Enrique Wagner ya estuvo al frente de la Cámara Argentina de la Construcción durante cinco mandatos consecutivos y tiene chances de ser nuevamente elegido en la próxima renovación de autoridades. En diálogo con Página/12, el empresario reconoció la capacidad administrativa de Néstor Kirchner, el manejo “más político” de la presidenta Cristina Fernández, y el afán keynesiano de ambos. El dueño de Esuco opinó también sobre la creciente participación estatal en el directorio de las empresas y sostuvo que no tendría problemas en aceptar al Estado en su compañía, en caso de que correspondiera.

–¿Cómo transita la crisis el sector?

–En los últimos tres meses no tuvimos variaciones en el nivel de actividad, lo que es una buena noticia porque veníamos en picada. Cayó la obra privada, pero el aumento de la pública sirvió para compensar. Aun así, estamos entre un 8 y 11 por ciento por debajo del año pasado.

–¿Se están generando los 100 mil puestos de trabajo que usted pronosticaba en enero que se generarían con el plan de obras públicas?

–Ese plan de obras se puso activo a partir de marzo y ahora hay muchas licitaciones en marcha. Creo que está ayudando a atenuar la caída en el empleo: en los últimos ocho meses se habían perdido 60 mil puestos. Además, el ritmo de cobro mejoró y hay una ejecución presupuestaria del 90 por ciento.

–¿El blanqueo está sirviendo para repatriar capitales para la industria de la construcción?

–Por ahora no. Estamos esperando que la AFIP haga aclaraciones sobre qué obras de infraestructura están comprendidas en el régimen. Buscamos precisiones para que quien invierta en un proyecto no tenga dificultades en el futuro. ¿Se podrá comprar vivienda usada y, en tal caso, se podrá declarar una propiedad que se compró hace tres años con dinero no declarado? Si una fábrica invierte en una planta depuradora, ¿eso es infraestructura? Todavía hay mucha incertidumbre y dudas. Si se despejan, el blanqueo puede servir.

–La última licitación de rutas por peaje quedó casi desierta. Se firmaron ahora actas acuerdo con cinco concesionarias de rutas nacionales para zanjar diferencias y porrogarle contratos hasta octubre. ¿Eso significa que el Estado les reconoció los aumentos de tarifa no otorgados?

–Sí. Pero cada contrato dio lugar a una cuenta diferente. Nosotros hicimos algunas sugerencias para que se retocaran las condiciones en el próximo llamado. Esta vez el concesionario no hará sólo el mantenimiento, sino también un paquete de obras de construcción y mejoras. El cronograma de esas obras es clave para la ecuación del negocio.

–¿Es más atractivo con este esquema?

–Mucho más.

–¿Y qué pasó con los primeros contratos de concesión, que expiraron en el 2003?

–Todavía se está trabajando en el cierre de cuentas. La Facultad de Ciencias Económicas analizó el estado de cosas. Los concesionarios lo consideraron y, en algunos casos, hubo acuerdo y en otros no. Pero recién hace tres o cuatro meses que el Occovi (Organo de Control de las Concesiones Viales) entregó aquel análisis a las empresas para discutirlo.

–¿Recién, después de seis años?

–No es fácil analizar el desarrollo de un contrato de doce años lleno de reclamos cruzados.

–¿Le entusiasma la incorporación al directorio del Hipotecario de Amado Boudou, titular de la Anses, con el afán de impulsar créditos para vivienda?

–Por supuesto. Con la relación interés-salario no es posible que la clase media y media baja pueda acceder a la vivienda propia. Además, no hay fondeo a largo plazo. Y después de la crisis del 2001 también fracasó el sistema de titularización de hipotecas, mecanismo que si volviera a funcionar retroalimentaría el mercado. Hace falta un instrumento que permita tener financiación a tasa baja y a plazo extenso.

–¿Con condiciones muy laxas para los créditos, no existe el riesgo de generar una crisis como las subprime en Estados Unidos?

–(Risas) Ojalá pudiéramos hablar de un plan tan masivo de miles y miles de viviendas. No. No hay riesgo de replicar ese fenómeno acá, fundamentalmente por la envergadura de la propuesta en juego.

–¿Cómo ve la participación que está teniendo el Estado en el directorio de las empresas a través de la Anses?

–Difícil opinar. Cada situación jurídica es distinta. Es natural que los accionistas quieran tener una participación en el directorio. Y si ese accionista es el Estado... Si mi empresa estuviera en esa situación, yo no tendría inconveniente en incorporar a representantes estatales si correspondiera. Pero la clave, en realidad, es cuál es la calificación del voto que tenga el director en cuestión.

–Ahora hay otra forma de auxilio estatal, a través de los subsidios a la nómina salarial, por ejemplo.

–A nosotros esa intervención estatal nos parece bien. Desde una perspectiva de empresario privado, quizás no debería decirlo. Pero en Argentina no hay un sistema de contención para el trabajador desamparado, salvo en la industria de la construcción, donde tenemos un fondo específico, que administramos entre el Estado, la Uocra y la Cámara. Es fácil decir que para generar empleo es necesario mejorar el nivel de actividad económica. Pero el desocupado necesita una respuesta inmediata.

–¿Estos temas se están tratando en el Grupo de los Siete?

–Por ahora sólo hay reuniones técnicas para considerar los temas que más nos preocupan. Uno es la ley de Riesgos de Trabajo. Otro punto que nos tiene mal es el dictamen de la Corte Suprema que dispone la libre agremiación. Salir del sindicato único va a generar situaciones conflictivas en todos lados, no sólo por la discusión salarial sino también por el manejo de las obras sociales de cada sector.

–Ya que se incorporó el campo al G7, ¿cómo ve el grupo la discusión aún no zanjada de este sector con el Gobierno?

–La idea del Grupo de los Siete es no tomar postura sobre temas sectoriales. No deberíamos opinar sobre retenciones sí o no. Sólo nos pronunciamos globalmente sobre aquello que afecte la actividad privada de modo general.

–Usted conoció a Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz y lo reivindica como un buen administrador. ¿Qué piensa de nuestra actual Presidenta?

–Tiene otro estilo. Es mucho más política. Con nosotros cumple. También nos ayudaron Paul Krugman y los keynesianos. Siempre fuimos la variable de ajuste de las políticas. Ahora el paradigma cambió y somos parte de la solución.

–Algo no cambió. Siempre están bajo la sospecha de que tienen un trato preferencial de parte del Estado, como grupo o selectivamente. Alguna vez eran la patria contratista. Otras, que tenían privilegios particulares.

–Son muy pocas las empresas que superan los cincuenta años. Eso prueba que es un sector de riesgo, donde muchos quedan en el camino.

–Hay empresas chicas que tuvieron posibilidades y gran protagonismo en el último tiempo.

–Es cierto que algunas crecen rápido. Pero entre las diez o quince empresas más importantes del sector hay un cambio de posición relativa, pero nada más. Siempre son las mismas. Ganar un sólo contrato, como a veces destaca la prensa, no es todo. Después hay que cumplir.

–¿Hubo cambios de pautas en contrataciones o ajustes de controles a partir de los sobreprecios detectados en el caso Skanska?

–No sé qué pasó hacia el interior del Estado. Pero no hubo ningún cambio respecto de la forma de contratar y controlar a las empresas.