La ley de movilidad previsional, que se presumía iba a ser sancionada por amplio consenso de los distintos bloques legislativos, terminó empantanada en el Senado en torno de la discusión por la fórmula de ajuste de los haberes. Si dicha fórmula contempla o no la voluntad consensuada de otorgar “una mejora sostenida y regular de las jubilaciones y pensiones, más allá de quién gobierne” parece ser la cuestión principal. Claudio Lozano, diputado de Proyecto Sur, planteó la crítica más severa, dudando incluso de las intenciones del Gobierno al proponer el proyecto de ley. “Sólo busca mantener la caja de la Anses (organismo administrador de los fondos de la Seguridad Social) para el pago de la deuda”, disparó. Blanca Osuna, senadora entrerriana del Frente para la Victoria, respondió que “dudar de las intenciones de un gobierno que generó una política de recuperación del ingreso de los jubilados como la de los últimos seis años, con aumentos progresivos hasta hoy, y creo que falta el último, me genera verdadero estupor”. En una posición diferente, Hugo Yasky, titular de la CTA, expuso este último miércoles frente a las comisiones del Senado su cuestionamiento a que el ajuste de los haberes jubilatorios se vincule con una fórmula compleja de variables, en vez de estar directamente ligado a los salarios. “Es un dato objetivo y seguro, y es lo más lógico y lo más claro que la jubilación quede vinculada al salario, entendiendo a aquélla como una extensión del último”, sostuvo.

El proyecto de movilidad en cuestión, con media sanción de Diputados, dispone que el ajuste se hará semestralmente ponderando, en un “50 y 50”, la variación del total de los recursos tributarios (de los últimos seis meses) asignados a la Seguridad Social en promedio por beneficio, con la variación de un índice general de salarios, el que publica el Indec o el que confecciona la Secretaría de Seguridad Social, Ripte, el que resulte mayor de los dos en cada período.

Pero el resultado de ese cálculo no es igual al aumento definitivo. Porque la suba tiene un techo: el porcentaje no podrá superar el del aumento de los recursos totales destinados a la Anses promedio por beneficio (toma los últimos doce meses), más algunas décimas de punto (tres décimas cada 10 por ciento de aumento).

La fórmula tiene tal grado de complejidad –mucho más cuando se le agregan hipótesis de variaciones de cada una de las variables– que ni legisladores ni técnicos se ponen de acuerdo. “Nosotros (dijo el titular de la CTA el miércoles en el Senado) tenemos tres equipos de economistas: el del IDEP (Lozano), el de Flacso (Basualdo) y el de Cenda (Kicillof), tres equipos que tienen un nivel académico, por los menos, respetable, y sin embargo los tres están manejando cifras distintas” de aumentos para el próximo año.

Lozano defendió abiertamente sus diferencias de cálculo. Y disparó sospechas sobre el gobierno nacional, aunque en el “mano a mano” con legisladores del oficialismo reconoce que el proyecto de movilidad “es un avance”. Pero se frustra en el anexo que propone la fórmula, según cree.

Lozano explica que en marzo de 2009 deberá practicarse el primer ajuste de haberes por movilidad. Y señala que la fórmula que fija el techo le pondría un tope muy bajo al aumento: menor al 8 por ciento. “Tomando en cuenta los datos publicados más lo proyectado en la última ampliación de Presupuesto que enviará al Congreso el Ejecutivo, los recursos fiscales del sistema previsional crecerían este año 19 por ciento respecto del año pasado. La información sobre el total de beneficiarios muestra un aumento del 10 por ciento en relación con el año pasado. Si se hace el cociente de recursos fiscales por beneficiario para cada año, y se compara 2008 con 2007, da un aumento del 7,5 por ciento. Multiplicando ese incremento por 1,03 (como dice la fórmula del proyecto con media sanción), no se llega al 8 por ciento”, advierte.

Y no es todo: el propio Lozano estima que el ajuste por movilidad de la segunda mitad del año (septiembre de 2009) se ubicaría en el 6 por ciento, proyectando un comportamiento similar en la recaudación tributaria y en el número de beneficiarios hasta junio próximo. Un valor bien inferior al que resultaría de aplicar alguno de los coeficientes salariales, o un combinado entre salarios, recursos fiscales y recaudación previsional.

Desde las bancas oficialistas de la Cámara baja se sostiene que plantear hipótesis de crecimiento del número de beneficiarios del 8 al 10 por ciento anual es demasiado audaz, y que el número esperado es inferior al 4 por ciento. Eso subiría sensiblemente el coeficiente resultante para el ajuste de haberes jubilatorios, aseguran (¿15 por ciento semestral?).

La senadora Osuna, en cambio, no acepta “reducir el debate a una fórmula”. “Me parece que es de una cuota de irresponsabilidad muy grande colgarse de la fórmula para tirarse contra una cuestión tan trascendental. El reaseguro mayor para los jubilados es la progresiva y regular mejora que han recibido de este gobierno en todos estos años, es el respaldo político de la acción desarrollada por el Estado. La propia presidenta de la Nación fue la que aceptó incorporar el índice Ripte como referencia de los aumentos salariales, y el mismo Hugo Yasky dijo algo interesante: admitía que tres equipos técnicos ligados a la Central no se ponían de acuerdo, pero que reconocía que este planteo de la movilidad era un avance. Otros, en cambio, con sus críticas se dan la mano con los sectores que recortaron las jubilaciones cuando fueron gobierno. Seguramente éste no sea el sistema de seguridad social que todos soñamos, pero indudablemente está en ese camino”, se explayó.

El debate en el Senado no está agotado. Las comisiones se dieron una semana más para escuchar opiniones y recién llevarán el proyecto al recinto el miércoles 24. “Yo respaldo el proyecto tal cual está, aunque no quito que de acá a fin de año pueda haber mejoras en las jubilaciones (subiendo la base para los ajustes del año próximo); confió y creo que va a ser así”, se manifestó Osuna ante este diario. Lozano buscará insistir, a través de sus aliados (ARI disidente, Tierra del Fuego), en cambiar la fórmula para garantizar un piso más alto, en vez de un techo tan bajo, a los aumentos. La CTA, en tanto, fijó posición en favor de una vinculación directa entre ajustes de haberes con aumentos de salarios, instituyendo incluso la jubilación mínima vital y móvil.

La alternativa es que los senadores lleguen al voto del 24 con un poco más de claridad sobre la cuestión (y puedan expresarla), o simplemente sean alineados según lealtades para sumar votos a favor o en contra. Lo que se ve, una vez más, es que el camino hacia un sistema de mayor justicia social para los jubilados sigue lleno de obstáculos.