Ni por el precio ni por la rentabilidad, la disputa es por la hegemonía. Para los autores del libro La crisis mundial y el conflicto del agro, Enrique Arceo, Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo, durante el prolongado conflicto entre los dirigentes agropecuarios y el Gobierno, la intención de la Mesa de Enlace no fue acabar con un impuesto “confiscatorio”. El lockout tuvo como objetivo la definición y convalidación de un patrón de acumulación de capital donde los asalariados y la producción industrial queden subordinados a sus propios intereses. “El conflicto del agro está abierto, se encuentra directamente vinculado con una serie de transformaciones estructurales que sucedieron en la economía argentina desde mediados de la década del setenta y no se puede solucionar con medidas coyunturales”, explicó Basualdo.

El proceso de cambio tecnológico y productivo en el agro comenzó durante la última dictadura militar, con la sanción de la Reforma Financiera de 1977 y la importante liquidación de ganado vacuno. En ese momento, señalan Basualdo y Nicolás Arceo, se incorporó la rentabilidad financiera a la disputa entre las rentabilidades agrícola y ganadera por la colocación del excedente sectorial. Así, a partir de la década del noventa, se consolidan el paquete tecnológico, la expansión de la soja transgénica, la siembra directa y los contratistas. Estas transformaciones acentuaron la relevancia de las economías internas de escala –la reducción de costos que obtienen las empresas a medida que incrementan su producción–, que en el agro se traducen en un importante proceso de concentración de la propiedad de la tierra.

“El conflicto desatado no es por precios o rentabilidad, que aumentaba con las retenciones móviles, sino que busca poner en marcha un proceso de convalidación social de sus intereses particulares, de creación de una hegemonía, busca ejercer el control sobre el Estado”, señaló Basualdo durante la presentación del libro. El ingreso por hectárea de los productores sojeros se incrementó un 45 por ciento a pesar de la aplicación del nuevo esquema de retenciones móviles. Según los investigadores del Area de Economía y Tecnología de Flacso, “con posterioridad a la vigencia del nuevo régimen de retenciones alcanzó, en pesos constantes de 2007, 1223 pesos por hectárea, mientras que el promedio de 2007 había sido de 846 pesos”.

El incremento de la rentabilidad agrícola en la década del noventa permitió el desarrollo de los pools de siembra y los fondos de inversión agrícola que explotan más de 10 mil hectáreas. Durante gran parte del conflicto del agro, estos actores fueron señalados por “las distintas fracciones del capital agrario” y también por el Gobierno como actores centrales en el desplazamiento de pequeños y medianos productores a través del arrendamiento que se apropiaban de la renta agropecuaria. Este nuevo liderazgo implicaría la disolución de la oligarquía pampeana.

Si bien el arrendamiento aumentó significativamente, Basualdo presenta una visión opuesta. El economista señala que “los fondos de inversión extrasectoriales que ‘incursionan en la actividad por la alta rentabilidad en base a la explotación arrendada’ son escasamente significativos en términos de superficie explotada” y explica que “los principales tomadores de tierras son pequeños y medianos propietarios que son arrendatarios de otros terratenientes”. Los grandes propietarios (Bunge y Born, Bullrich, G. Balcarce-R. Larreta, Pereyra Iraola-Anchorena y Loma Negra, entre otros) siguieron vigentes y trabajan el 86 por ciento de los 70 millones de hectáreas de la región pampeana.

Además, el economista de Flacso recordó que la Federación Agraria rechazó el proyecto del Poder Ejecutivo que incluía la segmentación de los derechos de exportación por tamaño de explotación y una compensación por distancia para aquellos que producían a más de 400 kilómetros de la zona pampeana: “Esto implicaba revitalizar a pequeños y medianos productores, pero esta fracción del capital agrario se subordinó a los intereses de la oligarquía agropecuaria, sacrificó intereses inmediatos porque tiene intereses mediatos”, apuntó. Por su parte, el diputado Héctor Recalde, especialista en temas laborales, advirtió que “la actividad agropecuaria es una de las que concentra más trabajadores en negro y explotación infantil”.

El actual debate entre las recetas neoliberales y las de origen keynesiano para devolverle el vigor al capitalismo constituye, según Enrique Arceo, “la primera grieta notoria en la hegemonía neoliberal desde los años ochenta del siglo pasado”. En ese sentido, el economista del Credicoop Alfredo García remarcó que “el paradigma neoliberal no está en jaque, sino cómo se explica a los candidatos y cámaras empresarias que con su avanzada sobre las reprivatizaciones están proponiendo restaurar esa grieta”.