En un escenario financiero global menos tormentoso, los ministros de Economía y Finanzas y los banqueros centrales de los países del G-20 se reúnen a partir de hoy en Londres. Allí los funcionarios de los distintos gobiernos comenzarán a limar asperezas y alinear posiciones para la próxima cumbre en Pittsburg el 24 y 25 de este mes. Además de comparar y discutir las distintas radiografías de la coyuntura económica global, en la agenda de los ministros y banqueros serán centrales las reformas de las regulaciones financieras y de las instituciones multilaterales de crédito –FMI y Banco Mundial, principalmente–. También se retomarán algunos temas pendientes, como los bonus de los banqueros y los paraísos fiscales. La delegación argentina está encabezada por el ministro de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central, Martín Redrado.

“Los países emergentes son los que más han sufrido las erróneas políticas contractivas y de ajuste que tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han recomendado o han impuesto en estos países”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda al emprender el viaje hacia Londres. Boudou quiere “normalizar” la relación con el FMI como parte de su estrategia para reinsertarse en los mercados internacionales. En menos de una semana, se reunió con dos importantes funcionarios del organismo y posiblemente vuelva a dialogar en la capital inglesa con el director para el Hemisferio Occidental del Fondo, el chileno Nicolás Eyzaguirre.

Uno de los ejes del encuentro de ministros y banqueros centrales que tendrá lugar entre hoy y mañana será retomar la discusión acerca reforma de las instituciones de Bretton Woods. En la reunión de presidentes del G–20 en abril acordaron acelerar los cambios en las estructuras de gobierno del FMI y del Banco Mundial, pero hasta ahora no se vieron avances. Según reconocen algunos funcionarios argentinos relacionados con las negociaciones, “es difícil que en los próximos encuentros suceda algo significativo”, y advirtieron que “la economía global tuvo que estar al borde del colapso para que el FMI realizara la reciente emisión de DEG, que se distribuyó de acuerdo con cuotas desactualizadas que no reflejan la relevancia de las economías emergentes”. De los 250 mil millones de dólares, los países emergentes, que más necesitaban esas inyecciones de liquidez, recibieron 100 mil millones, de los cuales fueron 18 mil millones a los considerados pobres.

Boudou destacó que “nuestra voz en este sentido es muy clara, es ir reconstruyendo una nueva relación para que existan organismos multilaterales de crédito que ocupen su verdadero rol, que es cuidar los desbalances monetarios y poder acompañar los procesos de inversión en bienes de capital, sobre todo el Banco Mundial”. Ese punto también estuvo presente en el discurso con el que cerró Redrado las Jornadas Monetarias y Bancarias el martes pasado. Allí el banquero cuestionó la existencia de un prestamista de última instancia, supuesto rol del FMI.

La reforma de la arquitectura financiera internacional volverá a tomar protagonismo ahora que “lo peor pareciera haber pasado”. Hedge funds, agencias calificadoras de riesgo, los tristemente célebres “derivados”, señalados como corresponsables en el estallido de la crisis, volverán a estar en la mira del G-20. Durante la crisis, las calificadoras continuamente les bajaron la nota a algunos países “inestables” en Europa del este, profundizando el impacto de la crisis en esas economías, pero fallaron conscientemente en advertir sobre el elevado riesgo de varios instrumentos financieros. En Europa estiman que para fin de año podría estar listo un estricto marco regulatorio para empresas como Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch.

Uno de los pocos puntos en los que hay acuerdo –y esa realidad se materializa en acciones constantes– es en la necesidad de mantener los estímulos fiscales aunque la caída libre haya terminado.

Los paraísos fiscales, también conocidos como jurisdicciones no–cooperativas, y los jugosos bonus de los banqueros, también se reincorporarán a la mesa de debate. Sin embargo, las delegaciones no son muy optimistas en cuanto a los avances que se puedan lograr en estos puntos. Es posible que el G-20 sostenga públicamente que se han registrado avances en este punto, ya que muchas jurisdicciones comenzaron a firmar acuerdos de cooperación en materia impositiva que alcanzaron para vaciar la lista negra de la OCDE, pero que son insuficientes para que compartan información con el resto de los países. La fecha límite para sancionar a los territorios que reciben dinero sin hacer muchas preguntas será corrida hasta marzo de 2010.