Las estadísticas son una herramienta para acercarse a la comprensión de procesos socioeconómicos y son, ante todo, una vía necesaria que permite obtener información para realizar una mejor administración. Son indicadores acerca de la evolución de variables importantes que permiten orientar sobre la tendencia, pero no representan ese concepto gaseoso denominado “la realidad”. Esta tiene suficientes matices que invitan a la prudencia para evitar sentencias categóricas a partir de una cifra obtenida de un relevamiento con una metodología particular. En casi todos los países los organismos oficiales encargados de elaborar y difundir estadísticas son cuestionados y sus datos despiertan incredulidad entre la población. Existe una profunda brecha entre la percepción social y el cuadro de situación que expresan los informes estadísticos. Varios pueden ser los motivos que explican esa distancia, aunque uno se destaca del resto: en el largo período de las últimas tres décadas, donde ha crecido la riqueza global, se ha agudizado la diferencia patrimonial entre un núcleo cada vez más reducido de favorecidos de la bonanza y el resto mayoritario excluido de gran parte de los beneficios. La desconfianza sobre las estadísticas tiene entonces su explicación con la definición irónica acerca de que “es una ciencia que sirve para demostrar que dos personas han comido medio pollo cada una, cuando en realidad una ha comido uno y la otra ninguno”. Con esa referencia básica que previene acerca de cuál es el pensamiento generalizado sobre cifras oficiales, hace dos años la administración kirchnerista comenzó un proceso de reestructuración del Indec que ha puesto en tensión todo el sistema nacional de estadísticas públicas. Así ha logrado no sólo que la información sea cuestionada con el vulgar comentario respecto a que no refleja “la realidad”, sino que cada una de sus estadísticas se ha convertido en un terreno fértil para una intensa batalla política.

Esa puja queda en un ámbito complejo debido a que expresa, a partir de la tosca intervención en el Indec, intereses de factores de poder que confluyen tras objetivos particulares. La difusión en tono dramático de un informe de la Unión Industrial Argentina sobre la evolución sectorial, que exageró la caída con el mismo exceso que el Indec la moderó, se presenta en un momento donde crece la incertidumbre en el mercado laboral por el impacto de la crisis internacional y empiezan a registrarse presiones por aumentos salariales. Ese informe, con carencias metodológicas, resulta funcional a la estrategia de disciplinar las demandas de los trabajadores en un escenario desfavorable.

La decisión de forzar las estadísticas no es un atributo exclusivo de la actual gestión del Indec, aunque en ésta la responsabilidad es mayor que la de una entidad privada o cámara patronal precisamente por ser un organismo público. La pérdida de credibilidad de los documentos que distribuye el Instituto ha derivado en que analistas y gran parte de los medios tributen una sorprendente legitimidad a estadísticas elaboradas por fundaciones ortodoxas y consultores de la city, alimentando así la confusión general. Esas cifras son aún más frágiles y sesgadas que las que se ofrecen a nivel oficial, pero adquieren un rango superior inmerecido en el marco de la batalla política desarrollada alrededor del Indec. Es poco probable que esos economistas especializados en pronósticos fallidos puedan elaborar estadísticas fiables teniendo en cuenta sus antecedentes y que requieren de manuales de procedimientos rigurosos, marcos conceptuales y metodológicos consistentes y un equipo preparado y numeroso para el relevamiento. Ninguna de esas capacidades forma parte del capital de esas consultoras, que ampliaron su oferta de servicios al sector privado sólo gracias a la extraviada estrategia oficial con el Indec.

La crisis global brinda la oportunidad para empezar a ordenar el descalabro provocado en el Instituto y de ese modo ir recuperando la legitimidad de las estadísticas públicas. Este no es el objetivo que se plantean muchos que se rasgan las vestiduras por el Indec. Esa indiferencia quedó en evidencia con la escasa difusión de una contundente presentación realizada por el Cels ante las autoridades del Indec. En ese escrito cuestiona en duros términos a esa conducción por vedar el acceso a la información. Pero con ese mismo reclamo se le reconoce la potestad indelegable de entidad estatal responsables del sistema nacional de estadísticas públicas. Con el acompañamiento de destacados centros de investigación (Ides, Ciepp, Cedla-Unlp, Udesa, Ceped, Area de Economía y Tecnología de Flacso), el Cels solicitó las bases usuarias de la Encuesta de Gastos de los Hogares, la Encuesta Permanente de Hogares y los criterios del organismo respecto del acceso y difusión de la información pública. “El pedido no se reduce al acceso a la información estadística existente, sino también que se resguarde el derecho al acceso a la información futura vinculada a los puntos solicitados que produzca el organismo”, se precisa. Para explicar que “la posibilidad de contar con la base de datos le otorga a cada investigador una amplia libertad, en función de los objetivos específicos e intereses de sus propios estudios, para desarrollar estimaciones diversas sin restricciones de ninguna índole y sin afectar la confidencialidad de los datos personales de los encuestados”.

El Cels señala que el Indec no ha argumentado las razones de suspensión de la publicación y difusión de las bases usuarias de esas encuestas. Tampoco brindó las razones para mantener en reserva esos datos ni ha explicado la razonabilidad de la medida pese al riesgo de ser condenado internacionalmente por la violación a su deber de producir y garantizar el acceso a la información pública. La conducción del organismo se remitió a señalar que está en elaboración el “Plan de Sistema”, que establecerá las reglas futuras de producción, difusión y acceso de la información estadística solicitada. Pero ese plan no se conoce y está demorada su implementación. En su descargo, la gestión oficial consideró que encuentra una tensión entre los “derechos del solicitante en satisfacer un interés propio y las obligaciones del Estado en proveer a la defensa de las estadísticas públicas”. El Cels le respondió que “es de destacar que tal como se ha manifestado el pedido de informes en ningún punto afecta a la ‘seguridad de las estadísticas públicas’. La publicación y difusión de la información solicitada que brindaba el organismo en épocas anteriores da cuenta de ello”.

En esa presentación también se remarca que “es fundamental promover la calidad y difusión de la información estadística en sí, no obstante y sobre todo, porque ésta resulta base imprescindible e insoslayable para poder realizar investigaciones socioeconómicas y analizar exhaustivamente ciertas políticas públicas, en particular las políticas sociales. Esta información resulta de gran importancia para el mejoramiento de la capacidad de diagnósticos, evaluaciones de programas sociales y su rediseño”. El Cels concluye que “no podemos pensar en un proceso de transformación y modernización de la estructura social sin la garantía de provisión estatal de estadísticas confiables y fidedignas”. Esas instituciones de investigación quieren recuperar el Indec, demandando el acceso a sus bases de información para elaborar sus estudios dejando en evidencia en forma indirecta los intereses comerciales, políticos e ideológicos de consultoras que se dedican a dibujar sus propios índices privados.

La necesaria e imprescindible reconstrucción de la legitimidad del Indec como proveedor de estadísticas públicas resulta fundamental para consolidar un modelo económico de inclusión social. Este debate queda subordinado a otro cuando la puja no pasa por la discusión sobre cómo se distribuye el ingreso, sino que queda atrapado de la batalla política alrededor del Indec. Para ello resulta fundamental apropiarse de una de las guías contenida en Aplicación de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas (Comisión de Estadística, 35o período de sesiones, Informe del Secretario General, 10 de diciembre de 2003), destacada por el Cels:

“Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados”.

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