Grandes empresas concursadas o con un apabullante nivel de endeudamiento, como varias del Exxel Group, Gatic, Alpargatas, el Correo Argentino, Soldati o el grupo Fortabat, entre otras tantas firmas de renombre, ruegan por la inmediata aprobación del proyecto que modifica la Ley de Quiebras. En la tribuna de enfrente están los banqueros, a los que esa iniciativa les depararía más de un problema: no podrían ejecutar garantías, estarían obligados a capitalizar acreencias sin conseguir el control de la empresa concursada y hasta se verían forzados a otorgarles nuevos préstamos. Esta división se espejó en el oficialismo parlamentario, donde la propuesta girada por Economía no pudo avanzar un centímetro. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional se sumaron a la polémica, representando su habitual papel de gestor del sistema financiero.
La semana pasada la propuesta no pudo llegar al recinto debido a las agrias disidencias internas que ocasionó en la bancada del PJ. Ayer por la mañana, el bloque oficialista de Diputados reprodujo esa discusión y no pudo alcanzarse consenso en torno a una propuesta que los dirigentes de la Unión Industrial Argentina fueron a reclamar al Congreso días pasados. Dirigentes de la Asociación de Bancos de la Argentina, por su parte, hicieron el lobby contrario sobre los diputados de la Comisión de Finanzas, que analizan la reforma de la Carta Orgánica del Central y, al mismo tiempo, las modificaciones al régimen de quiebras.
El debate interno del oficialismo fue desatado por la intervención de algunos legisladores que responden al justicialista Humberto Roggero , que fueron a la reunión de bancada animados por un borrador que advertía el riesgo de facilitar la licuación de los pasivos de grandes empresas, una posibilidad que mantiene más que preocupados a los banqueros.
El Ejecutivo fogoneó el proyecto con el argumento opuesto, de amparar de la avidez de los bancos a muchas desprotegidas pymes o pequeños agricultores, que tuvieron que endeudarse en condiciones críticas, aceptando tasas usurarias, y ahora estarían a punto de perderlo todo.
El proyecto declara la emergencia económica y social por 180 días, lapso en el que se suspenden todas las ejecuciones prendarias e hipotecarias en concurso preventivo. Al mismo tiempo, se ampara a los garantes, que quedarían involucrados en el nuevo acuerdo y estarían eximidos de responder por el monto original de las deudas.
La propuesta introduce una modificación sustancial en el régimen actual, ya que le impide a un acreedor tomar el control de una empresa concursada o de su subsidiaria, aunque, al mismo tiempo, puede se obligado a transformarse en socio. Justamente, uno de los puntos más polémicos es que se crea la figura de la capitalización compulsiva de las acreencias: ésta puede ser acordada o directamente impuesta por el juez.
Para esa capitalización, el proyecto prevé una fórmula de valuación del capital de las empresas deudoras que amenaza inflarlo artificialmente. Como resultado, el acreedor (presuntamente un banco) siempre sería socio minoritario, por abultadas que sean sus acreencias, amén de que jamás accedería al control. Después del operativo, “la deudora bien podría vender su empresa saneada”, cerrando un seductor negocio, advertía el análisis técnico que ayer manejaba Roggero.
Según ese documento oficialista, que recoge las observaciones realizadas por los banqueros, las reformas al régimen de quiebras son una invitación a que empresas fuertemente endeudadas busquen el amparo de una convocatoria. Entre otras prerrogativas, la proyectada ley bloquea propuestas de los acreedores y reserva cualquier acuerdo a una diseñada por los deudores y sin límite en la quita (la ley actual impide quitas mayores al 40 por ciento de la deuda).
La resistencia al proyecto de Economía dejó a una parte del bloque oficialista curiosamente hermanada con los técnicos fondomonetaristas, quienes advirtieron a Economía sobre los riesgos de “castigar aún más al sistema bancario”.
Solo una constatación unía a las dos partes enfrentadas por la iniciativa impulsada por la UIA: ya nadie parece recordar los fundamentos de aquella iniciativa destinada a amparar a los campesinos embretados entre la inundación y las deudas bancarias, que figuraban como los beneficiarios directos en la redacción original del proyecto.