Echando aceite sobre las olas, el Ministerio de Economía hizo saber ayer que estudia una iniciativa para que los bancos y sus deudores hipotecarios en mora se sienten a rediscutir los términos de esos créditos, para evitar que esta misma semana empiecen a salir a remate más de 53 mil inmuebles, cuya ejecución fue suspendida al estallar la crisis. Esa suspensión legal, que rigió por 180 días, expira el viernes 15. Ahora, después de que el Gobierno, bajo la presión del FMI, dejase a un lado su idea de decretar una nueva prórroga por 30 días hábiles, Federico Poli, jefe del gabinete de asesores del ministro Roberto Lavagna, aseguró que la situación de los morosos hipotecarios les “preocupa muchísimo”, y que por tanto esa cartera procurará abrir una instancia de negociación entre banqueros y endeudados para evitar que éstos pierdan sus propiedades, entre las cuales hay miles de viviendas. Sin embargo, no precisó de qué manera concreta piensa Economía impedir oleadas de subastas. Es obvio que acreedores y deudores siempre pueden, si ambas partes lo desean, acordar algún arreglo que zanje la situación, sin necesitar para ello de ninguna medida del Gobierno.
El espinoso asunto, que tarde o temprano se plantearía, amenaza con desatar una auténtica revuelta de familias que pueden quedarse en la calle, comerciantes que temen el remate de sus locales, colonos preocupados por sus campos y numerosos pequeños empresarios que hipotecaron inmuebles para emprender negocios e inversiones que fueron peor de lo esperado. Es preciso tener en cuenta que las hipotecas ejecutables en esta instancia corresponden a deudores que cayeron en mora hace por lo menos dos años, cuando aún no había sucumbido la convertibilidad pero la economía sufría una recesión cada vez más profunda y un sistemático aumento del desempleo.
La aritmética del problema está bastante clara para los políticos: los deudores son siempre muchos más que los acreedores, y no pueden por tanto desentenderse del drama de aquéllos. Sin embargo, por lo menos a nivel del justicialismo y de los radicales, hay conciencia de que se trata de una cuestión no negociable para el Fondo Monetario: éste no puede admitir que a los bancos no les esté permitido ejecutar las garantías que amparan sus créditos, porque en ese caso pierden todo valor las carteras activas de las entidades. De tal manera, en las bancadas mayoritarias pueden esperarse reacciones más retóricas que efectivas contra la reanudación de los remates.
La opción de máxima es que Diputados reactive los proyectos existentes para prorrogar por otros 180 días la suspensión, aunque lo más probable es que se acuerde una extensión más modesta de la veda, aparentemente por 30 días. En cualquiera de los casos, el Poder Ejecutivo vetaría la decisión, para cumplir así con uno de los compromisos asumidos con el Fondo. Esta perspectiva sólo variaría si el acuerdo que se negocia con el organismo naufragara en los próximos días. De hecho, la posición del Gobierno no es nada cómoda porque había prometido a través de dos ministros, Alfredo Atanasof (Gabinete) y Jorge Matzkin (Interior), dilatar la cuestión hasta Nochebuena, pero luego cambió repentinamente de actitud, sin poder evitar la admisión de que lo hacía por órdenes llegadas del Norte.
Aunque los banqueros apelaron a todos los recursos, incluida la presión vía FMI, para terminar con la suspensión de las ejecuciones, su margen de maniobra es estrecho. Plantar la bandera roja sobre decenas de miles de propiedades en la actual coyuntura del mercado inmobiliario no parece una idea brillante. De acuerdo con la información proporcionada por las dos cámaras de la banca, ABA y Abappra, el monto a recuperar por ejecución sería en promedio de 17.000 pesos, pero los datos no permiten deducir si se trata de una cantidad obtenible, al no detallarse el carácter (viviendas, terrenos, galpones, etcétera) de los bienes ni sus dimensiones.
En todo caso, el monto global a recuperar por los bancos supera los 900 millones de pesos, en lo que se refiere a ejecuciones que quedaron suspendidas. Pero, de acuerdo con acciones judiciales en curso, habríacerca de 190 mil hipotecas más, por un monto global de más de 4300 millones de pesos. En esta masa de litigios estarán entrando ya deudores que cayeron en mora cuando las tasas –y por tanto las cuotas– empezaron a dispararse a mediados de 2001, y este mismo año. Medidas excepcionales como la pesificación 1 a 1 de las hipotecas tomadas en dólares, y luego la eliminación del ajuste por CER (precios al consumidor) para esas deudas y su reemplazo por un índice salarial hasta ahora inexistente, no pudieron evitar la explosión del problema.
Pero, además de los créditos bancarios, el conflicto también incluye a las hipotecas concertadas a través de escribanías, que, según estimaciones notariales, compondrían un 40 por ciento del total. Estos casos son especialmente difíciles porque los acreedores sufrieron la pesificación compulsiva de sus acreencias, sin recibir por ello, a diferencia de los bancos, compensación alguna del Estado. Por tanto, es menos imaginable que estos acreedores estén dispuestos a conceder quitas y reprogramaciones después de haber visto licuado su capital. De cualquier forma, los deudores son demasiados como para que sus dramas individuales no tomen la dimensión de un vasto problema político. Seguramente no el único que resultará de la Carta de Intención que se espera firmar con el Fondo, forzando un mayor ajuste fiscal y severas restricciones en el gasto social.