El debate sobre la estatización de las AFJP generó diferencias en el bloque de diputados radicales. La postura que la UCR debe asumir frente a la iniciativa del Gobierno disparó la disputa entre sus integrantes. Ayer decidieron redactar un dictamen de minoría que rechazará el proyecto oficial y tendrá como premisa central “la preservación de los derechos de los aportantes” al sistema privado.

Algunos integrantes de la bancada radical habían propuesto presentar un proyecto propio, pero esa iniciativa no contaba con el aval de todos los legisladores ni de la conducción del propio bloque.

El martes por la noche, el bloque radical empezó a discutir la estrategia frente a la estatización del sistema jubilatorio, pero las diferencias hicieron fracasar la posibilidad de sellar un criterio único. Algunos llegaron a la reunión con un proyecto de 17 páginas, que había redactado y corregido el ex diputado y abogado previsional Eduardo Santín. Otros consideraron “poco serio” salir al cruce del proyecto oficial con uno propio, mientras se acusaba al oficialismo de que su iniciativa “tiene graves falencias porque fue redactada de apuro” y se reclamaba más tiempo para el debate.

El jefe del bloque, el cordobés Oscar Aguad, se mostraba partidario de alcanzar un acuerdo “estratégico” con la Coalición Cívica y el macrismo. Pero se encontró con la resistencia de quienes reclamaban mantener una postura “propia” ligada a su reclamo partidario “histórico” a favor del sistema de reparto. Las diferencias no se saldaron.

“Alguien nos madrugó”, reconoció una fuente del bloque luego de que trascendiera en los medios parte del proyecto como la postura del radicalismo. “Creyeron que con esto en la calle instalarían la postura y sería más difícil retroceder” para quienes no la comparten. Varios diputados radicales no ocultaban su malhumor y Aguad esquivó cualquier consulta sobre el tema. Algunos, por lo bajo, adjudicaban la “maniobra” a la interna jujeña. Ni Miguel Giubergia ni Alejandro Nieva compartían la postura de su coprovinciano y presidente de la UCR, Gerardo Morales. Ellos habrían sido quienes, junto al entrerriano Gustavo Cusinato, fogonearon el proyecto de Santín en la reunión. Otros adjudicaban la “conspiración” a diferentes integrantes de la bancada sin dar mayores precisiones. La mayoría de los diputados, sin embargo, trataba de bajarle “dramatismo” al tema.

Lo cierto es que ayer volvieron a reunirse y en medio de reproches mutuos acordaron salir públicamente con otra alternativa: un dictamen propio sin demasiadas especificaciones, más allá del rechazo al proyecto oficial y la consigna de “preservar los derechos de los aportantes”. Una decisión que apunta a “no quedar pegado” ni al resto de la oposición ni de las AFJP. Sin embargo, también abortaron la idea de hacer una conferencia de prensa para presentar su postura y así tapar las diferencias.

En tanto, la diputada del SI, María América González, y el economista de la CTA, Claudio Lozano, se entrevistaron ayer por la noche con el titular de la Anses, Amado Boudou. Le llevaron al funcionario una lista de “sugerencias” para modificar el proyecto y acompañar la iniciativa oficial. Plantearon la necesidad de instrumentar un control tripartito –trabajadores en actividad y jubilados, empresarios y el Estado– que defina previamente la autorización para las inversiones que decida la Anses con los recursos que recuperará de las AFJP. Además de otros límites para la utilización de esos recursos y la independencia del presupuesto de los fondos destinados a la seguridad social. Boudou “no comprometió nada”, pero sabe que si el Gobierno quiere sumar aliados al proyecto deberá hacer algunas concesiones.