Victorio Gualtieri recibió el 5 de setiembre último cinco cheques de la gobernación de la provincia de Buenos Aires por un total de 336 mil pesos y 82 mil patacones. Fueron pagos por trabajos realizados por la constructora del empresario favorito de Eduardo Duhalde para el saneamiento de la cuenca hídrica del Río Reconquista. La obra fue adjudicada en diciembre de 1996, cuando el actual presidente conducía la provincia más grande del país. De por sí, ese dato llamó la atención de la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense que investiga supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco Provincia durante la última década. Pero lo más sorprendente es que Gualtieri siga recibiendo dinero del Gobierno cuando le debe al Banco Provincia 117 millones de pesos, por créditos considerados incobrables hasta la fecha.
“El Estado podría haber hecho una acción de retención (de esos pagos) para ir cubriendo las deudas que Gualtieri tiene con el banco de la provincia”, consideró el diputado bonaerense Alejandro Mosquera, vicepresidente de la comisión investigadora. Gualtieri estaba citado ayer a declarar a la Legislatura, pero no concurrió. El empresario no tenía obligación de presentarse, pero hubiera sido interesante escuchar sus explicaciones sobre cómo consiguió créditos por cifras millonarias, por qué dejó de devolverlos y cómo hace para seguir obteniendo dinero del mismo estado al que le debe montos enormes.
La sospecha de los investigadores es que Gualtieri recibe un tratamiento especial por sus vinculaciones políticas. Es más, se cree que su actividad empresaria surgió gracias a Duhalde y su entorno. En 1994, la gobernación le adjudicó una obra por 26 millones de dólares, a pesar de que el capital inicial de su compañía era de 12 mil dólares. Ese dato, entre otros, llevó a que la comisión investigadora decidiera enviarle un cuestionario a Duhalde para que aporte información. Página/12 pudo saber que una de las consultas dice, textualmente, que “explique las razones por las cuales el gobierno a su cargo permitió que importantes obras publicas fueran ejecutadas por empresas que carecían de suficiente solvencia económica”.
Otro cuestionario será remitido al actual canciller y ex gobernador Carlos Ruckauf. Así lo resolvieron los representantes del ARI, el Frente Grande, el radicalismo y el Paufe (de Luis Patti) en la comisión, mientras que los delegados justicialistas votaron en contra de pedir explicaciones a Duhalde y Ruckauf. En La Plata trascendió que en el duhaldismo existe preocupación por cómo pueda evolucionar la investigación de la Legislatura, sobre todo después de que el actual presidente deje la Casa Rosada.
A fines de este mes se conocerá el informe definitivo de la comisión, que será elevado al gobernador Felipe Solá, a ambas cámaras legislativas y al procurador de la Suprema Corte, Matías de la Cruz. Este último, que es el jefe de los fiscales, deberá determinar qué acciones judiciales se inician a partir del documento. Otros temas que los legisladores le preguntarán a Duhalde se refieren al nivel de información periódica que tenía del Banco Provincia, dado que durante su gestión existieron varias auditorías internas y externas que denunciaban irregularidades en la concesión de créditos, y cuál era su relación con Gualtieri.
La investigación surgió luego de que la Legislatura aprobó el traspaso desde el banco al estado provincial de una cartera de créditos incobrablespor unos 2400 millones de pesos. Junto con esa operación se constituyó un Fondo Fiduciario encargado de recuperar la deuda que tenían los tomadores de préstamos con el banco. Ruckauf designó en un primer momento al frente de ese cuerpo a Juan Di Marco. Este funcionario provenía del sector privado. Más exactamente, había sido ejecutivo de Aguas de la Costa. A Ruckauf no le llamó la atención que Aguas de la Costa sea una de las empresas de Gualtieri. Es decir que puso a recobrar el dinero perdido a un subordinado del principal deudor. Solá lo removió del puesto, pero mantuvo los contratos por los que Gualtieri sigue cobrando del mismo Estado al que le debe.