A instancias del accionista español, la asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó ayer el balance correspondiente al 2007 y pasó a cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre para resolver qué hace con su patrimonio neto negativo. La pausa promovida por Marsans abortó una maniobra en algún momento pensada por el Estado, que como socio minoritario tiene poco peso relativo en ese órgano deliberativo: capitalizar los millonarios aportes hechos en este lapso y avanzar así en la reestatización, eludiendo la discusión sobre el precio y hasta el aval del Congreso que impone la ley de recompra de acciones. A última hora de ayer también se supo que la empresa y el Gobierno acordaron de hecho prorrogar la vigencia del acta-acuerdo hasta fin de año (ver nota aparte).

Al vacío legal de esta situación se le añade un cuadro críptico respecto de los números del grupo en vías de reestatización a través de la compra de acciones. Los españoles ayer elevaron a Planificación el trabajo del Crédit Suisse según el cual la privatizada tendría un valor superior a los 250 millones de dólares, valuada por el flujo de fondos, es decir, considerando el negocio a futuro y no el licuado patrimonio actual. El Trabajo del Tribunal de Tasación arroja un cuadro diferente, pero por la escasez de información disponible tampoco parece un trabajo muy sustentable. Tan así es que los profesionales de la Universidad de Buenos Aires convocados para el auxilio técnico no quisieron refrendar la labor de aquel organismo oficial.

Desde el punto de vista estrictamente técnico Aerolíneas podría quebrar o, si el Gobierno se aviniera a ello, hasta desmembrarse como grupo, tal como insinuaron en algún momento los españoles, al esbozar su pretensión de retener Austral, en la que el Estado no tiene ninguna participación accionaria y que hoy concentra el grueso de las frecuencias de cabotaje. Asimismo, su balance –aprobado ayer mismo con la abstención de los trabajadores– también arrojó un millonario rojo operativo. El río está dramáticamente revuelto pero no está claro cuál es el pescador que podría obtener alguna ganancia de estas aguas tan inquietas.

Rodolfo Casali, representante del Programa de Propiedad Participada, y los directores por el Estado, Julio Alak y Vilma Castillo, se negaron a aprobar los estados contables del 2007, que Price Waterhouse habría refrendado con un dictamen a último momento. Según el gremialista, la negativa estuvo fundada en la sospecha de que el balance estaba “dibujado”, por sobrevaluación de activos y la subestimación de pasivos. Aun así, hay un millonario rojo operativo y un patrimonio neto negativo. Entre Aerolíneas y Austral, éste llegaría a 1002 millones de pesos.

Más allá de esos reparos, la Justicia Federal ayer ordenó al Estado abstenerse de aprobar cualquier balance hasta tanto éstos no tengan el aval de la AGN, a la que la ley de reestatización da un papel protagónico. La orden judicial respondió a una presentación que hicieron legisladores de la Coalición Cívica alertados sobre la paupérrima situación patrimonial de las empresas a reestatizar.

El balance de corte a julio del 2008 no llegó a tratarse por la pausa impuesta por el socio mayoritario. Esto habría permitido desde lo formal tener un cuadro completo de la empresa que el Estado pretende recomprar y que hasta la medianoche de ayer estuvo bajo el comando de un comité mixto que lideraba Alak. Con este Gobierno, la caja pública habría desembolsado el equivalente a casi 300 millones de dólares para cubrir los gastos operativos más elementales, esfuerzo que ahora le permitiría ser dueño mayoritario de la empresa por la vía de la capitalización.

Existe un vacío legal que sólo los acuerdos políticos o pactos de caballeros consiguen suplir parcialmente. Hoy existe una ley que habilita la recompra de Aerolíneas y Austral a través del pago de un precio que debe fijar el Tribunal de Tasación con la anuencia parlamentaria.