Desde Washington

La cumbre extraordinaria del Grupo de los 20 terminó ayer con la presentación de un “plan de acción inmediata” que intenta rescatar del naufragio a la economía mundial. Más que medidas específicas, los países acordaron una serie de lineamientos que dan marco a transformaciones futuras. Algunas de ellas a primera vista lucen resonantes. “Se tocaron temas que antes eran tabú”, según la calificación de la presidenta argentina, Cristina Fernández. La más trascendente es la promesa de reformular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar mayor espacio en su conducción y más poder de voto a las naciones en vías de desarrollo. “Estamos resueltos a hacer avanzar la reforma de las instituciones de Bretton Woods de manera que reflejen mejor la evolución de los respectivos pesos económicos en la economía mundial para incrementar su legitimidad y eficacia”, sostiene la declaración final de los mandatarios.

Para limitar los efectos de la recesión en los países centrales y la desaceleración económica en la mayoría de los emergentes, los presidentes también enumeraron objetivos de corto plazo. Lo más destacado es la utilización de incentivos fiscales y monetarios para reactivar la demanda. Sin embargo, los países evitaron comprometerse a acciones conjuntas en estos ámbitos. Eso no significa que no vayan a hacerlo, como ya ocurrió el mes pasado con la baja de las tasas de interés al unísono en Estados Unidos, Europa, Japón y China, sólo que prefirieron no dejarlo plasmado en la declaración.

La definición de que las naciones aplicarán la clásica receta keynesiana de gasto e inversión pública para superar el bajón económico fue una de las más importantes. Muestra, a la vez, la diferencia de criterio de los países centrales cuando la crisis les toca en carne propia. En los episodios de los ’90, como las caídas del sudeste asiático, de México, de Brasil y de Argentina, la solución propuesta fue siempre la del ajuste, con el FMI como inspector.

Ahora, frente a la necesidad de readecuar los mecanismos de control de los mercados y reactivar las economías, las grandes potencias aceptan revisar el funcionamiento del FMI y el Banco Mundial. “Los países emergentes y en desarrollo, incluidos los más pobres, deberían poder hacer escuchar mejor su voz y estar mejor representados” en esos organismos, sostiene el documento final de la cumbre. “Tenemos que readaptar sus estructuras”, insistió George Bush en conferencia de prensa. La declaración agrega que el FMI y el BM necesitan más recursos para poder aumentar el financiamiento a los países en problemas. En el texto figura la promesa de que así se hará. El gobierno de Japón anunció que ampliará en 100.000 millones su participación en el fondeo del FMI.

La reestructuración de los organismos de crédito fue una de las banderas que levantaron los países en desarrollo en su conjunto, con el decisivo respaldo de China. La potencia emergente exige que el órgano de conducción del FMI represente con fidelidad su peso actual en la economía mundial, con lo cual la reforma en marcha la convertiría en uno de los grandes ganadores. Francia y los países europeos en general acompañaron la solicitud, pues consideran al FMI como un organismo propio que sufrió un desprestigio del que ahora lo podrían rescatar.

Para los emergentes, es clave que las promesas no queden en papeles y los cambios se lleven a la práctica. En particular, que el FMI vuelva a cumplir el rol para el cual había sido creado: asistir a los países sin condicionarlos de una manera asfixiante.

Los cambios alcanzan a la regulación de los mercados financieros en general. Habrá una reingeniería de los controles ante la evidencia de que el paradigma de la desregulación y el corrimiento del Estado terminó en un desastre de proporciones históricas. El documento que enumera las conclusiones de la cumbre incluye una voluminosa agenda de trabajo en esa materia, que cada país irá desarrollando en forma individual y en reuniones de equipos técnicos hasta el 31 de marzo próximo. Antes del 30 de abril, los presidentes volverán a encontrarse para formalizar los avances logrados, según el compromiso asumido. Aunque no se fijó cuál será la sede de la próxima reunión, varios jefes de Estado comentaron que podría ser Londres.

La tarea de establecer nuevas reglas de funcionamiento de los mercados incluye menciones específicas a tres “instituciones” emblemáticas de la última década: el accionar de las calificadoras de riesgo, los instrumentos financieros de máxima sofisticación y máximo riesgo –como los derivados– y las remuneraciones de los ejecutivos de bancos y del mercado de capitales. El gobierno argentino celebró especialmente el punto del documento que hace mención a las agencias evaluadoras. Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, entre otras, han venido castigando a las administraciones kirchneristas desde un primer momento. Los países del G-20 advirtieron sobre el accionar de las calificadoras en general –sin dar nombres– y pidieron a los gobiernos que las regulan que se aseguren de que se manejen con “los más altos estándares” de calidad y que “eviten conflictos de intereses, proveyendo la mejor información a los inversores y diferenciando los ranking por la complejidad de los productos”.

Cristina Fernández no dejó pasar la oportunidad, servida en bandeja, de remarcar que esas empresas que guían el comportamiento de inversores y colaboran a formar opinión en la sociedad sobre el funcionamiento de la economía quedaron señaladas en una cumbre histórica por su cuestionable desempeño de los últimos años. “Son agencias de descalificación”, les dedicó (ver más en la página 5).

En cuanto a los instrumentos financieros de alto riesgo, la declaración del G-20 alerta por “el riesgo sistémico” que implica su propagación descontrolada. Se promete “reforzar la transparencia” de estos activos y aplicarles regulaciones similares a las que rigen sobre el sector bancario. Las hipotecas subprime que detonaron la actual crisis en Estados Unidos estaban al margen de esas reglas, lo mismo que los bancos de inversión que operaban sin los parámetros de las entidades comerciales. Se suponía que el mercado por si sólo administraría los riesgos para que las operaciones fueran seguras, pero nada de eso ocurrió.

Por pedido de Europa, se dejó planteada la preocupación de los gobiernos por las fortunas que ganan los ejecutivos de entidades de mercados de capitales y el mecanismo de premios que podría llevarlos a asumir riesgos indebidos.

Hay otro punto central respecto de la creación de mecanismos que permitan a los países visualizar a tiempo situaciones que puedan derivar en crisis. Los miembros del G-20 resolvieron identificar a los grandes bancos cuya eventual desestabilización podría afectar al sistema en su conjunto. Se trata de entidades transnacionales que administran enormes masas de capital. Cada país del grupo deberá presentar su lista en la próxima cumbre. La mirada inicialmente está puesta en unas treinta instituciones. El problema con ellas es que los bancos centrales de cada país desconocen la situación global del holding en el mundo, con lo cual ahora se proyecta un sistema de mayor intercambio de información entre los reguladores.

En la misma línea, se plantea que las reglas de contabilidad y de funcionamiento deben ser semejantes en los distintos países. “Estamos resueltos a aumentar nuestra cooperación y trabajar juntos para restaurar el crecimiento global y lograr reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales”, indicó el comunicado final de las potencias industrializadas –Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Japón, del Grupo de los 7, y la Unión Europea como bloque– y los emergentes –Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía– que conforman el G-20.

Por pedido de Estados Unidos, en la declaración se especificó que los países no “caerán en el proteccionismo” ni en la aplicación de nuevas medidas que traben el comercio internacional. A su vez, Bush anuncio que los miembros del G-20 –que en conjunto representan el 85 por ciento de la economía mundial– buscarán revivir las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio para fijar nuevas reglas arancelarias para productos industriales y agrícolas. “La Ronda de Doha debería terminar antes de fin de año”, dijo el presidente estadounidense.

Argentina rechazó a mediados de año el acuerdo propuesto porque obligaba a los productores de materias primas a fuertes reducciones de aranceles de productos manufacturados, mientras Europa y Estados Unidos mantenían prácticamente sin cambios los subsidios al agro y los cupos de importación. Bush, en retirada y luego de haber llevado a Estados Unidos a su mayor crisis en un siglo, repitió que sigue creyendo en el libre mercado. Las consecuencias de esa política extrema están a la vista.