El paquete de rescate a la industria automotriz estadounidense logró ayer un principio de acuerdo entre la Casa Blanca y los legisladores demócratas. Sin embargo, existe una fuerte oposición de los republicanos en el Congreso que podría hacer naufragar el proyecto. La ayuda a las automotrices se compone de 15.000 millones de dólares que forman parte del magasalvataje de 700.000 millones que votó el Capitolio, que incluye los fondos para la construcción de vehículos eficientes en energía. Según el primer borrador publicado en la página web de la Cámara de Representantes, el acuerdo contempla la creación de un supervisor nombrado por la Casa Blanca que vigilará el cumplimiento de los objetivos que presenten previamente las terminales e, incluso, decretar su bancarrota si fallan en la reestructuración. Se incluyeron los mismos condicionamientos para los directivos de las compañías que los que contempla el salvavidas a los bancos. Pero en el caso particular del sector automotor las restricciones son más severas: los máximos ejecutivos de las automotrices deberán evitar el uso de sus aviones privados mientras dure la ayuda.

“El propósito de la ley es restaurar la liquidez y la estabilidad de la industria automotriz local y preservar y promover los puestos de los trabajadores estadounidenses directa e indirectamente ligados con el mercado automotor”, reza el proyecto en la sección dos. En realidad la ayuda permitirá que las empresas se aseguren su supervivencia hasta marzo, luego tendrán que pactar con el nuevo Congreso y la administración Obama otros planes de viabilidad a largo plazo. El texto del proyecto de 37 páginas comenzó en la tarde de ayer a ser analizado para su aprobación. Tal como sucedió con el salvataje de 700.000 millones de dólares, la resistencia se encontró entre los republicanos. De hecho, existe la amenaza de que el partido de Bush entorpezca la votación en el Senado. El propio Obama había manifestado que si no lo aprueba este Congreso “lo pasaría al suyo”.

El paquete permitirá a General Motors y Chrysler un respiro financiero para seguir con sus operaciones, a pesar de que las compañías solicitaron unos 34.000 millones de dólares para aliviar su situación. Ford se encuentra en una situación menos comprometida y podría quedar al margen, en esta primera fase. Los 15.000 millones de dólares sería sólo un primer préstamo para que las compañías afronten sus deudas más inmediatas. Una vez que asuma Obama, se estudiarán nuevas medidas.

En la Cámara baja aseguran que el proyecto cuenta con las “salvaguardas” necesarias para evitar un mal uso de los fondos, así como de un control estricto de los planes de compromiso que las automotrices presenten en los próximos días. En ese sentido, los puntos principales son los siguientes:

- El presidente de Estados Unidos designará a uno o más supervisores del sector para velar que se cumpla con los requerimientos del programa y de otorgar los préstamos “puente”.

- Se distribuirán 14.000 millones de dólares en financiamiento.

- El supervisor deberá establecer antes del 1º de enero las medidas para asegurar el progreso de cada automotriz en un plan de reestructuración.

- Antes del 31 de marzo cada compañía deberá presentar sus respectivos planes de reestructuración de largo plazo, de competitividad internacional, de eficiencia energética y de repago de su deuda al Estado.

- El supervisor puede imponer a la automotriz su propio plan.

- Durante la asistencia, los altos ejecutivos no podrán recibir bonos o incentivos que superen en 25 veces el ingreso de sus empleados, se suspenden el paracaídas de oro (pagos extraordinarios por retiro), y no habrá compensación alguna por ganancias.

- Los responsables no podrán ser propietarios ni alquilar un avión privado mientras se extienda la ayuda financiera. Esta medida responde a las denuncias que surgieron en torno del encuentro que los titulares de las firmas mantuvieron en Detroit para delinear un pedido de ayuda conjunta y al que acudieron en sus jets privados.

De ser aprobado, las terminales recibirán el capital mediante un préstamo a siete años. La tasa de interés será de 5 por ciento los primeros cinco años y de 9 por ciento los dos siguientes. El Estado recibirá de las automotrices acciones ordinarias (sin derecho a voto) hasta el 20 por ciento del préstamo.