Los diputados del oficialismo firmaron ayer el dictamen de mayoría para avanzar con la expropiación definitiva de Aerolíneas Argentinas, Austral y sus empresas derivadas. La votación se realizará el próximo miércoles y el Frente para la Victoria contará con el apoyo del SI, que conduce Eduardo Macaluse, los legisladores cobistas, con Laura Montero a la cabeza, los integrantes del bloque de la Concertación y Encuentro Social y Popular. Por su parte, los opositores del PRO, la Coalición Cívica, la UCR, el peronismo disidente y el socialismo discutían al cierre de esta edición si presentarán un dictamen en conjunto. Tienen tiempo hasta hoy al mediodía. De no arribar a un acuerdo, todos coincidirán en rechazar la iniciativa del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Presupuesto, que conduce Gustavo Marconato, y Legislación General, cuya titular es Vilma Ibarra, allanó el terreno para la expropiación de AA y Austral. El miembro informante del oficialismo, Mariano West, fue el encargado de explicar el derrotero de ambas empresas tras el análisis de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas. West recordó los pasivos de AA y Austral determinados por la AGN (2500 millones de pesos) y el patrimonio neto negativo dictaminado por el Tribunal de Tasación (620 millones de dólares). Además, recalcó los diferentes incumplimientos del Grupo Marsans a la hora de entregar información.

Visto a la luz de todo el proceso parlamentario, la expropiación de Aerolíneas comenzó a gestarse la misma noche en que Diputados dio media sanción a la ley por la cual el Estado se dispuso al rescate de las empresas por la compra de sus acciones. Desde el oficialismo sabían que de esa ley no se llegaría a ningún acuerdo con Marsans, ya que la iniciativa establecía que sólo se tomaría como válido el precio fijado por el Tribunal de Tasación, sin considerar la valuación de los españoles. En septiembre, los legisladores K preveían que el patrimonio neto sería negativo, que Marsans no aceptaría desprenderse de las empresas por el valor simbólico de un peso y que todo terminaría en la expropiación.

“La ley de rescate fue el marco para este proyecto de expropiación. La recuperación de las empresas podía lograrse de manera amistosa, si Marsans aceptaba la valuación argentina, o de manera conflictiva, como está sucediendo”, definió claramente un legislador K ante Página/12. Incluso, la cobista Laura Montero había señalado a este diario, durante la votación de septiembre, que tal como se estaba dando la negociación “terminaría en la expropiación”. Por eso ayer no dudó en adelantar que acompañará el proyecto de la mayoría, aunque con algunas disidencias parciales.

Tras los pasos del oficialismo, la oposición intentará unificar sus posturas en un único dictamen de minoría. Durante el plenario de Presupuesto y Legislación, los bloques de la UCR y la CC volvieron a criticar la firma del Acta Acuerdo del 17 de julio, entre Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y el Grupo Marsans. Para ellos, ese será el documento legal que utilizarán los españoles para iniciar un juicio en el CIADI.

Sin embargo, el PRO disintió con esa postura. Para Federico Pinedo, Marsans no tiene ningún derecho para demandar al país y sí obligaciones de hacerse cargo de sus deudas con el Estado. “Somos nosotros (los argentinos) los que tendríamos que hacerle un juicio”, aseveró Pinedo, quien volvió a pedir la quiebra con continuidad de Aerolíneas.

Por su parte, el radical Raúl Lanceta volvió a insistir con la necesidad de declarar nula el Acta Acuerdo (la UCR elevó una acción legal en el Juzgado Contencioso Administrativo número 10). Lanceta es autor de un proyecto por el cual el Estado sólo expropiaría aquellos activos que sean de “utilidad” y dejaría las acciones de AA en manos de Marsans. Este proyecto ya cuenta con la firma del macrista Esteban Bullrich y es el que el resto de la oposición tomará como base para realizar un dictamen conjunto, o no.

Según Alejandro Rossi (FpV), la expropiación selectiva que propone el radicalismo le costaría al Estado, como mínimo, 1200 millones de pesos. Además, de expropiarse sólo algunos activos, el Estado debería crear una estructura –una empresa– para utilizar lo que expropió. “¿Quién manejará los aviones que expropiemos selectivamente?”, se preguntó Rossi.

Un dato semántico, no menor: el proyecto del Ejecutivo habla del “rescate” de Aerolíneas por medio de la expropiación. Para el diputado Luis Cigogna, el concepto “rescate” es fundamental para evitar cualquier palabra cercana a la “nacionalización o estatización”. De esta manera, el oficialismo cree que se “salvará” de posibles embargos en el exterior, sobre todo si se consideran como antecedentes las intervenciones del juez Thomas Griesa. Es una disquisición semántica, que no escapa de los escenarios posibles en el derrotero de Aerolíneas.