El Senado convirtió en ley un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Prevención Agropecuaria, que prevé crear un fondo presupuestario de 500 millones de pesos por año. La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad (62 senadores presentes), mientras que el artículo 17 que contempla el monto del subsidio y el 23, que le permite al Ejecutivo determinar a quién hay que eximir del pago de impuestos por los daños causados por la emergencia, fueron votados en disidencia (38 a 24 y 37 a 25, respectivamente). La normativa también contempla la creación de una comisión –integrada por universidades, poderes legislativos y gobiernos provinciales– que será la encargada de definir la distribución del dinero. En esta oportunidad, no hubo nadie de la Federación Agraria dentro del recinto para intentar cambiar el proyecto a último momento, como ocurrió con la votación en Diputados. En las inmediaciones del Congreso, unos doscientos ruralistas, entre los que estaban Alfredo “Minga” De Angeli (Federación Agraria), Luciano Miguens (Sociedad Rural), Néstor Roulet (CRA), más los llamados autoconvocados, reclamaban a la hora de la votación de esta ley por el tema que más les preocupa: la prórroga de las facultades delegadas, con las retenciones incluidas.

El nuevo sistema de Emergencia Agropecuaria reemplaza a la ley 22.913, sancionada hace 25 años. La comisión creada ad hoc –que estará integrada por las entidades agropecuarias, instituciones técnicas y científicas, como el Conicet y el INTA– analizará las declaraciones de emergencia y será la garante de los fondos. El dinero que no sea utilizado durante un ejercicio será destinado a un fondo de prevención. Además de esta normativa, la Cámara alta convirtió en ley una serie de declaraciones de emergencia agropecuaria para diferentes localidades del país (ver aparte). La discusión del nuevo sistema de Emergencia Agropecuaria fue rápida. La aprobación en general fue por unanimidad y las diferencias aparecieron en el artículo que fija el monto de 500 millones para subsidios y otro que delega en el Ejecutivo la potestad de definir a quién exime del pago de impuestos. Los argumentos en contra de este último artículo fueron tomados a cuenta de la discusión sobre la delegación de facultades y los llamados superpoderes.

“No compartimos que el Ejecutivo sea quien decida a quién bajarle los impuestos. Si hay un mecanismo ya previsto en la ley, cualquiera que cumpla los requisitos debería verse beneficiado directamente y no esperar el visto bueno de la discrecionalidad del Ejecutivo”, afirmó la senadora puntana Liliana Negre de Alonso. La aliada de Adolfo Rodríguez Saá votó a favor en general y en disidencia tanto el artículo 23 (inciso b) y el artículo 17.

La senadora Sonia Escudero también adelantó en el debate de la Emergencia parte de sus argumentos relacionados con la discusión sobre las facultades delegadas. “Tenemos que ajustarnos al artículo 76 de la Constitución Nacional”, dijo la legisladora aliada del senador y ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero. Escudero pidió un fondo de 1000 millones de pesos. “El fondo es insuficiente. En el caso de mi provincia, en un mes se perdieron 40 millones de pesos por la caída de granizo, por eso me parece que no alcanza (con 500 millones). Por otro lado, hay que tener cuidado con los fondos que se crean desde este cuerpo, si después el Poder Ejecutivo nos los implementa”, agregó la salteña.

El socialista Rubén Gustiniani (Santa Fe) también cuestionó el monto, al igual que María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica). La oficialista Silvia Giusti tomó la palabra antes de proceder a la votación. “El artículo 23 inciso B sólo le permite al Ejecutivo eximir el pago de impuestos y no aumentar impuestos”, afirmó la presidenta de la Comisión de Agricultura en la Cámara alta. Con su intervención quiso despejar cualquier duda sobre uno de los artículos más cuestionados, que de alguna manera anticipó la discusión sobre la facultades delegadas y los llamados superpoderes.

La votación particular sobre el monto (artículo 17) arrojó 38 votos a favor y 24 en contra. Mientras que el artículo 23 fue aprobado por 37 votos contra 25, el número justo para la aprobación por mayoría simple. A la hora de esta votación, estaban ausentes diez senadores, de los cuales tres eran del oficialismo (dos por enfermedad y uno de viaje por Europa).

En las inmediaciones del Congreso no festejaron la sanción de esta ley, que pretende ser una red para aquellos productores que sufran de las inclemencias climáticas, además de establecer un mecanismo de prevención. Los carteles y cánticos de los ruralistas apuntaban sólo contra las retenciones.