Las calificadoras de riesgo tendrán en breve un órgano para controlar las notas que expiden en el país a los instrumentos financieros de oferta pública. Las agencias estarán supervisadas por una entidad independiente conformada por academias económicas junto con universidades públicas. El proyecto, que tendrá carácter de decreto, será presentado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) la semana próxima a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según precisó a este diario un directivo de la entidad reguladora del mercado. Su titular, Eduardo Hecker, fue quien hizo el anuncio durante su presentación en el seminario organizado por el Cefid-Ar en la sede central del Banco Nación. La falta de regulación fue el eje central del debate que aglutinó a funcionarios nacionales y especialistas locales e internacionales, quienes coincidieron en la necesidad de elevar el control de los mercados.

El hilo conductor de las disertaciones fue la “crisis global y la regulación”. Fue entonces que el presidente de la CNV no dudó en aprovechar el momento y anunciar en lo que hace varios meses venían trabajando. “Estamos por sacar un tipo de ley para crear una institución, en la cual intervengan academias y universidades públicas, con carácter de regulador o supervisor de las calificadoras de riesgo privada”, confirmó Hecker en su discurso.

El funcionario afirmó que se trata de un seguimiento más cercano que el actual y una “posición intermedia a una supervisión completamente regulada por el Estado (...). No puede ser que una empresa de electrodomésticos que quebró hace poco tenga ahora calificación triple A con revisión a la baja”, ironizó el directivo.

Desde la entidad explicaron a Página/12 que se trata de un organismo que actuará como testigo de las notas y recomendaciones que emitan las calificadoras de riesgo para toda oferta pública en el país. La revisión incluirá a fideicomisos, acciones, títulos y obligaciones negociables que sean sujeto de calificación. La presidenta Fernández de Kirchner recibirá la semana próxima el proyecto para el visto bueno y su posterior aplicación bajo decreto, según informó la fuente.

Desde el año 2000 a la fecha, sólo la CNV, y en carácter voluntario, realiza este tipo de revisiones. La intención, ahora, es que la supervisión sea “obligatoria para todos los instrumentos”. La nueva calificadora será independiente de cualquier “tipo de conflicto de intereses”, sentenció Hecker, en alusión de las denuncias que existen a nivel mundial sobre Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, las tres calificadoras que actúan en el país.

Las intenciones de ajustar la regulación al futuro escenario post crisis fueron variadas, aunque en esencia hubo acuerdo en aumentar la presencia del Estado. El vicepresidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, criticó la desregulación de los ’90 y el “error de muchos organismos de focalizar su estrategia en el inflation targeting (metas de inflación)”. “Lo que se requiere es un cambio en la Carta Orgánica del Central”, aseguró el funcionario. Pesce reconoció que ya se realizaron modificaciones, pero argumentó que todas respondieron a un escenario de crisis y que hace falta ajustarla a la “propuesta de Basilea II que estará operativa el año próximo”. “De todos modos, habrá que ver cuál es la composición del Parlamento”, dijo en referencia a las elecciones legislativas del 28 junio próximo.

Con consideraciones más duras, la titular del Nación, Mercedes Marcó del Pont, se refirió a las normas de Basilea II. “Fue sólo un parche que no logró cambiar el paradigma y que no sirvió para anticipar la crisis, sino que fue incluso procíclica”, manifestó. En realidad, las normas de Basilea II sólo se aplicaron a partir de este año en Estados Unidos y desde el anterior están en vigencia en Europa. Es por eso que los analistas que expusieron luego aseguran que la crisis se originó con las reglas de juego de Basilea I.

Marcó del Pont afirmó que “sería muy miope definirla como que se produjo por el mal funcionamiento del sistema financiero”. “Tenemos que pensar que lo que realmente falló fue el funcionamiento de la economía como un todo”, agregó. En cambio, el director del Central Arturo O’Connell insistió en que fue el “sistema financiero el que contagió la crisis al sector real”. Por su recurrencia y sus consecuencias, consideró necesaria la “intervención pública”.

Por su parte, la directora de programas del Centro de Mercados Financieros de Estados Unidos, Jane D’Arista, coincidió con la titular del Nación en que “no existen amortiguadores de capital para sostener la actividad”. La analista vinculó la crisis con un problema de concentración y tamaño de las corporaciones financieras dentro de los países, así como de los niveles de apalancamiento (relación entre deuda y stock de activos) de los bancos, que llegó a 30 a 1. Finalmente, el reconocido economista Jan Kregel, del Instituto Económico Levy de la Universidad Bard, abogó por “un cambio más radical del sistema”. Kregel defendió, en tanto, el rol de los bancos de desarrollo, como el de Brasil, e insistió en que “los gastos del Estado crean riqueza de la misma manera que la inversión privada”.