La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicará esta semana una resolución general cuyo objetivo será evitar los riesgos generados por las empresas que se financian a través de fideicomisos. La normativa obligará a las firmas fiduciantes a rendir los fondos que cobran a sus clientes en un plazo que no podrá exceder las 72 horas. Esta iniciativa comenzó a desarrollarse luego de que la empresa de electrodomésticos Bonesi entrara en cesación de pagos, adeudando 50 millones de pesos en títulos de fideicomisos al Standard Bank y el Banco de Valores. Este caso también disparó la redacción de un decreto por parte del ente regulador –que ya fue entregado a Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia– para controlar a las calificadoras de riesgo, luego de que Standard and Poor’s le otorgara a Bonesi la máxima calificación días antes de su entrada en default.

“Estamos pensando en una normativa pareja para todo el país, lo que contemplaría diferentes plazos para rendir los fondos. Lo que estamos buscando es evitar que las empresas que se financian con fideicomisos –como Bonesi, Garbarino, Frávega, Megatone, etc.– se queden con el dinero que tienen que depositar a las entidades que emiten los fideicomisos. Queremos tener el registro inmediato de esos pagos”, afirmó a Página/12 Eduardo Hecker, titular de la CNV.

El ente regulador pretendía emitir la regulación la semana pasada pero accedió al pedido de más tiempo por parte de los principales actores del mercado. Por eso la resolución se conocerá esta semana. Los fiduciarios reclamaban que los fiduciantes (Bonesi, Garbarino, Frávega, etc.) dejaran de ocupar el rol de cobradores, tal como ocurrió con Bonesi, luego de que la empresa se declarara en concurso en marzo de este año. Para este caso, la empresa Pago Fácil fue designada como agente de cobranzas.

La CNV señaló a este diario que no existen problemas de solvencia para los fideicomisos, por lo que el objetivo de la normativa será “evitar el riesgo fiduciante”. Cuando Bonesi entró en cesación de pagos, el Standard Bank sólo pagó los intereses con el monto acumulado en el llamado “Fondo de Riesgo”, mientras que el Banco de Valores cobró hasta el 14 de abril, por lo que pudo afrontar el pago de intereses y amortizaciones.

El año pasado se emitieron 9032 millones de pesos en fideicomisos, un 21 por ciento más que los lanzados en 2007. La mayor parte correspondió al sector consumo que, sumado al de tarjetas de crédito, totalizaron el 88 por ciento del monto. Según publicó este diario en su suplemento Cash el pasado 11 de enero, las entidades fiduciarias suelen otorgar un 30 por ciento de renta anual, mientras que cobran hasta un 80 por ciento por los créditos en cadenas de consumo. Desde 2003 hasta la actualidad se emitieron fideicomisos por unos 16.000 millones de pesos.

La CNV encontró en el caso Bonesi dos líneas de acción emblemáticas. La primera tiene que ver con el control de los pagos de los fideicomisos que se terminará de resolver esta semana. Y la segunda está relacionada con la creación de una comisión para supervisar a las calificadoras de riesgo. Las emisiones de Bonesi tenían la calificación más alta (AAA) por parte de Standard and Poor’s. El fallido de la calificadora (o la manipulación de la información) resultó el disparador para que la CNV decidiera armar un ente público y autónomo que también califique a los emisores de títulos.

El decreto que dará marco a la creación de esta comisión supervisora ya tiene la firma del titular de la CNV, Eduardo Hecker, y está a la espera del visto bueno de la Casa Rosada. Según indicaron a este diario desde el organismo regulador, el objetivo del decreto será aplicar un “efecto disuasorio” a las posibles manipulaciones por parte de las calificadoras.

Esta supervisión estará a cargo de universidades públicas con financiamiento estatal y sus resultados serán de libre acceso para los inversores. “Queremos terminar con los conflictos de intereses, porque generalmente quien paga por esas calificaciones privadas son los mismos emisores de la deuda”, argumentaron a Página/12 desde la CNV. De esta manera, las agencias privadas tendrán que transparentar sus mediciones para evitar quedar en evidencia ante una amplia disparidad de criterios.