ECONOMíA › EL GOBIERNO FRANCéS NO AVALA LA ACCIóN DE UN JUEZ
La Cancillería aseguró ayer que el gobierno francés calificó como “ilegal” el embargo dispuesto por la Justicia francesa sobre cuentas bancarias de la embajada argentina en París, a partir de los reclamos de un fondo buitre. La medida, solicitada desde los Estados Unidos, hizo lugar a una presentación de un grupo de tenedores de bonos que quedaron fuera del canje de la deuda. Tras la confirmación de la información, la Cancillería argentina manifestó extraoficialmente su “desagrado” por la medida judicial y luego afirmó que el gobierno francés la tildó de ilegal.
“No se puede creer que a sólo tres días de que el G-20 aprobara una declaración final que condena explícitamente a los paraísos fiscales, un fondo buitre radicado en las Islas Cayman promueve el embargo de las cuentas del Estado argentino en Francia y obtiene la cooperación de un oficial de Justicia francés en un acto nulo, puesto que las cuentas de la embajada están protegidas por la Convención de Viena de relaciones diplomáticas del año 1961”, definió un vocero de la Cancillería.
El ministerio que encabeza Jorge Taiana calificó la medida como “un acto abiertamente contrario al derecho internacional”. Ayer se sucedieron las comunicaciones entre el Palacio San Martín y el Quai d’Orsay, así como también con la embajada francesa en Buenos Aires. En ese marco, funcionarios argentinos manifestaron que sus pares de Francia reconocieron que “lo que hizo el oficial de Justicia francés es ilegal”.
Por otra parte, la Cancillería instruyó al embajador argentino en París, Luis Ureta Sáenz Peña, para presentar ante las autoridades francesas una nota donde se solicite que se tomen “las medidas necesarias para solucionar esta situación que viola las Convenciones de Relaciones Diplomáticas de 1961 y de 1963, y que establecen la inmunidad de las cuentas de las representaciones diplomáticas y consulares”.
La disposición judicial francesa respondió a una resolución del juez estadounidense Thomas Griesa, de Nueva York, adoptada el último viernes. Griesa atiende los reclamos de los fondos buitre y los bonistas que no aceptaron la reestructuración de la deuda.
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