“Se acabó la era del secreto bancario”, sentencia el comunicado final del G-20. Para fortalecer el sistema financiero global, los países miembros acordaron imponer “sanciones” sobre aquellos territorios que se nieguen a compartir información con las autoridades de otros países. Más allá de la enfática declaración, las distintas jurisdicciones que funcionan como paraísos fiscales deberán adherir e implementar las prácticas de transparencia impositiva recomendadas por la ONU. Las multinacionales y bancos que canalizan y blanquean su dinero a través de los refugios fiscales relegan a un segundo plano la posibilidad de llevar adelante mayores controles sobre las operaciones de estos territorios. Apurado por el G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó ayer mismo un documento donde informa sobre el comportamiento de los Estados con respecto al intercambio de información fiscal.

Andorra, Mónaco y Liechtenstein están en la lista negra de paraísos que no cooperan. Entre los países que todavía no se comprometieron a implementar los estándares impositivos internacionales están Uruguay, Costa Rica, Filipinas y Malasia. “Estamos listos para tomar acciones contra aquellas jurisdicciones que no cumplen los estándares en cuanto a transparencia impositiva”, señala el documento final del G-20. Algunas de las posibles medidas son la retención impositiva, la negación de deducciones fiscales a los beneficiarios residentes en jurisdicciones no cooperativas. La sanción más controvertida es la posible revisión de las políticas de inversión de las instituciones internacionales (FMI y Banco Mundial) y bancos de desarrollo regionales (BID). Esto implica presionar a los países frenando el fondeo de organismos internacionales si no suministran información suficiente.

La cantidad de paraísos fiscales en todo el mundo asciende a 72 y su actividad está asociada con la evasión impositiva, el narcotráfico, la venta ilegal de armas y corrupción. Si bien no existe una definición precisa, la OCDE considera determinante la ausencia de impuestos, o una tasa muy baja, sobre los ingresos. Pese a que están asociados como el refugio que tienen los millonarios para evadir impuestos, las corporaciones multinacionales son responsables de las operaciones más significativas. Estimaciones recientes calculan que custodian cerca de 11,8 billones de dólares de fondos irregulares. Las economías periféricas son las más perjudicadas por estos refugios.

La lista difundida por la OCDE informa sobre tres tipos de jurisdicciones, aquellas que implementaron los estándares internacionales, las que se comprometieron a hacerlo pero no lo implementaron en su totalidad y las que directamente no participan de los acuerdos. Chile, Islas Caimán, Panamá, Aruba, Gibraltar y Singapur son algunos de los países situados en el segundo grupo. Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Austria también pertenecen a aquellos que no implementan las medidas, pero para calmar un poco las presiones aceptaron el artículo de los convenios de la OCDE que se refiere al levantamiento del secreto bancario en caso de fraude. Según la Organización, este año diez países que no hacen muchas preguntas sobre el origen de los fondos ni se preocupan por cobrarles muchos impuestos se comprometieron a compartir información.

Mientras que Liechtenstein y el Reino Unido iniciaron negociaciones bilaterales para facilitar el intercambio de información fiscal, las autoridades de Chile y Uruguay –ambos figuran entre los grupos que no cooperan– salieron a defender el funcionamiento de sus sistemas financieros. Chile permite la domiciliación de empresas “pantalla” extranjeras, muchas de las cuales evaden impuestos. El Banco Central uruguayo aseguró que su sistema financiero es “sólido y serio” y remarcó que es atribución de la Justicia, y no de la OCDE, determinar cuándo debe levantarse el secreto bancario que rige desde 1982. El 19 por ciento de los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero uruguayo pertenece a no residentes. El sistema bancario uruguayo es una ruta predilecta para argentinos que fugan capitales.