ECONOMíA › METROGAS A CONVOCATORIA DE ACREEDORES, PEDIDA POR SU CONTROLANTE
El detonante de la situación fue el intento de los fondos buitre, convertidos en acreedores clave, de apoderarse de la empresa o llevarla a la quiebra. La negociación para cederle el control había sido objetada por el Gobierno.
La nota enviada ayer a la Bolsa por la empresa controlante de Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, tomó por sorpresa a prácticamente todos los agentes del sistema. Allí, Gas Argentino SA anunciaba que había pedido a la Justicia comercial la apertura del concurso de acreedores para evitar la quiebra. El dispositivo de protección se disparó menos de dos semanas después de que uno de sus acreedores, un fondo de inversión especulativo, pidiera la quiebra de la empresa luego de rechazar la oferta de reestructuración de una deuda en default desde el año 2002.
Desde la devaluación y posterior pesificación de tarifas, la controlante de Metrogas quedó atrapada en un horizonte de vencimientos demasiado corto, en virtud del peligroso endeudamiento en el que había incurrido en la década previa, fundamentalmente mediante emisión de títulos negociables. Tras la caída de la convertibilidad, esos papeles perdieron rápidamente valor ante el riesgo cierto de incobrabilidad, que fue aprovechado fundamentalmente por los fondos “buitre” para hacer lo que mejor saben hacer: comprar bonos “basura” por nada y esperar, para utilizarlos como elemento de presión a la hora de negociar el recupero. Esa hora ya llegó.
Según fuentes del sector, la deuda total de Metrogas asciende a unos 400 millones de dólares, de los cuales son 105 millones los que están en el ojo de la tormenta. A comienzos de mayo, el fondo Continental Energy Investment pidió la quiebra de Gas Argentino por una deuda de 15,4 millones de dólares por títulos emitidos en 1997. Pero que, seguramente, el fondo adquirió mucho después y muy por debajo de su valor nominal, cuando ya se había declarado el default.
Gas Argentino había iniciado acciones para llegar a una propuesta de reestructuración de su deuda, pero no logró el apoyo de los fondos acreedores. Luego intentó avanzar en un acuerdo con los fondos Ashmore y Marathon Asset Management para un canje de deuda por acciones, que le hubiera permitido al primero ingresar con el 30 por ciento del capital, según estimaciones privadas. Esta iniciativa fue objetada por el Gobierno, según se comenta, que trata de evitar que las empresas concesionarias de servicios públicos queden en manos de fondos especulativos. El antecedente inmediato es el intento de transferencia de participaciones de Petrobrás en el negocio eléctrico a Ethon Park, otro fondo de inversión especulativo con tentáculos en varios países de la región, cuyo ingreso terminó bloqueado. En el caso de Ashmore, se recuerda su participación, entre otras, en Transredes, la transportadora de gas boliviana que fue renacionalizada por el gobierno de Evo Morales, tras haber sido traspasada a manos privadas durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996, cuando decidió dividir a YPFB.
Metrogas es controlada por Gas Argentino, que reúne el 70 por ciento de las acciones de la distribuidora. El 10 por ciento está en manos de los empleados (programa de propiedad participada) y el 20 por ciento cotiza en Bolsa. Gas Argentino, a su vez, es una sociedad de propiedad compartida entre British Gas (54,67 por ciento) y Repsol YPF (45,33 por ciento). La decisión de presentarse en convocatoria de acreedores corrió por cuenta de los representantes de British Gas, sin consulta con sus socios españoles ni con el gobierno argentino. En este último caso, las relaciones no quedaron en los mejores términos después de que las autoridades regulatorias le vetaron a la empresa toda alternativa de negociar una salida acordada con los grupos acreedores o, incluso, algún otro grupo económico con pretensiones de ingresar como nuevo accionista.
Ahora, las responsabilidades sobre la suerte de Metrogas vuelven a estar repartidas, con el riesgo también común de que la mayor operadora en distribución del país, a cargo de la porción más densa del área metropolitana, quede en riesgo de no poder seguir adelante con el servicio. Al menos, de las inversiones necesarias para el mantenimiento de sus prestaciones en forma eficiente. Un problema que, hasta hace pocas horas, pocos imaginaban que pudiera ocurrir.
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