La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió al ministro de Economía, Amado Boudou, que se hiciera cargo de reestructurar el Indec. Aunque el Gobierno no lo reconocerá abiertamente, el objetivo es recuperar credibilidad para las estadísticas oficiales y descomprimir la presión política por este tema. El titular del Palacio de Hacienda ya está trabajando en un proyecto de decreto para que los cambios tengan fuerza legal. Altas fuentes oficiales dijeron que no hay que descartar que la propuesta finalmente sea elevada al Congreso para convertirse en ley, en caso de que el plan coseche adhesiones previas importantes. Página/12 tuvo acceso exclusivo al proyecto que el nuevo titular de la cartera económica ya comenzó a diseñar. Uno de los puntos de mayor impacto es recrear en el Indec lo que hicieron los institutos de estadísticas de Francia, Inglaterra y Alemania: armar varios índices de inflación que reflejen el consumo de distintas realidades sociales. En Economía dicen que bautizarán informalmente a uno de ellos como el índice Versace, porque contabilizará la inflación de los sectores de altos ingresos. Otros índices –todavía no está definido cuántos serán– medirán la evolución de precios de otros grupos sociales. De todos modos, el IPC actual seguirá siendo el oficial que, según el Indec, representa el patrón de consumo del 70 por ciento de la población. La apertura a otros índices, piensa Boudou, servirá para que los ciudadanos se identifiquen más con el que les corresponde. Y, a la vez, para que los empresarios “manejen datos más precisos según el tipo de consumidor” (ver aparte).

El proyecto de Boudou incluye otro punto que el ministro considera importante para empezar a cambiar la percepción social sobre el organismo. Como anticipó este diario y el funcionario ya confirmó, convocará a universidades nacionales donde se dictan las carreras o posgrados de Estadísticas para que evalúen y validen la confección de indicadores económicos. Serán llamadas las universidades de Tres de Febrero, de Rosario y de Tucumán. Pero, además, el ministro propone crear un comité de control dentro del Indec con quienes son usuarios de los datos que surgen del Instituto: entre otros, la Unión Industrial Argentina, otras cámaras empresarias, la CGT y asociaciones de consumidores. A la vez, en la “nueva etapa” se plantea recrear la relación con los organismos provinciales de estadísticas, buscando en un futuro unificar criterios sobre cómo medir la inflación.

Entre las ideas en estudio también figura buscar la certificación ISO. El ministro espera que una vez puestos en marcha los nuevos índices, el ente de estadísticas pueda conseguir la calificación ISO 9002. Se trata de un ente internacional de control de gestión que califica a las empresas que lo requieren. Esto les sirve para mostrar a sus clientes un alto nivel de calidad. Conseguir esta calificación es difícil aun para las grandes multinacionales, ya que el ente evaluador es el más exigente del mundo. El procedimiento comienza con el pedido de calificación y luego de una inspección se deben mejorar los elementos que ISO considere que no alcanzan el nivel exigido. Luego de cumplir con los requerimientos, se realiza una segunda inspección que determina si la gestión a calificar merece la ISO 9002. Una vez logrado ese estándar se hacen controles anuales para verificar que se mantenga el nivel de calidad aprobado. Este hecho comprometería al Indec a tener un alto nivel de calidad en el futuro para no perder la calificación. Por esta misma dificultad y por el riesgo de algún revés, este punto del plan oficial está en discusión. Fuentes oficiales reconocieron que el Indec carece de manuales de procedimiento básicos, una falencia que arrastra “desde hace décadas”. Eso de por sí muestra que no será sencillo aspirar a la ISO 9002.

“El problema que estamos viviendo con el Indec ya lo tuvieron los ingleses y los franceses. La gente no creía en sus datos, porque no veía reflejada su realidad cotidiana”, le explicó Boudou a un miembro de su equipo. “Lo que hicieron ellos fue comenzar a relevar varias canastas que reflejan la realidad de consumidores de distintos estratos sociales”, completó. Francia es el país que más avanzó en ese sentido. Cualquier consumidor puede entrar a la página web del ente de estadísticas y armar su propio índice familiar. El Indec mantendrá vigente el actual índice, que servirá para los contratos atados al CER, como los títulos públicos. De todas maneras, como le adelantó Boudou a Página/12 el domingo, la intención del Gobierno es sacar del mercado estos títulos, reemplazándolos por otros que no se relacionen con la inflación. El IPC actual seguirá siendo el índice oficial. Se presentará, por ejemplo, ante los organismos internacionales, mientras que los otros indicadores de inflación servirán como referencia para consumo doméstico.

Desde hace más de dos años los datos del Indec comenzaron a ser puestos en duda por casi todos los sectores económicos y sociales. La desconfianza en el índice de inflación fue propagándose a otros indicadores que están condicionados por el nivel de precios, como las mediciones de pobreza e indigencia. La incertidumbre sobre el nivel real de precios también pone en duda la evolución de los distintos sectores económicos, como la industria, la construcción y los servicios. Y hasta el resultado del Producto Interno Bruto terminó siendo cuestionado. A partir de la desconfianza general sobre los datos de la economía comenzaron a surgir índices privados con un nivel de precisión tanto o más dudoso que el oficial. Sin embargo, estos datos pasaron a ser asumidos como fidedignos, sin demasiados cuestionamientos. Esto llevó a que muchos sectores económicos decidieran utilizarlos, entre otras cosas, para justificar reclamos o remarcación de precios.

Para conseguir que los usuarios del Indec, tanto empresarios como consumidores, vuelvan a creer en sus registros, Boudou conformará un Comité de Control de Calidad. El Gobierno invitará a la Unión Industrial, a la Cámara de la Construcción, a la de Comercio, a las del sector financiero y a las del campo, así como a la CGT, la CTA y a organizaciones de defensa del consumidor a que integren el comité con técnicos de los distintos sectores. La idea es que los principales interesados en los datos del Indec puedan verificar la transparencia de los métodos de medición, según el plan oficial.

La expectativa de máxima es que la reestructuración del Indec pueda tener la aprobación del Congreso Nacional. El plan será redactado en forma de proyecto de ley. Sin embargo, a esta altura lo más probable es que la iniciativa se materialice a través de un decreto del Poder Ejecutivo, que les dará a los cambios un marco legal. El Gobierno debería conseguir señales muy claras de que su propuesta será avalada en el Congreso para someterlo a discusión parlamentaria. El mayor problema en este punto es que no hay ninguna revisión de lo actuado, sino que se plantean correcciones hacia adelante. Difícilmente la oposición lo acepte en esos términos.