El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acompañado por otros siete centros e institutos de investigación, presentó ayer ante las autoridades del Indec un recurso de reconsideración para poder acceder a información referido a ingresos y gastos de los hogares. La negativa del organismo a facilitar esa información “afecta la posibilidad de trabajar sobre temas socioeconómicos tan sensibles como la pobreza e indigencia, mercado de trabajo, educación, salud, etc.”, señalan las ocho organizaciones demandantes. Este planteo preanuncia una dura confrontación entre organizaciones profesionales prestigiosas, algunas consideradas muy cercanas por principios ideológicos al Gobierno, y el Indec, desde hace poco más de dos años controlado por funcionarios cercanos al secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Junto al CELS, representado por Gastón Chillier, firmaron el reclamo el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), centros de estudios e institutos de investigaciones de universidades nacionales (UBA y UNLP) y privadas (San Andrés), el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) y el área de economía y tecnología de Flacso, esta última representada por Eduardo Basualdo.

El 25 de julio del año pasado, el CELS había presentado un pedido de informes solicitando que se le brinden las bases usuarias de la Encuesta de Gastos de Hogares (ENGH) del año 2004/05, de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), desde el segundo semestre de 2007 hasta aquel momento, y los manuales del encuestador (normativa interna respecto de regulaciones sobre la información y metodología utilizada para el cálculo de índices). Y reclamaba que se le brindaran “las razones sobre modificación de los criterios de su publicidad y difusión”.

Dichas encuestas son la base informativa de todos los estudios sobre pobreza, nivel de vida, distribución del ingreso y otras condiciones socioeconómicas de los hogares. “La información que se solicita nos permitiría analizar las estadísticas públicas, procesar la información necesaria para nuestras investigaciones (...). En particular, la EPH es la principal herramienta para el análisis de indicadores socioeconómicos, pues es la única fuente de datos de nuestro país que permite introducir el examen de desigualdades en función del nivel de ingreso de los hogares y sus características socioeconómicas”, señala el requerimiento presentado por las ocho entidades académicas ante el Indec.

Aquel requerimiento del 25 de julio fue respondido recién en el mes de diciembre, luego de un pedido de pronto despacho presentado el 17 de septiembre de 2008. Como toda respuesta, en diciembre el CELS recibió tres Manuales del Encuestador “omitiendo dar respuesta al resto de puntos solicitados”. Ante la insuficiencia de la información brindada por el Indec, el CELS reiteró el interés en lo requerido y reclamó a Ana Edwin, titular del Indec, que informe sobre “los criterios del organismo que Ud. dirige respecto del acceso y difusión de la información pública”.

El pedido fue rechazado por Edwin el 13 de marzo pasado, escudándose, entre otras razones, en que “la información solicitada ya había sido entregada, que el Indec se encuentra trabajando sobre una nueva base y en la supuesta violación de la ley de datos personales”, en la que incurriría en caso de entregar las bases usuarias, según interpretó la funcionaria, y de acuerdo con el relato de los denunciantes.

Prudentemente, el CELS y las demás organizaciones que en esta oportunidad han decidido acompañarla solicitan la “reconsideración de la resolución que niega el acceso a la información”, sin dejar de señalar la grave falta en que incurren las autoridades del organismo al bloquear el derecho a acceder a información pública.