Hasta noviembre del 2007, todo parecía discurrir con cierta tranquilidad, en la relación entre la burguesía agraria, los agronegocios y el gobierno nacional. En noviembre de ese año hubo un decreto de aumento de 5 puntos porcentuales en la alícuota de las retenciones a la soja, que las llevó al 35 por ciento. Hubo algún malestar apenas manifestado por el ruralismo y alguna fracción minoritaria de la FAA, pero soportaban el cimbronazo dada la impresionante renta que venían acumulando.

El 11 de marzo del 2008 nos encontrábamos con un numeroso grupo de compañeros de la FAA y el MCL bloqueando el acceso a la planta de acopio y exportación de cereales más grande del mundo: Louis Dreyfus, en General Lagos, provincia de Santa Fe. Denunciábamos las maniobras de los exportadores de trigo que, con el cierre y posterior apertura de las exportaciones del mismo, especulaban comprando barato ante la falta de cotización internacional y vendiendo a 200 pesos más cara la tonelada inmediatamente después de abiertas las cotizaciones.

Esta misma masa de compañeros, y luego de conocido el decreto de la 125 disponiendo el aumento de las retenciones en forma móvil por iniciativa del ministro Martín Lousteau, adhieren a la iniciativa de la conducción Federada, que rápidamente y en forma telefónica acuerda con las otras tres entidades de la patronal agraria (Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Coninagro) el inicio de un paro nacional “del campo”. Esa medida de fuerza fue un lockout patronal que resultó ser el más prolongado y virulento que conoció nuestro país. Todo en pos de conseguir la eliminación de las retenciones y dejar sentada la imposibilidad de que el Estado intervenga en sus ganancias, pasando a ser la fuerza de choque y poniendo el cuero en la defensa de los intereses de los agroconcentradores.

Mucho debate hizo falta para que este último aspecto, crucial para entender las características del conflicto y el rol jugado por los actores en pugna, pueda ser comprendido en toda su dimensión por algunos sectores del progresismo y el campo popular.

Aquella situación nos encontró a los compañeros del MCL en franca minoría en nuestros posicionamientos de apoyo a las retenciones en forma segmentada (“retenciones a quiénes y para quién”), fue nuestro primer documento en el conflicto, argumentando el criterio de que más paguen los que más tienen y reivindicando el derecho del Estado a intervenir sobre la renta extraordinaria.

De allí en más el proceso fue de paulatino pero constante corrimiento de la conducción de la FAA encabezado por Eduardo Buzzi hacia las posiciones de derecha de sus aliados. Estos han sido enemigos históricos de la entidad, lo que hizo más compleja la situación que llega hasta nuestros días. Con actitudes vergonzantes, como las que tuvo el presidente de FAA en el programa de Mirtha Legrand al plantear nuevamente, como lo había hecho en el acto de Rosario aquel 25 de mayo, que el Gobierno es un obstáculo dadas sus actitudes “despóticas, autoritarias y monárquicas”.

Buzzi también definió las retenciones como confiscatorias y recaudatorias, por lo tanto habría que “suspenderlas por 180 días y después ver”. Para rematar, ante una pregunta de la reina de los almuerzos, que el glifosato no es tan malo, que no está comprobado que dañe la salud humana, pero que si se llegara a prohibir su uso se desataría un conflicto de similares características al de la pelea por la derogación de la 125: más claro, échele agua.

Hay una innumerable cantidad de hechos y anécdotas que describen el complicado proceso de abandono de los principios y banderas que dieron origen a la FAA en el glorioso Grito de Alcorta. Entre ellos, la expulsión del MCL (de hecho, nos íbamos igual) de su consejo directivo, así como a los integrantes de la conducción del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, sin medir las consecuencias que esto traería en la lucha gremial y política de lo agrario en la Argentina y su repercusión en lo político general y en la gobernabilidad misma.

El conflicto que se desarrolló entre marzo y julio del 2008, y que llega hasta hoy, tuvo como principales actores, por un lado, las inflexibles posiciones de la Mesa de Enlace, que vino para quedarse, al decir permanente de Buzzi, representando una nueva institucionalidad agraria (punta de lanza de las derechas políticas). Y por el otro, el gobierno nacional, con sus desaciertos y negligencias, que subestimó a la burguesía agraria creyendo que con todo lo que le había permitido acumular si les recortaba un poco sus ganancias iban a ceder gustosos. Al decir de un conocido entre nosotros, la burguesía, cuanto más gana, no se hace más bondadosa, sino más burguesía.

Muy pocos fueron capaces de advertir las terribles consecuencias políticas que esto traería a la vida de todo el pueblo argentino. En diversos documentos del MCL se vinieron señalando los peligros que se correrían si no lográbamos desarticular la férrea unidad que se había construido en esa nueva institucionalidad. Se perfilaba la constitución de una nueva base social al servicio de la derecha profascista, como la que se vio en los masivos actos del 25 de mayo en Rosario y el de julio en el Monumento a los Españoles en la Capital Federal.

Esa alianza de clases medias urbanas y rurales, el papel de la derecha eclesiástica, la embajada norteamericana, conducidos por representantes de la elite de la ancestral clase dominante argentina, con la indecible complicidad y el “blanqueo social” de quienes en otros tiempos articulaban con el campo popular, fue la sólida fuerza social que, aliada con una feroz campaña de terrorismo mediático, permitió infligirle en el Congreso la primera gran derrota política al Gobierno con el voto no positivo del que ahora es el Caballo de Troya de la movida destituyente, Julio Cleto Cobos. La derecha, por primera vez en la historia, ganaba una gran batalla política en el Parlamento y en la movilización callejera. Lo que siguió también fue advertido por nosotros. La constitución de la representación política de este triunfo derechista.

Ante los tiempos que se avecinan, señalamos batallas por el debate y aprobación de leyes positivas. La de un nuevo sistema de medios; derogación y sanción de una nueva de entidades financieras; minería, hidrocarburos, a las que habría que agregar: la de arrendamientos; la de impedimento de la extranjerización de la tierra; la de creación de nuevas Junta Nacional de Carnes y su similar de Granos; la de garantía de la soberanía alimentaria; la de un desarrollo rural justo y equitativo; la del cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Esto sería la profundización de un verdadero camino de redistribución de la riqueza.

En ese sentido, cabe reflexionar, a la luz del resultado electoral, que el Gobierno debería tomar la iniciativa sobre cuál es la dimensión en amplitud y profundidad de la fuerza político-social que hay que construir para llevar adelante con éxito la empresa de sancionar las leyes arriba mencionadas. Si el llamado de la Presidenta al diálogo pretende trazar esa senda, debería incluir en su llamamiento a las organizaciones agrarias que intentan representar a la agricultura familiar, la responsable de producir alimentos para el 70 por ciento de la población en este país y que tiene otra concepción de la tierra, la producción y el medio ambiente.

El MCL ha dado pasos importantes en lo que nos parece el embrión de construcción de alternativa en lo agrario con el llamamiento por la unidad y contra la derecha realizado el 13 de junio en el Salón Azul de la CTA, en la Capital Federal. Ello ha dado luz a la constitución de un espacio abierto y autónomo de articulación de todas las organizaciones campesinas y de pequeños productores que no están en la Mesa de Enlace, incluyendo a los socios de la FAA fuertemente críticos de la actual conducción, con miras a que se amplíe aun más y pueda tributar al gran torrente del frente de liberación político, social, nacional y popular que hay que construir.

* Coordinador nacional de Movimiento Campesino Liberación, corriente interna de la Federación Agraria.