Varias consecuencias en el frente político, económico y social derivaron del hundimiento de la Resolución 125 por el voto no positivo del vicepresidente en ejercicio de la oposición, por las deserciones en el bloque oficialista y por el rechazo en Diputados y posterior campaña por el negativo en el Senado de legisladores del denominado arco progresista. Pero una derivación de ese acontecimiento tiene una particularidad extraordinaria que debería ser motivo de análisis de estudiosos de comportamiento de masas: gran parte de la población ha sido convencida acerca de que patrones agropecuarios, desarrollando su actividad en uno de los mejores ciclos productivos de la historia, están en crisis. Resulta peculiar que sectores del campo privilegiado, con un capital considerable y una rentabilidad más que digna, sean aceptados socialmente como víctimas y afectados patrimonialmente por determinadas condiciones económicas. Si ésa es la referencia para justificar y apoyar la queja de actores acomodados en la pirámide socioeconómica, que en este caso se ha expresado en cortes masivos de rutas, desabastecimiento de alimentos a los centros urbanos, alianza con los transportistas, cacerolazos y erosión a la gobernabilidad, cómo deberían reaccionar los trabajadores, excluidos y grupos vulnerables frente a la postergación de sus derechos y calidad de vida.

La clave para empezar a acercarse a este inédito enfrentamiento, tanto por su duración y unidad de las entidades representativas del campo como también por la alianza social que se constituyó, se encuentra en la disputa por la hegemonía política para acceder al poder de los sectores más concentrados del agro articulados en la trama multinacional sojera. La ignorancia de ese proceso en primera instancia por la administración kirchnerista y su minimización por parte del progresismo testimonial, eludiendo ese debate y desviando la discusión a otras áreas sensibles, ha facilitado el tránsito hacia la consolidación de ese bloque de poder.

Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo señalan en las conclusiones de su trabajo “Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles”, publicado por Página/12, que la derrota en el Senado del proyecto modificado en Diputados de la Resolución 125 ha implicado que “la fracción del capital agrario (pequeños y medianos productores) se ha subordinado a los grandes terratenientes en una alianza política que llevó a cabo el enfrentamiento contra las retenciones móviles”. Esos especialistas señalan que esos productores representados por la Federación Agraria Argentina han logrado “una victoria pírrica porque participaron activamente de un triunfo político ajeno y fue derrotada en términos de sus intereses particulares”.

La sequía es un factor climatológico que afectó la última campaña pero no es relevante al momento de analizar la dinámica y perspectiva de la actividad. La falta de humedad en los suelos ha afectado la producción, en especial la de trigo y en menor medida la ganadera, pero no su horizonte

inmediato de negocio muy atractivo. Una señal del interesante porvenir que se espera para la actividad agropecuaria se encuentra en los valores de la hectárea de los campos. Pese al violento conflicto de 100 días del año pasado y el discurso de catástrofes inminentes que no se cumplen de los dirigentes de la Mesa de Enlace, no se ha derrumbado el precio de la tierra apta para la producción. Los economistas de la city tan demandados en estos días para insistir con sus pronósticos fallidos enseñan que cuando un negocio no es rentable sus activos se desvalorizan. No es ésa la situación en el mundo agropecuario teniendo en cuenta las actuales cotizaciones por hectárea. Pedro Nordeheimer, director de la inmobiliaria homónima, detalló en un artículo publicado en Infocampo que para parcelas de buena aptitud agrícola de la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Pergamino/Rojas) y el sur de Santa Fe (Venado Tuerto) los valores pagados por operaciones realizadas en las últimas semanas en ningún caso bajaron de 13.000 dólares por hectárea.

En los últimos doce meses, el panorama sectorial ha mostrado la siguiente evolución:

- Los precios internacionales de los granos han registrado una rápida recuperación. Por ejemplo, la soja se ha ubicado por encima de los 400 dólares la tonelada.

- Los costos de producción han descendido en promedio casi el 40 por ciento.

- Es más que probable una mejora de las condiciones climáticas luego de una severa sequía.

- Ha disminuido el valor del alquiler de los campos.

- El Gobierno ha recuperado la política de devaluación administrada de la moneda doméstica.

Todas esas variables positivas, que son ocultadas por el entusiasta arco de la restauración conservadora y por los abanderados de la ingenuidad campera que insisten con la segmentación de las retenciones, brindan un escenario de extraordinaria rentabilidad para la próxima cosecha agraria. Las ganancias que obtendrán los productores sojeros serán las más elevadas de su historia, incluso superiores a las que tenían proyectadas antes de la Resolución 125 y con el actual nivel de Derechos de Exportación del 35 por ciento.

Ante este cuadro de manifestación de riquezas, el objetivo que persigue la trama multinacional sojera es el de clausurar la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para establecer las alícuotas de los Derechos de Exportación. Con el respaldo del nuevo panorama político y con el acompañamiento de sectores del progresismo en el Congreso se busca consolidar, de ese modo, el poder agrario, excluyendo la posibilidad de intervención del Estado en su actividad. Para ello se pretende avanzar en la modificación del Código Aduanero. Este fue promulgado por la ley 22.415 del 23 de marzo de 1981, recogiendo lo que decían leyes anteriores en cuanto a las facultades del Ejecutivo en esa materia. El artículo 755 de esa norma dispone que el Ejecutivo podrá “gravar con derechos a la exportación, desgravar y modificar los derechos de exportación establecidos (...) con el objeto de cumplir algunas de estas finalidades: Asegurar el máximo posible el valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener con volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; Atender a las necesidades de las finanzas públicas”.

Por el artículo 1° del decreto 2752/1991 (Boletín Oficial 13/01/1992) se delegó en el Ministerio de Economía las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero. En muchas democracias modernas se considera facultad del Poder Ejecutivo regular las tasas del comercio exterior (por ejemplo, un arancel del 100 por ciento para ciertas importaciones o una alícuota móvil para cuatro cultivos claves) por considerarlo una herramienta de política económica sujeta a variaciones coyunturales. Desplazando al Ejecutivo, se aspira a que sea el Congreso el encargado de fijar esas tasas. Especialistas alejados de los intereses corporativos del campo explican que el trámite parlamentario de las retenciones sería inadecuado por dos motivos: 1. Es lento, en un mercado internacional volátil. 2. Es público, lo que permite a los agentes de comercio exterior anticipar sus operaciones con un criterio legítimo de “economía de opción” antes que esté promulgada una ley que le resultará más gravosa. Se parecería bastante a otorgar a los legisladores la potestad para determinar cuál debería ser el valor del tipo de cambio o esperar la decisión del Congreso para reasignar partidas presupuestarias para atender un desastre natural.

En el documento mencionado, Basualdo y Arceo explican con lucidez la actual dinámica de un conflicto que aún no ha concluido, como se puede observar en la excitación del movimiento político liderado por la Mesa de Enlace. Precisan que en marzo de 2008 se inició “la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital”. No se ha tratado sólo de una reacción por la fijación de alícuotas móviles en los Derechos de Exportación, sino, como destacan con claridad Basualdo y Arceo, la meta fue ocupar el centro de la escena política y económica definiendo un patrón de acumulación para garantizar su expansión a costa de las perspectivas de los trabajadores y de la industria.

Tras uno y otro objetivo, no importó nada.

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