En otra jornada de cruces entre el oficialismo y la oposición por el aumento en las facturas de gas, el interventor de Enargas, Antonio Pronsato, negó que el cargo haya producido aumentos del 400 por ciento y aseguró que éstos oscilan en torno del 110 por ciento. También estimó que implica “solamente al 15 por ciento de los hogares”, que no llega a un millón de usuarios. Desde el peronismo disidente, el socialismo e incluso los ex aliados entrerrianos del kirchnerismo, decididos a oponerse a la medida, volvieron a criticar el aumento y la postura del oficialismo en el Senado, negándose a debatir la revisión de la resolución que fijó el cargo adicional. Diputados que se alejaron del bloque oficialista consideraron ese ajuste como “ilegítimo e inconstitucional”. Distintos bloques de la oposición confían en consensuar un proyecto para dejar sin efecto la medida.

Aprovechando la ola de críticas de asociaciones de consumidores y la impopularidad del “tarifazo”, todo el arco opositor está consensuando posiciones para la derogación del aumento. El decreto impulsó fuertes incrementos en las facturas de gas en los usuarios de mayor consumo. Fue mediante la aplicación de un “cargo” sobre el valor de la tarifa.

El interventor del Enargas, Antonio Pronsato, intentó relativizar los aumentos, asegurando que, en invierno, “afecta al 15 por ciento de los usuarios residenciales del país, son 900 mil hogares sobre siete millones”. También se refirió al porcentaje en que aumentaron las facturas, que no siempre tiene única relación con este cargo específico. “Hay que diferenciar lo que es tarifa, gas, transporte, distribución y el cargo gas”, señaló. “El cargo oscila, en Buenos Aires y Capital Federal en torno del 105 por ciento; en Salta, entre 123 y 122 por ciento, porque las tarifas son allí menores. En Mendoza ese impacto es del orden del 106 por ciento”, indicó. Según Pronsato, hasta la fecha hubo 1200 reclamos de los cuales “se han resuelto favorablemente 380, quedan pendientes 484 y 335 fueron rechazados”. Admitió que además, hay 3600 usuarios de barrios carenciados que fueron directamente exceptuados”.

El funcionario negó que únicamente por aplicación del cargo se hayan incrementado más de 4 veces algunas facturas. Hay una cuota del aumento que se explica por la suba del precio del gas para consumos altos, lo que implica que a mayor consumo, la factura sube más que proporcionalmente. “El aumento no es del 400 por ciento. Ese es el aumento que hay con respecto al consumo, es decir cuanto uno más consume más gasta”, concluyó.

Por su parte, la oposición plantea que el aumento por decreto es inconstitucional, ya que desconocen la figura del “cargo”. Argumentan que se trata un incremento en la tarifa, que debe tratar el Congreso. Pretenden que se trate el miércoles próximo en la Cámara de Diputados.

El diputado del peronismo disidente, Enrique Thomas dijo que “el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo y la UCR rechazan el concepto de Cameron –el secretario de Energía– de que los que consumen poco son pobres y los que consumen mucho son ricos. Es vergonzoso”. Sin embargo, tampoco adelantó el criterio que considera correcto.

Además, en contra del aumento se sumaron los diputados entrerrianos que dejaron el bloque oficialista Cristina Cremer de Busti, María de los Angeles Petit y Gustavo Zavallo. En un proyecto propio, solicitan que se derogue el decreto por considerarlo “ilegítimo e inconstitucional”. La socialista Silvia Augsburger se mostró confiada en poder dejar sin efecto la medida y “que se deje en claro para los que hayan pagado de más, que se considere ese pago en concepto de bonificación para futuros consumos”.