Los relatos más estigmatizadores identifican al conurbano bonaerense con el clientelismo político y la corrupción. Sin embargo, en San Miguel, uno de los principales distritos del noroeste, se está llevando adelante una de las experiencias de democracia directa más importantes del país. Desde el año pasado, el 5 por ciento del gasto municipal se direcciona a través de la modalidad conocida como Presupuesto Participativo, que les permite a los vecinos fijar una serie de prioridades de inversión pública, y hoy se anunciará que a partir del próximo año será el 7 por ciento, con lo que el monto anual disponible llegará a los 12 millones de pesos. De ese modo, los recursos invertidos por habitante con esta metodología serán superiores a los de experiencias similares, como las de Rosario y Morón.

La iniciativa surgió a raíz del pedido de un conjunto de organizaciones sociales barriales que conformaron el colectivo “Carta Popular” y empezaron a presionar para lograr su implementación. “Decidimos llamarnos Carta Popular porque a comienzos de 2006 hicimos una consulta en los barrios que abarcó a 1600 familias y de allí surgió un documento con ese nombre que expresaba una serie de demandas, entre las cuales figuraba el Presupuesto Participativo”, señaló a Página/12 Eduardo Balán, uno de los integrantes de la red. Las organizaciones que la integran ya venían articulando desde tiempo atrás y todos los años realizaban una “caravana por la democracia participativa”, que confrontaba con el discurso autoritario de las corrientes de derecha, con fuerte presencia en el distrito, que se referencian en torno del ex intendente y militar “carapintada”, Aldo Rico.

También fue fundamental el aporte de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), que tiene su sede en la zona, y desde fines de los ’90 estuvo difundiendo la experiencia del Presupuesto Participativo del distrito brasileño de Porto Alegre, destacándola como una herramienta central para favorecer el desarrollo local. “La universidad ofreció un espacio para discutir este tema y luego colaboró en darle legitimidad al proceso que se llevó adelante en San Miguel desde el punto de vista técnico”, aseguró a este diario Francisco Suárez, investigador-docente de esa casa de estudios.

Primero la propuesta fue recogida por algunos pocos concejales, pero la mayoría rechazó el proyecto. Luego los consensos se ampliaron y en noviembre de 2006 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza donde se estableció que una parte del presupuesto se asignaría a través de esta modalidad participativa. En ese momento, el municipio era gobernado por Oscar Zilocchi, un hombre cercano a Rico, pero en el concejo tenía mayoría el Frente para la Victoria. Durante 2007, Zilocchi postergó la reglamentación de la norma y el proceso recién se comenzó a implementar el año pasado, durante la gestión de su sucesor, el kirchnerista Joaquín De La Torre.

En la actualidad, el organismo encargado de coordinar la iniciativa es el Foro Distrital de Organización y Seguimiento del Presupuesto Participativo, un espacio integrado por el Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante, organizaciones sociales y la UNGS. Además, funcionan 23 foros barriales, donde cada veinte días los vecinos se reúnen a discutir sus prioridades.

El debate en los foros tiene ciertas reglas a través de las cuales se buscó garantizar que haya participación efectiva y que el espacio no sea copado por algún partido en particular. Por ejemplo, cada foro barrial tiene que estar avalado por tres organizaciones sociales de la zona y sólo se pueden tomar decisiones en las distintas reuniones si se cuenta con una participación mínima de 30 vecinos que acrediten su residencia en el barrio. Además, los participantes deben elegir a cuatro referentes: un delegado hombre, una delegada mujer, un secretario y un prosecretario.

Una vez que se garantiza el cumplimiento de esas reglas se realizan reuniones para analizar cuáles son las necesidades del barrio, se elaboran propuestas, se evalúa qué posibilidades hay de llevarlas a la práctica desde el punto de vista técnico, se presupuestan las obras y recién entonces se las incorpora en el presupuesto. Este año, cada barrio donde funcionan los foros podía presupuestar hasta cuatro proyectos de 70 mil pesos y también se brindó la posibilidad de financiar otros dos proyectos de 30 mil pesos, siempre y cuando estuvieran organizados e impulsados por jóvenes. Para el año próximo, el presupuesto será mayor. Por lo tanto, en los barrios con necesidades básicas insatisfechas se agregará la posibilidad de sumar un proyecto de infraestructura de hasta 300 mil pesos y el resto de las localidades verá mejorado el monto disponible para sus proyectos, que subirá de 70 a 90 mil pesos. Las discusiones sobre cómo asignar esos recursos adicionales comenzarán en las próximas semanas. Además de los vecinos, en algunos de los foros participan estudiantes de la UNGS que asesoran sobre cómo formular y gestionar proyectos.

Hasta el momento, en la mayoría de los barrios los vecinos decidieron que el dinero disponible bajo esta modalidad se destine a asfaltar calles, construir veredas, instalar semáforos y refugios para colectivos, arreglar las plazas e incluso instalar tanques de agua. La expectativa es que la ampliación del presupuesto sirva para solucionar problemas aún más estructurales.

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