El gobernador bonaerense Daniel Scioli recibirá hoy a las cuatro entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace provincial para evaluar correcciones a la ley de reforma impositiva aprobada el miércoles. Los ruralistas se reunieron ayer por la mañana para analizar medidas de fuerza en respuesta a lo que califican como un “impuestazo”. Sin embargo, luego del llamado de Scioli postergaron una definición. “Si vemos que alguna actividad se puede ver lesionada, tenemos la racionalidad para, entre todos los actores, buscar el punto de equilibrio entre una mejor recaudación y la competitividad”, afirmó ayer el jefe de Gabinete de la provincia, Alberto Pérez. La decisión oficial es exceptuar del impuesto a la actividad portuaria a los puertos privados, tal como trascendió antes de la votación en el Senado.

La apuesta de máxima de los ruralistas era que el Gobierno elimine el impuesto a los puertos y dé marcha atrás con la revaluación fiscal del Inmobiliario rural, pero saben que eso es prácticamente imposible de lograr porque, si hubiera habido alguna posibilidad, el oficialismo habría cedido en el Senado y eso no ocurrió. Por lo tanto, ahora se conforman con limitar el impacto que supone el gravamen a los puertos. La ley fijó una tasa de carga de 6 pesos por tonelada y los productores dicen que las grandes cerealeras les van a transferir ese costo adicional. Además, se establece un cargo de 18 pesos para descarga que también fue cuestionado.

Pérez justificó ayer la decisión de gravar la actividad de los puertos al afirmar que “en lo que va de la gestión hemos invertido más de 370 millones de pesos en dragado y en accesos e infraestructura portuaria, y realmente lo que aportan los puertos es menos del 50 por ciento de lo que invierte la provincia”. Incluso remarcó que “hay consenso entre todos los actores ligados a la vida portuaria de que debe subir el actual aporte”. Sin embargo, dejó abierta la puerta de una posible revisión al señalar que “estamos dispuestos a rever y a buscar consensos”.

La salida que están evaluando es reducir o directamente exceptuar a los puertos privados que operan en la provincia. De hecho, ya estuvieron negociando con representantes de ese sector y les prometieron que habría modificaciones una vez que la norma fuese aprobada. El argumento fue que preferían no introducir modificaciones en el Senado porque eso obligaría a enviar el proyecto nuevamente a Diputados, donde el quórum se había logrado con lo justo gracias a la colaboración del ex ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, quien habilitó el debate con su presencia y luego votó en contra. Al no tocar el proyecto en el Senado se aseguraban su aprobación, para luego dar lugar a revisiones puntuales al momento de la reglamentación.

La negociación de hoy se realizará bajo la amenaza de un nuevo “paro” rural, pues eso fue lo que dejaron trascender los miembros de Carbap. Sin embargo, Pérez relativizó ayer que las entidades vayan a anunciar una nueva medida de fuerza. “No hay ánimo beligerante”, aseguró el jefe de Gabinete.

Los ruralistas no son los únicos que presionan. Ayer, la Cámara de Concesionarios y Permisionarios del Puerto de Bahía Blanca también solicitó al gobernador Daniel Scioli que suspenda la aplicación de la ley en los contenidos relacionados con el puerto, con el fin de mantener su competitividad. “Nuestra Cámara apela a la racionalidad del señor gobernador para que, en un acto de gobierno que lo muestre como el estadista que la gestión pública provincial requiere, suspenda la aplicación de la ley”, señala un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Horacio Moretti.

La Cámara afirma que “la nueva ley de reforma impositiva afectará severamente la competitividad de los puertos de Bahía Blanca, y provocará la transferencia de carga de producción bonaerense a otras provincias que operan con cargas similares”. “Además perjudicará la economía de nuestras empresas, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo y paralizará los costos de transporte y logística”, remarca el comunicado.