La disputa política es un potente factor de vitalidad en las sociedades democráticas que permite en ocasiones avanzar en las condiciones de vida de las mayorías, aunque a veces su desenlace también puede provocar retrocesos. En esos imprevistos escenarios, la exteriorización de conflictos incomoda al poder, que detrás de las ideas del consenso y tolerancia busca domar las pujas inherentes a sectores en permanente tensión. La hegemonía política y económica que también se expresa en la cultura va definiendo ese proceso, que hoy tiene un panorama difuso porque quien la ejerce se presenta desplazado y la asigna en forma engañosa al otro, en este caso a un gobierno acorralado que busca recuperar iniciativa con una serie de medidas escasamente integradas y controvertidas, como las vinculadas al frente de la deuda externa. La puja con el sector del campo privilegiado es la expresión más visible de ese complejo contexto, que se vuelve confuso por la insistente prédica de los protagonistas que desinforman. Después de cuatro meses de una batalla política durísima, los ganadores ofrecen la peculiar definición de que están peor que antes de los Derechos de Exportación móviles, situación por la que pelearon con éxito hasta alcanzarla. Panorama aún más extravagante porque con la Resolución 125 la ecuación económico-financiera sería hoy más conveniente para los productores ante un horizonte de precios de los commodities menos vigoroso. Con las cotizaciones de cierre en el mercado local del miércoles pasado, el maíz (208 dólares la tonelada) y el trigo (275 dólares) registraron una retención de 25 y 28 por ciento, respectivamente, mientras que con el esquema móvil estarían teniendo una de 23,4 y 23,3 por ciento para cada uno de esos cultivos. Para la soja (452 dólares la tonelada) estarían pagando apenas casi cinco puntos más y con el girasol (520 dólares) poco más de tres. La cuenta es aún más paradójica porque con las reducciones de las alícuotas y compensaciones por fletes para la soja y el girasol negociadas en esas turbulentas jornadas las retenciones efectivas serían todavía bastante más bajas para los productores de menor escala. Incluso ahora se especula con un retroceso de los precios de las materias primas por la crisis internacional, que implicaría menores retenciones si estuvieran vigentes las móviles. Este es un ejemplo de cómo vitales disputas políticas a veces no se traducen en beneficios para las mayorías, más allá de discursos bipolares en ese sentido de dirigentes de ese sector y de grupos políticos ubicados en el difuso espacio denominado progresismo y en la izquierda.

El argumento del aumento de los costos, la paridad cambiaria y la sequía expresado por representantes del campo privilegiado para sostener la amenaza de volver a la protesta colabora en aportar otro factor más al desconcierto discursivo. El reclamo de un dólar de 3,50 a 3,80 de Eduardo Buzzi, que implica una activa intervención del Estado cuando se ha censurado su participación para la redistribución de la renta agropecuaria, refleja ese escenario de confusión. Más aún cuando ese salto de la paridad cambiaria implicaría en un momento de desaceleración en los precios reavivar el proceso inflacionario, del mismo modo que lo hicieron los militantes cortes de rutas de la alianza FAA-Sociedad Rural-CRA que desabastecieron los principales centros urbanos del país. Ese eventual shock de alza de precios afectaría el presupuesto de los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que genera no pocas contradicciones en el espíritu de la Constituyente Social que impulsa la CTA con la participación de la combativa Federación Agraria.

En ese contexto, el debate sobre las intenciones del Gobierno con las retenciones móviles, o si antes de ese proyecto alentó la sojización para recaudar o si ahora no hace nada para detenerla son cuestiones relevantes para evaluar la gestión de la pobre política agropecuaria de la administración kirchnerista. Serán parte de interpretaciones y discursos en el marco de la disputa político-electoral. Pero lo que ha quedado en evidencia con la crisis por la Resolución 125 es que la derogación de esa norma sólo ha sido funcional a los grandes jugadores de la trama multinacional sojera, con la singularidad de contar con el apoyo entusiasta de los pequeños productores.

Un camino para tratar de entender esta extraña situación se encuentra en develar la lógica de la globalización productiva multinacional. Esa dinámica está muy bien explicada en el documental Es la economía ¿idiota o cómplice? realizado por Emilio Cartoy Díaz (Canal 7 lo difundirá hoy a las 18), concentrado en el funcionamiento de las pasteras Botnia (Uruguay), Arauco (Chile), Alto Paraná (Argentina) y Aracruz (Brasil). La forma de operar de multinacionales pasteras tiene una lógica idéntica en otros sectores productivos extractivos de recursos naturales, como en el agrario con Monsanto, Dow Chemical, Syngenta, Bayer, Cargill.

En estas semanas de explosión de la que se presentaba como indestructible globalización financiera resulta oportuno precisar las características principales del funcionamiento de la que hoy también se considera invulnerable globalización productiva multinacional vinculada con la explotación de recursos naturales no renovables:

- Deslocalización productiva, del centro a la periferia para la extracción de recursos naturales con el objetivo de satisfacer un superconsumo suntuario de los países desarrollados.

- Aprovechamiento de bajos salarios y mayor flexibilidad laboral.

- Menores costos laborales, de servicios y energéticos.

- Además de la explotación de recursos naturales, se suma el aprovechamiento de puras y abundantes energías naturales: aire y agua.

- Mayor flexibilidad en las normas medioambientales.

- Facilidad para el ingreso y egreso de capitales, lo que les permite remitir sin dificultad utilidades a sus casas matrices.

- Aplicación de tecnología propia sin encadenamiento a proveedores locales.

- Aprovechamiento de la apertura comercial.

- Aplicación de economías de escala para mantener una elevada tasa de ganancia.

- Extracción y posterior exportación de materias primas con escasa incorporación de valor agregado, tarea que se realiza en los países de origen.

Los costos para los receptores de esas inversiones multinacionales vinculadas con recursos naturales se encuentran, entre otros, en la tendencia al monocultivo, forestal en el caso uruguayo y que se vislumbra sojero en Argentina y Paraguay. Ese proceso deriva en la pérdida de diversidad de cultivos y, por lo tanto, en el riesgo de destrozar la soberanía alimentaria de esos pueblos. Los eucaliptos para su transformación en pasta celulosa, como así también la soja, desplazan otros cultivos. El avance de esas rentables producciones expulsa de sus campos, muchas veces con violencia física, a pequeños campesinos y pueblos originarios, generando concentración de la tierra y/o de producción a través de pools o fideicomisos de inversores.

La clave con las pasteras, como con el agro, el petróleo o la minería es cómo se define y legitima la apropiación social de la renta de la tierra, de los recursos energéticos y de las riquezas mineras a través del Estado. “El terrorismo ideológico de la derecha”, como definió uno de los entrevistados en el documental de Cartoy Díaz, confunde el centro de la disputa. Los uruguayos padecen la desinformación con las pasteras, mientras que aquí ese cono del silencio se articula con la trama multinacional sojera. Esta última es más perversa que la multinacional pastera porque ésta instala una inmensa planta que es visible a la vera del río, en cambio la multinacional agraria es “invisible” puesto que sus agentes difusores son los propios productores agropecuarios. En la lucha contra la contaminación, el blanco de la protesta es Botnia. En cambio, existe impunidad con ese sensible tema para la salud de la población cercana a los centros de producción con el paquete tecnológico de Monsanto & otras multi de semillas transgénicas-siembra directa-agrotóxicos gflifosato para la soja. Ambas producciones tienen, entre otros, efectos similares en riesgos de contaminación, degradación de suelos y desplazamientos de campesinos. Cartoy Díaz pregunta: ¿Idiota o cómplice? La segunda alternativa.

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