El 11 de marzo del año pasado fueron convocados periodistas del área económica de los principales medios gráficos nacionales a un encuentro con el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. La invitación fue a media tarde, generando una elevada expectativa en la redacción sobre la información que se iba a divulgar, teniendo en cuenta que no era habitual ese comportamiento de las pasadas gestiones que habitaron el Palacio de Hacienda desde 2003. Con unos minutos de atraso, Lousteau se hizo presente en una sala de reunión junto a uno de sus más estrechos colaboradores, Gastón Rossi, quien lo venía acompañando en sus anteriores cargos.

Distribuyó unas hojas con el resumen de las medidas que anunciaría un par de horas después. En toda la exposición y en las inquietudes que se le trasladaron no hubo ninguna referencia a la probabilidad de una fuerte resistencia por parte de dirigentes y productores, aunque se mencionó que los hombres del campo siempre se quejan. El ministro no fue muy claro en la explicación de la curva que se aplanaba con los Derechos de Exportación móviles, destacando una y otra vez que los precios de los granos estaban en una burbuja especulativa, que se buscaba evitar el traslado de los elevados precios internacionales de los alimentos a los locales y que con alícuotas diferenciadas y crecientes se alentaba de ese modo la producción de trigo y lechería, por ejemplo, frente a la soja.

El objetivo que planteó es que era la primera medida para el reordenamiento de la cadena alimentaria, estrategia que su equipo económico pensaba impulsar para contener la inflación de los alimentos y para alentar la incorporación de valor agregado en la producción sectorial. Al final, ya cuando el ministro caminaba para la puerta de salida, recibió la consulta acerca de si los exportadores de granos ya sabían de los cambios. “Se van a enterar por el Boletín Oficial”, afirmó Lousteau, satisfecho porque así suponía que iba a evitar las tradicionales maniobras especulativas de ese grupo de poder. Luego hizo el anuncio en conferencia de prensa en la Casa Rosada, estimando que recibiría el apoyo de los pequeños y medianos productores y el previsible rechazo de las entidades tradicionales. Nada funcionó como él lo había previsto.

Varios son los aprendizajes que ha ofrecido el largo conflicto con el sector del campo privilegiado. Uno que sobresale, aunque el discurso dominante hace todo lo posible para ocultarlo, es que las soluciones técnicas a problemas económicos no sirven si no están subordinadas a un programa global dominado por la orientación política de un gobierno. Una medida, como los Derechos de Exportación móviles a cuatro cultivos claves, puede ser la iniciativa más pertinente y eficiente para el sector agropecuario, pero no pudo superar las limitaciones que emergieron desde la política. Por eso resultan más importantes las decisiones estratégicas, el rumbo que se define y la acumulación de fuerzas para implementarlas que el aporte tecnocrático de los economistas. Estos no deberían estar en condiciones de definir las políticas centrales del Gobierno. Deberían ser técnicos sometidos a esos objetivos. La clave es que en esa tarea deben ser lo suficientemente capaces para colaborar con iniciativas efectivas, al tiempo de contar con sensibilidad para moverse en el laberinto de la política. Lo que ha sucedido en la historia reciente es que aquellos que reúnen las últimas cualidades se imaginan por encima del espacio técnico de economista, y terminan perdiendo una y otra virtud.

Los doce meses que se cumplen del comienzo de la reacción de los representantes de la trama multinacional sojera, que lograron la peculiar adhesión de actividades asfixiadas, precisamente, por el avance del negocio del paquete tecnológico siembra directa-semilla transgénica, permitieron visibilizar el extraordinario proceso de transformación que ha vivido el campo. Ese cambio resulta relevante en su fase económica, pero también en su representación política. En el notable documento “Subordinación productiva en las economías regionales de la posconvertibilidad”, elaborado por Alejandro Rofman y un equipo de investigadores del CEUR/Conicet, publicado en Realidad Económica 240 (enero 2009), se explica con claridad esa evolución:

- Desde la década de 1970, el proceso de concentración y centralización de capital en el sector agrícola abarcó a todas las regiones.

- El patrón de desarrollo agropecuario contemporáneo básicamente se centra sobre el crecimiento de la escala de producción con un aumento en el tamaño de las explotaciones, en el uso intensivo creciente de capital, la tecnología, los insumos industriales, la ciencia y biotecnología, con formas de organización del trabajo y de producción tendientes a la reducción de la necesidad de fuerza de trabajo para completar la cadena de valor.

- Esa transformación tuvo variados efectos sobre los diferentes circuitos productivos regionales. Uno de los más relevantes es la salida de miles de unidades productivas que de-saparecieron en el proceso, fueron fusionadas o integradas a articulaciones o unidades de mayores dimensiones.

- Este proceso, que en la experiencia internacional se asocia al avance del capitalismo en el agro, aquí se vio especialmente acelerado recientemente.

- En el período intercensal –Censos Nacionales Agropecuarios– de 1988 y 2002 sobresale la extensión e intensidad del proceso de concentración y centralización de capital en el agro, la ausencia casi total de políticas e instrumentos para atenuarlo y la falta de correspondencia con un proceso concurrente de absorción en actividades industriales y de servicios de la población desplazada.

- Al observar este proceso en todo el agro se advierte cómo la devaluación consolidó la posición relativa de los capitales más concentrados de la agricultura, generalmente asociados con la exportación.

- Esta tendencia se vio reflejada en la acentuada brecha generada con los productores medianos empobrecidos y pequeños no capitalizados y referida a la presencia creciente de capitales financieros ajenos al quehacer agrario tradicional.

- En tal contexto, estos nuevos protagonistas buscaron nuevas y mejores tierras a costa de dichos productores, que continuaron siendo desplazados hacia áreas marginales y/o excluidos de sus predios. La tendencia decreciente que afectó a las unidades de menor tamaño fue acompañada por el aumento en el tamaño promedio de las explotaciones que pasó de 469 hectáreas (1988) a cerca de 600 hectáreas catorce años más tarde (Indec, 2002).

La cuestión agraria en Argentina requiere de una comprensión más amplia que la visión conservadora que fluye de aquellos que circulan por los medios y dicen que saben sobre el campo. En realidad, de lo que saben es de negocios que favorecen a los grandes jugadores del sector y del arte de la especulación política.

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