Guillermo Daniel Martini es el funcionario encargado de poner en marcha la flamante Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. En diálogo con PáginaI12, aseguró que va a modificar la lógica de intervención estatal en el sector. “Los programas actuales van a desaparecer y van a estar todos integrados en una única política”, sostuvo. Además adelantó que empezaron a articular con las provincias para facilitar el proceso de regularización de tierras y evitar que los capitales que quieren cultivar soja terminen desplazando a los pequeños productores con “títulos fraudulentos”. “En el mediano plazo, queremos poner en contacto al productor directamente con el consumidor”, agregó.

–¿Para qué productores diseña políticas la subsecretaría?

–La población objetivo son entre 210-220 mil pequeños productores. No tenemos una definición a partir de la cantidad de hectáreas. Un pequeño productor en Chaco o Formosa tiene hasta 30 hectáreas, pero en la Patagonia puede llegar a tener 400. Con una hectárea en el sur se puede criar unas pocas ovejas, esa misma extensión en Salta cultivando tabaco puede generar un ingreso bruto que le permita sobrevivir. Los pequeños productores están asociados a una serie de condiciones básicas: poseen unidades de tierra chicas, con una explotación del tipo familiar que se dedica básicamente a la producción de alimentos con poco capital y no están integrados al esquema de comercialización de cadenas agroalimentarias. Identificamos tres tipos de pequeños productores.

–¿Cuáles?

–El primero comprende entre 40 y 50 mil productores que tienen muy poca tierra, con recursos naturales y económicos muy limitados. Es un sector asociado a la pobreza rural y de autosubsistencia, extendido en lo que es la zona NOA y NEA. El segundo tipo engloba alrededor de 120 mil personas con una dotación de tierra y capital que si bien permite permanecer en la actividad, no sirve para realizar una producción ampliada. Son autosustentables en el sentido que garantizan, muchas veces de manera insuficiente, la alimentación de la familia. Son pequeños productores que han sido abordados desde el Estado a través de múltiples programas con una concepción bancomundialista de asistencia a la pobreza. El tercer sector son empresas familiares que tienen dotación de capital y tecnología, en mejores tierras.

–¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?

–La mayoría de las organizaciones con las que nos reunimos sostienen que los principales problemas son la propiedad de la tierra, el acceso al agua, la producción y la comercialización. Yo agregaría la visibilidad en términos sociales. Son invisibles desde el punto de vista fiscal, impositivo. Su nivel de actividad económica no les permite estar inscriptos en un monotributo que les deje facturar e integrarse al mercado formal. Queremos que puedan pagarlo a niveles muy bajos y que coincida con la cosecha para que así puedan acceder a alguna jubilación mínima.

–¿Qué tienen previsto hacer?

–La subsecretaría viene a cambiar la lógica de intervención estatal en el sector. Vamos a eliminar la multiplicidad de programas, va a haber una única política que contemple todos los instrumentos. Además, se va a eliminar progresivamente todo lo que sea financiamiento internacional. Vamos a trabajar con fondos propios y dejar el crédito internacional para consolidar infraestructura productiva, como caminos, riego y iluminación. Vamos a trabajar con las diferentes organizaciones del sector y con las provincias. Además, va a haber coordinación con otros organismos como el INTA y el INTI. La lógica de intervención se va a realizar en conjunto y vamos a apuntar a generar procesos de desarrollo que trasciendan el vínculo con el productor individual y su predio. Los programas actuales van a desaparecer y van a estar todos integrados en una única política. Tenemos a nuestra disposición 15 millones de pesos para atender proyectos más urgentes, más 40 millones que anunció recientemente la Presidenta.

–¿Con 55 millones alcanza?

–No, eso es lo que conseguimos en poco tiempo para empezar a ejecutar. Globalmente calculamos que para desarrollar una política sustentable harían falta 400 millones de pesos. Eso va a salir del presupuesto de la subsecretaría más todo lo que corresponda a los pequeños productores de los planes ganaderos, bovinos, caprinos, fondos de tabaco y algodón.

Además, vamos a realizar un registro nacional de pequeños agricultores.

–¿Qué relevancia tiene este sector en la producción de alimentos?

–La agricultura familiar es un sector estratégico. El 20 por ciento de los alimentos en el país lo producen los pequeños productores. Pero si abrimos eso los datos son más impresionantes. El 70 por ciento de la producción de fruta y más del 80 por ciento de la hortícola está hecha por los pequeños productores. Son explotaciones intensivas en mano de obra, aportan el 53 por ciento del empleo utilizado por el sector agropecuario.

–¿Cómo piensan actuar sobre las cadenas de comercialización y distribución?

–La apropiación de valor en la cadena de distribución y comercialización muchas veces triplica el esfuerzo de 6 meses de un pequeño productor. Queremos poner en contacto al productor directamente con el consumidor. En el mediano plazo queremos trabajar en el desarrollo de cadenas autónomas independientes, o sea salir a competir. Eso es más complicado y requiere la intervención de un espectro más amplio del Estado. Es un modelo de alta intervención que choca con muchos intereses económicos. También juega en contra la extensión territorial del país. Pero este tipo de cadenas existe, por ejemplo el Movimiento Agrario Misionero que vende directamente productos de la cooperativa en las bocas de expendio.

–En Santiago del Estero, más del 75 por ciento de los productores no puede demostrar que son ocupantes legales por problemas en los títulos de propiedad, ¿qué piensan hacer?

–Algunas familias ocupan tierras hace más de 200 años que se pasan de generación en generación y nadie se las discutía. Ahora aparecen capitales que quieren producir soja con títulos fraudulentos y las terminan desplazando. Estamos impulsando una política muy fuerte para acordar con las provincias procesos de regularización de las tierras. Pero hace falta voluntad política de las provincias para resolverlo.

–¿Cómo afecta a los pequeños productores el proceso de concentración de la tierra?

–En los últimos meses se habló mucho de los pequeños productores que sufrieron el proceso de concentración, cuando en realidad lo que se estaba discutiendo era la renta agraria, que tiene como única lógica la maximización de la ganancia. Y en esa discusión se olvidaron de la problemática de los pequeños productores que explotan el 13,5 por ciento de la superficie cultivable del país. En 1995 los pequeños productores eran 460 mil, hoy esa población se redujo a la mitad. El boom de la soja desplazó a muchos productores en la zona del Chaco o en la Pampa Húmeda. Todo eso atenta contra la producción nacional de alimentos y contra la dignidad de la gente que termina trabajando de cualquier cosa en una ciudad o un pueblo.