La ministra de Salud, Graciela Ocaña, informó que su cartera creará una comisión para investigar los efectos de la utilización de agroquímicos en la fumigación de campos. Esa comisión estará integrada por cuadros técnicos del Ministerio de Salud pero también por especialistas provenientes de ONG y universidades. “Vamos a evaluar todas las evidencias sobre los posibles efectos que los agroquímicos tienen sobre la salud de las personas”, aseguró ayer Ocaña desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada. El anuncio se concretó dos días después de que la Presidenta revelara desde la Quinta de Olivos que había pedido a la ministra que ordenara una investigación sobre la contaminación producida en varias localidades del país por el uso de los glifosato y endosulfán. Esos dos productos son utilizados para rociar los campos de soja.

El glifosato es el agroquímico más usado por los productores sojeros de la Argentina. En el país lo produce la empresa Monsanto, que lo comercializa con el nombre de Roundup. El endosulfán se usa con los mismos fines. Es un producto de la multinacional química Dupont. Estudios médicos realizados por la UBA, el Hospital Italiano de Rosario y el Instituto de Medicina Regional de Resistencia, Chaco, que depende de la Universidad del Nordeste, comprobaron que el contacto de esos químicos a través de la piel, los ojos, las vías respiratorias y el agua tiene gravísimas consecuencias para la salud. Los estudios comprobaron que ambos fertilizantes pueden producir malformaciones en los fetos, dificultades para la fertilidad, enfermedades respiratorias, cáncer y problemas dermatológicos.

En su aparición desde la Rosada, Ocaña contó que su cartera iba a elaborar un plan oficial para garantizar la protección humana ante el uso de los agroquímicos. La ministra reveló que ese plan prevé un fortalecimiento del trabajo en conjunto del Estado y las obras sociales. El objetivo será garantizar la vigilancia epidemiológica y conocer lo más rápido posible cuáles son las intoxicaciones que afectan a la población en las distintas provincias del país. La iniciativa del Gobierno incluirá varias líneas de consulta permanente para los pobladores. “Cualquier ciudadano puede pedir estudios de casos y hacer denuncias sobre su población”, subrayó Ocaña. El Ministerio de Salud ya habilitó una línea telefónica gratuita (el número es 0800-3450044) para recibir denuncias sobre contaminación con agroquímicos. También se podrán enviar denuncias por mail entrando al sitio de Internet www.msal.gov.ar.

Antes de hacer el anuncio, Ocaña estuvo reunida con CFK en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Allí analizaron la documentación existente sobre el tema, lo que incluyó una investigación que Página/12 publicó en su tapa el lunes pasado. Esa investigación enumera todos los casos de contaminación con agrotóxicos que fueron denunciados en la Argentina. La denuncia más avanzada, que obligó a la intervención de la Justicia y ya logró una resolución inédita de parte de un fiscal del ministerio público, es la de los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, ubicado a treinta minutos de Córdoba Capital. En el barrio viven unos cinco mil habitantes: entre ellos ya hay doscientos enfermos de cáncer. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que la propagación de la enfermedad en esa zona está causada por la contaminación con glifosato y endosulfán.

Los vecinos de Ituzaingó Anexo presentaron una denuncia ante la Justicia apoyados por el subsecretario de Salud de la intendencia de Córdoba, Medardo Avila Vázquez. Tiempo después, el fiscal Carlos Matheu ordenó una medida cautelar que prohíbe fumigar con agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas urbanas. También fijó una distancia mínima de 1500 metros para las fumigaciones aéreas. El fiscal procesó a varios productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al piloto que solía volar sobre el barrio. Los acusó de haber incurrido en la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. La intervención del fiscal sentó un precedente para el país, aunque la contaminación está reglamentada por leyes provinciales.