Las empresas de medicina prepaga decidieron retrotraer el aumento de 10 por ciento que pensaban poner en marcha a partir de enero. Los afiliados a esas compañías empezaron a recibir esta semana las comunicaciones de los incrementos, que se sumaban a otros de 24 por ciento de enero pasado y de 16 puntos en agosto. Frente a la indignación creciente de los usuarios, el Gobierno se apuró a intervenir. “Es una medida inoportuna y fuera de lugar que impacta en la clase media. A lo largo del día vamos a utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para poner un freno a esta suba”, avisó por la mañana el jefe de Gabinete, Sergio Massa. A la tarde, las compañías intentaron esquivar la presión oficial. Sin embargo, por la noche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció que el Gobierno había llegado a un acuerdo con las prepagas para desactivar el aumento. Las empresas guardaron silencio.

“El aumento era inoportuno y no conveniente, así que se decidió pedirle a la cámara que nuclea a las prepagas que retrotraigan la suba y han accedido a este pedido. Nos parece que es una buena decisión”, apuntó el funcionario. “Esta decisión surgió a partir de una conversación con la presidenta (Cristina Fernández) que estaba en Rusia y habló de la posibilidad de establecer contacto con el titular de la cámara que nuclea a las prepagas”, relató Randazzo. Fuentes oficiales indicaron que, además de Randazzo, participaron de las gestiones que desembocaron en el acuerdo funcionarios del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Comercio Interior. “Se utilizaron todas las herramientas de disuasión para lograr el acuerdo”, señalaron.

La situación que se vivió ayer es similar a la de años anteriores, frente a otras subas de tarifas. Sin embargo, el Ejecutivo sigue sin dar impulso a una ley que fije un marco regulatorio para el sector. Hace años que el Congreso tiene un proyecto que impone condiciones a las prepagas. Entre ellas, la obligación de pedir permiso para elevar las cuotas y justificar la necesidad de los incrementos, que pueden ser aprobados o rechazados por un organismo regulador. Después de muchas vueltas y de sortear en parte el lobby empresario, la ley consiguió en agosto pasado la media sanción de la Cámara de Diputados. La votación resultó unánime. Sin embargo, el proyecto volvió a quedar empantanado en el Senado. Massa admitió ayer que “en el mediano plazo es fundamental que el Senado sancione la regulación para la medicina prepaga, para que no se vuelva a repetir esta situación y brindar previsibilidad tanto para la gente que consume estos servicios como para las empresas que lo brindan”.

El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, también reclamó la aprobación de la ley. “Cuando aparecen los problemas, el Gobierno sale a poner parches, con reacciones espasmódicas, tratando de producir efectos, pero en la práctica no consigue detener ninguno de los aumentos”, recordó.

“Con la situación que se está viviendo no nos parecía conveniente producir un aumento en la medicina prepaga, sobre todo que esto es una carga importante para los bolsillos de gran parte de la clase media”, comentó Randazzo luego del acuerdo con las prepagas. Agregó que representantes de la Secretaría de Comercio Interior se reunieron con autoridades de la cámara, “que entendieron cuál era el pedido del Gobierno y la necesidad de retrotraer este aumento”. Más temprano, cuando la negociación no era tan fácil, Randazzo había utilizado otro tono: “En un momento en el que todos debemos hacer un aporte para cuidar el bolsillo de los argentinos, querer castigar a los afiliados con una suba injustificada habla de un grado de insensibilidad de parte de estas empresas que no estamos dispuestos a admitir”, había dicho. Finalmente, a la noche anunció que se llegó a un entendimiento. Las empresas no lo confirmaron, ni lo desmintieron.