposición, muy enojada con este tema, sostuvo que se busca todo lo contrario: poner un tope a las recomposiciones que otorga la justicia.

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¿Qué más pedía la oposición?

–Su gran reclamo era que antes de empezar a usar el índice se recompusieran los haberes de aquellos que recibieron menores aumentos los últimos años y sufrieron una caída de su poder adquisitivo. El Gobierno admite que esta ley no soluciona el problema del achatamiento de la pirámide salarial hacia atrás, pero impide que se siga profundizando.

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¿Por qué la fórmula tiene tantos pasos?

–El Gobierno argumenta que de ese modo se darán aumentos que sean sustentables y no desfinancien el sistema. El componente B, que actúa como tope al A, es para evitar situaciones de fuertes aumentos salariales de los trabajadores activos (por ejemplo, en períodos de alta inflación) que no sean acompañados por subas equivalentes de la recaudación total de Anses (en un escenario de recesión económica). El Gobierno sostiene que en este momento la recaudación viene subiendo más que los salarios, por lo cual el tope de B no actuaría. La oposición cuestiona que en ese caso, ya que la recaudación lo permite, el Gobierno no acepte que las jubilaciones suban en igual proporción, sino que siempre haga valer el porcentaje más bajo de suba entre los componentes A y B de la fórmula. La respuesta de Anses a esa crítica es que a mediano plazo A y B se compensan.

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¿Por qué la suba de recaudación se divide por la cantidad de beneficios que paga Anses?

–El Gobierno afirma que hay que relacionar ambas variables, cuánto ingresa y cuánto se paga, para evitar distorsiones. La oposición retruca que es para poner otro tope a los aumentos a los jubilados. Como en este momento está subiendo mucho la recaudación, si no rigiera esa precaución los haberes treparían mucho más, denuncian. El Gobierno asegura que su intención es ser lo más generoso posible dentro de parámetros realistas. Se ampara en todo lo que hizo por los jubilados en estos años y aclara que esta ley es un paso más en la dirección de recomponer derechos. También indica que no se pueden olvidar los condicionantes que dejaron tantos años de destrucción del sistema. La oposición dice que son excusas.