El fallo de la Corte Suprema que habilita a un trabajador a ser delegado aunque no estuviera agremiado ha provocado diversas interpretaciones sobre su impacto en el mundo sindical. La corriente conservadora lo ha saludado con júbilo porque supone que es el comienzo del fin del poder de la CGT peronista, a la que abominan del mismo modo que a cualquier organización de trabajadores. Por el lado de la vertiente del progresismo también lo han festejado, porque lo consideran un paso fundamental en la democratización de las relaciones sindicales y un avance en el reconocimiento de la personería gremial de la CTA. Esta extraña coincidencia sobre ese fallo de la Corte, con motivos de origen radicalmente opuestos, refleja la complejidad que ha adquirido el mercado laboral y, en consecuencia, la organización de los trabajadores. El proceso de transformación de las relaciones sindicales se vincula con la drástica modificación de la realidad social y productiva. Hubo cambios por alteraciones en las estructuras de producción, por la deslocalización industrial subordinada a la estrategia global de multinacionales, por el incremento de las corrientes migratorias y por la expansión de áreas económicas que abandonaron tradicionales relaciones laborales. Esa dinámica general tuvo su base de expansión en la Argentina con un dramático escenario dejado por la dictadura militar, cuyo objetivo estratégico fue el de destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país, sendero que persistió durante los gobiernos constitucionales posteriores. Así, de una clase bastante homogénea ha devenido otra surcada por profundas disparidades que dieron lugar a las categorías de trabajadores en blanco, en negro, tercerizados, desocupados, subocupados, pobres e indigentes, que en muchas ocasiones se superponen entre sí. Esa heterogeneidad se refleja en la existencia de bajos niveles de sindicalización y de representación directa con delegados de base. De acuerdo con los últimos datos oficiales, la tasa de sindicalización alcanza el 37 por ciento, aunque si se incluye el total de asalariados (registrados y no registrados) ese indicador desciende al 20 por ciento. Y sólo el 12 por ciento de las empresas tiene por lo menos un delegado. Es decir que la sindicalización es muy reducida y las comisiones internas son mínimas en el universo laboral. Las razones de esa débil representación de los intereses de los trabajadores tienen su origen en la represión a la organización en las propias empresas, al comportamiento cómplice de las burocracias sindicales y a los cambios de la estructura productiva. Pero no sería completo el análisis si no se agrega que el movimiento sindical argentino en su conjunto enfrenta desde hace muchos años una profunda crisis de legitimidad y también de identidad. Hasta en áreas económicas con predominio de corrientes progresistas o de izquierda la tasa de sindicalización es muy baja, como también la identificación de los trabajadores con sus conducciones, ya sean de base o de la estructura tradicional del gremio.

El análisis binario la CGT es el malo de la película y la CTA, la Cenicienta obtura la posibilidad de abordar la situación del mercado laboral y reconocer las particularidades del modelo sindical argentino. Un aspecto es la democratización de las organizaciones gremiales, que ofrece en primera instancia un mejor contexto para la defensa de los intereses de los trabajadores, y otra cuestión es debilitar la unidad del movimiento obrero, que es la aspiración de las fuerzas reaccionarias que saludaron ese fallo de la Corte como un paso en esa dirección. Para comprender esa compleja realidad se debe saltear la opción burocracia sindical-delegados de base, para definir que “los sindicatos son organizaciones en lucha, no son un club social”, como explica Enrique Arias Gibert en La reconstrucción del contrapoder sindical. Un paso necesario para la democratización de las relaciones sociales (Isepci). El profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (FCE-UBA) señala que “el argumento que se le opone normalmente es que, precisamente como consecuencia de la burocratización, los sindicatos han dejado de cumplir su rol y el poder social que emerge de la potencia sindical es apropiado para fines privados de los dirigentes”. Pero, admitiendo esa evidente realidad, apunta que “lo que se desprende del contraargumento no es la necesidad de la pluralidad sindical sino la de la democratización efectiva de las organizaciones sindicales”. Arias Gibert hace la provocativa pregunta retórica: “¿Por qué razón la dirigencia de un sindicato alternativo va a ser menos burocrática que la del sindicato único?”. Por ese motivo destaca la relevancia de las formas democráticas de las organizaciones gremiales, puntualizando que “la fuerza histórica del movimiento obrero argentino no es la consecuencia de la ‘unidad monolítica’ sino de una actividad permanente en la base sindical que afirmaba en la práctica su conciencia de clase”, concluyendo que “la crisis del modelo es la crisis de legitimidad consecuente con la pérdida del protagonismo de la militancia de base”. Y esto no es sólo por la existencia de burocracias, aunque éstas tratan de neutralizarla.

En ese marco de tensión, en la década del noventa se ha consolidado el “sindicalismo empresario”, que como ilustra el economista Eduardo Basualdo ha sido “la fase superior de la burocracia sindical”. En el documento La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales (Informe 2008 Cels), Basualdo precisa que los trabajadores no han recuperado, a pesar del acelerado crecimiento económico, la participación en el ingreso que tenían, no ya en las postrimerías de la segunda etapa de la sustitución de importaciones, sino la que alcanzaban en 2001. “Ante esta situación, es inevitable preguntarse: ¿cuáles son los motivos por los cuales los trabajadores no se declaran en estado de asamblea para definir una estrategia y un plan de acción que le permita al conjunto de los sectores populares recuperar la participación en el ingreso que alcanzaban en otros tiempos?” Basualdo contesta: “Sin duda, que los trabajadores hayan sido despojados de conquistas históricas durante las últimas décadas produjo un gran impacto, pero no parece justificar su pasividad, sino más bien señalar los desafíos que enfrentan en estos tiempos”. Y concluye que “el problema parece estar centrado en la propia conformación de la clase trabajadora, que también fue redefinida negativamente y ha sido decisiva para diluir su identidad”.

En esa tarea de reconstituirse y restablecer su identidad, la inserción de órganos de representación directa en los lugares de trabajo constituye un elemento básico en la conformación estructural de la organización del movimiento obrero. En esa crisis, los sindicatos saben que no son lo que eran ayer, pero sin terminar de definir cómo serán mañana. En ese sentido, el Observatorio del Derecho Social-CTA reconoce en la investigación Dilemas y conflictos en torno a la representación directa en el lugar de trabajo que “la presencia en instancia de representación directa de los trabajadores en los centros de trabajo es muy baja en términos históricos” y que “esta debilidad estructural se extiende horizontalmente a todos los sectores de actividad y a todo tipo de empresas, y verticalmente dentro de las organizaciones sindicales”. El fallo de la Corte mejora las condiciones para recuperar esa fortaleza histórica del movimiento obrero, pero resulta necesario eludir el riesgo de la fragmentación sindical que termina siendo funcional al poder en un contexto donde no existe una crisis particular del modelo del sindicato único, sino una general del movimiento sindical.

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