Las lagunas y fallas en la regulación financiera internacional son señaladas como una de las responsables de la crisis internacional. Las calificadoras de riesgo y los paraísos fiscales están en la mira. El trío compuesto por Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, que dio las mejores notas a los instrumentos financieros elaborados a partir de hipotecas “basura”, enfrentará normas más estrictas en Europa. Endurecer los controles sobre los paraísos fiscales se presenta como un proyecto más complicado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó ayer que, por oposición de algunos de sus miembros, no presentará una lista de paraísos fiscales en la próxima cumbre del G-20.

La OCDE sólo llevará a la reunión de Londres un documento sobre el comportamiento de los Estados con respecto al intercambio de información fiscal. Pero como “no hay una posición común en la organización” sobre los paraísos fiscales, el problema no se está debatiendo formalmente.

Alemania y Francia, respaldados por otros quince países, solicitaron a la OCDE que actualice las listas de paraísos fiscales. El objetivo es tener un mejor panorama para enfrentar la lucha contra la evasión fiscal. Los paraísos fiscales se multiplicaron en las últimas décadas, pasaron de 25 en los setenta a 72 en los últimos años. Se estima que “custodian” y ayudan a canalizar y blanquear alrededor de 11,8 billones de dólares que pertenecen, principalmente, a las grandes multinacionales.

Otro tema sobre el que pretenden avanzar algunos países para limitar la fuga y blanqueo de capitales off-shore es acabar con el secreto bancario. Si bien la semana pasada Suiza aceptó levantar parte del secreto bancario de clientes de Estados Unidos para evitar sanciones, el país alpino y Luxemburgo son los principales opositores a esta iniciativa.

El mayor control europeo sobre calificadoras de riesgo apunta a mejorar la calidad de las evaluaciones y evitar los conflictos de intereses entre los emisores y las agencias. Los veintisiete Estados miembro pactaron varias modificaciones a la propuesta que la Comisión Europea había presentado a finales del año pasado. La iniciativa pasará ahora al Parlamento Europeo, que también podrá introducir cambios, antes de la aprobación final por parte de los ministros. La nueva normativa podría empezar a regir el año próximo y contempla sanciones para las calificadoras, que van desde multas hasta la prohibición de evaluar activos en el territorio de la UE. Para potenciar su independencia, las empresas estarán obligadas a contar con administradores independientes, cuya retribución no estará sujeta a los resultados de la agencia.