El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer el procesamiento de dos secretarios de Estado durante el gobierno de la Alianza y las citaciones a indagatorias de cuatro presidentes de compañías de telefonía celular por no haber cumplido con la aplicación del Fondo Fiduciario para el Servicio Universal, que debía ser sustentado por las propias empresas y no por los usuarios, tal como ocurrió en la práctica. Los funcionarios involucrados son el ex secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar y el ex secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor Carlos Winograd. También el fiscal pidió el procesamiento de los presidentes de Personal, Unifón (ahora Movistar), CTI y Nextel entre 1999 y 2001.

En esta causa, Aguiar y Winograd son investigados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber obligado a las empresas a que cumplieran con los aportes obligatorios para el SU. Los ex funcionarios ya habían sido sobreseídos por el juez Norberto Oyarbide, pero el fiscal apeló y la Cámara Federal ordenó avanzar con las investigaciones.

El Servicio Universal quedó plasmado en el decreto que desregularizó la telefonía y debía ser sustentado por las empresas de telefonía celular a partir de sus propios ingresos. Sin embargo, las compañías decidieron cobrárselo a los usuarios, por lo que llegaron a embolsar nada menos que 350 millones de pesos. Entre 2005 y 2006, por decisión del Poder Ejecutivo, las empresas fueron intimadas a devolver esos fondos a los usuarios. Así y todo, el secretario de Comunicaciones de Néstor Kirchner y actual titular de la Secretaria de Comercio, Guillermo Moreno, tampoco hizo nada para cumplír con el SU, al igual que el actual secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas.