El ente regulador del mercado de gas por redes, Enargas, emitió ayer un instructivo para las empresas distribuidoras definiendo las seis categorías de clientes que deberán ser eximidos automáticamente del pago del cargo adicional sobre la tarifa del gas consumido: usuarios que brindan un servicio asistencial (hogares sustitutos, comedores comunitarios, etc.), domicilios de viviendas provenientes de un plan Fonavi u otro implementado por el Estado; beneficiarios de planes sociales; beneficiarios de subsidio de desempleo; jubilados y pensionados y personas que acrediten discapacidad, con un diagnóstico que amerite el uso domiciliario intensivo de gas. Quienes no estén encuadrados en las anteriores categorías pero se consideren en condiciones de reclamar la eximición, podrán hacerlo, lo que obligará a la empresa distribuidora a expedirse dentro de los tres días hábiles siguientes.

A pedido del Enargas, las distribuidoras gasíferas podrían difundir una solicitada para precisar quiénes estarán automáticamente exceptuados de pagar el polémico cargo sobre las facturas de gas. Pero el trabajo en los despachos públicos no termina ahí. También se debate si mantener o no la actual eximición a los usuarios que consumen hasta 1500 metros cúbicos por año, que vence a fin de mes. Si no hubiera cambios al respecto, a fin de mes se ampliaría el universo de clientes residenciales –la eximición se limitaría a los que consumen hasta 1000 m3– que pagan esa contribución en más de 300 mil familias.

A pesar de la embestida parlamentaria, sigue dándose por descartada la alternativa de dar marcha atrás con el cargo que, según el titular del Enargas, Antonio Pronsato, implica subas de entre el 72 y 105 por ciento en Capital y el conurbano. No más. Sin embargo, esa referencia se queda corta respecto del abrupto salto que dio la facturación en el área metropolitana, lo cual abre dudas sobre la correcta instrumentación de la medida.

Los criterios aplicados por el ente regulador en las instrucciones a las distribuidoras sobre el régimen de excepciones no difiere demasiado de los que las empresas, per se, habían adoptado hasta el momento. Pero darlos a conocer ahora públicamente, con un marco común impuesto por el Estado, permite al Gobierno poner énfasis en el sentido que quiso darle a la medida: imponer el cargo sobre los bolsillos de los usuarios de más alto poder adquisitivo y amparar al resto.

El mismo espíritu inspiró la excepción dispuesta desde el 1º de mayo al 31 de agosto para los clientes residenciales de Capital Federal y el conurbano que consuman menos de 1500 metros cúbicos anuales. De no prorrogarse esta medida, hacia fin de este mes el límite baja a 1000 metros cúbicos (pagarán el cargo los que consuman desde ahí en adelante). Sólo en el caso de Metrogas, que abastece a la Capital Federal y el sur del conurbano, finalizar esa excepción implica incorporar al universo de contribuyentes del cargo a 319 mil clientes, equivalente al 15 por ciento del padrón de residenciales.

Tanto el precio del gas como el cargo son progresivos y aumentan en la medida que el usuario está ubicado en una categoría más alta de las ocho en que está dividida la grilla. La clasificación de un cliente en un lugar o en el otro depende del promedio de lo que haya consumido en los doce meses previos a la última medición para la factura. De ahí resulta que alguien que está hoy soportando el cargo, en unos meses podría quedar liberado de él si su consumo baja.

El cargo está inspirado en el afán de ir desmantelando de a poco el sistema de subvenciones estatales mejorando, al mismo tiempo, la retribución de las empresas, en particular las productoras. Pero esto significa que lo que hoy afrontan las arcas públicas (que importan combustible caro para inyectarlo al sistema a un precio menor) paulatinamente será cubierto con el aporte de los usuarios vía más tarifa.

La transición de una fórmula a otra es compleja. Hoy hay una fragmentación entre usuarios cuyo precio está fijo y otros que deben soportar el cargo, y el problema es definir con justicia esa divisoria.

La única vara que se encontró hasta el momento fue la del volumen de consumo, con el supuesto de que los más pudientes demandan más y los otros, menos. Pero el dato de que hogares de ingresos no tan holgados están alcanzados por el incremento, relativiza el supuesto.

Según calcula el ente, con el polémico cargo se podrían recaudar unos 1200 millones de pesos al año. En parte para importar el combustible que falta y costear alguna obra, y en parte para retribuir mejor a las productoras de gas, que con los precios vigentes retacean las inversiones imprescindibles para recuperar las declinantes reservas.