Representantes de cuatro entidades empresarias y de la CGT buscarán ponerle el moño, esta tarde, al proyecto de decreto que el gobierno nacional les presentará como modelo de creación del consejo para el diálogo económico y social. El encuentro fue señalado como “de carácter técnico”, aunque será en realidad el primer intento de consenso político con las organizaciones gremiales empresarias y sindicales. Si se aprueba, el proyecto será el que el Gobierno adopte para darle impulso inicial al consejo y realizar la convocatoria para que las organizaciones que participen designen a sus representantes permanentes en el mismo.

La primera reunión podría concretarse a mediados de la semana próxima o a más tardar la siguiente, según el mayor o menor entusiasmo del funcionario que se consulte. Tomarán parte del consejo 20 representantes por el sector empresario (incluida la Mesa de Enlace) y 20 por los sindicatos (CTA inclusive) y la presidirá el jefe de Gabinete. No habrá agenda predeterminada, pero el gobierno nacional tomaría la iniciativa proponiendo un primer puñado de proyectos de ley, reclamando el pronunciamiento del consejo antes de llevarlo al Congreso.

El boceto elaborado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, junto a técnicos de la cartera de Planificación, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de Comercio y de la Construcción, de Adeba (bancos privados de capital nacional) y de la CGT, ya fue analizado y girado a los respectivos cuerpos directivos una semana atrás. Durante el fin de semana, el gobierno nacional repasó su propio proyecto y dejó de lado la alternativa de buscar la aprobación de la creación del consejo por medio de una ley. Será, finalmente, un decreto el que le dé vida.

La propuesta que se busca consensuar le da carácter de “órgano consultivo permanente del Gobierno en materia económica, laboral y social” al consejo, que quedará integrado exclusivamente por entidades empresarias de los distintos sectores y por representantes de las dos centrales sindicales, CGT y CTA. Tal como ocurre con el Consejo del Salario (que funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo), los asientos asignados a cada organización serían fijados de antemano, de modo que cada una pueda proponer los miembros titulares para el consejo al momento de su constitución.

Se establecerá que “el mandato” de cada miembro será de cuatro años, aunque podrán ser removidos o reemplazados por la organización que los designó (los cargos no son personales, como ocurre con los legisladores). El plenario de 40 miembros por el sector privado más 4 por el Gobierno deberá sesionar al menos una vez por mes, adoptando sus decisiones “por consenso” que se emitirán como dictámenes. De no arribarse a consenso, se elevará al Ejecutivo el dictamen de mayoría.

El gobierno nacional ya tendría consensuado convocar, para formar parte del futuro consejo, a la CGT y la CTA para ocupar en conjunto los 20 bancos sindicales, con una proporción mayor para la primera (3 a 1, o 4 a 1, es decir 15 contra 5 o 16 contra 4). Por el sector empleador participarán con toda seguridad las cuatro entidades que enviarán técnicos esta tarde al Ministerio de Trabajo (UIA, Adeba, Comercio y Construcción), las cuatro entidades del agro que conforman la Mesa de Enlace, más otras de las finanzas (¿ABRA, Abappra, Bolsa de Comercio?). Otras con lugar asegurado en la lista inicial serían, por el sector comercial, la CAME, y, por los servicios, UDES. Una propuesta en estudio es que esté presente alguna entidad del sector del transporte (Fadeeac, el autotransporte de cargas, es la que correría con mayores chances), mientras que no había definición respecto de qué entidad puede representar a la pequeña y mediana empresa.