Producción: Tomás Lukin

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Un pilar del neoliberalismo

Por Cecilia Allami *

La Ley de Entidades Financieras constituyó la base jurídica de la Reforma Financiera de 1977, uno de los principales pilares del programa económico de la última dictadura militar. A nivel discursivo, esta reforma se basaba en las supuestas virtudes del mercado como mecanismo asignador de recursos y fijador de precios, y condenaba al mismo tiempo la intervención estatal en el sistema financiero. Según se argumentaba, la liberalización financiera mejoraría la competitividad del sector e incrementaría el ahorro y la inversión, fomentando así el desarrollo económico al liberar recursos de su estado de “represión”. De esta forma, en un contexto de liberalización creciente del mercado internacional de capitales, la nueva orientación desarticuló los instrumentos de intervención estatal característicos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones vigentes hasta el momento, como el control de las tasas de interés o el crédito subsidiado. Este proceso tendió a profundizarse durante la década de 1990 a partir de la introducción de las normas de regulación prudencial de Basilea y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, resultando en una transformación radical de la estructura del sistema financiero.

Así, entre 1977 y 2008 la cantidad total de entidades financieras cayó de 723 a 84. El número de bancos públicos –que abarcaban casi la totalidad del territorio nacional y manejaban una alta proporción de depósitos y créditos– se redujo a más de la mitad en el mismo período, observándose un particular debilitamiento de la banca provincial que fue en gran parte privatizada. Por su parte, el número de entidades extranjeras creció sostenidamente. Este fenómeno de concentración no sólo se circunscribió a la reducción absoluta del número de bancos, sino que también se verificó en términos de la creciente concentración de los activos y pasivos en pocas entidades. Simultáneamente, este esquema estimuló la conformación de conglomerados financieros, es decir, la participación de un grupo económico en más de un segmento de la intermediación financiera.

A su vez, estas transformaciones determinaron fuertes cambios en la estructura regional y sectorial del crédito. En líneas generales, los bancos han asignado recursos hacia los sectores que les han asegurado una mayor rentabilidad en el corto plazo. A partir de la década de 1990, el crédito a los sectores productivos se ha contraído considerablemente, priorizándose los préstamos para consumo. Asimismo, el acceso al crédito de las pymes se vio restringido por las altas tasas de interés, la desaparición de fuentes de financiamiento y los cambios en las regulaciones. Adicionalmente, una menor proporción de los préstamos estuvo destinada al interior del país, impactando negativamente en el desarrollo regional. En términos macroeconómicos, la desregulación del mercado financiero local y la cuenta de capital –que favorecieron la vigencia de altas y volátiles tasas de interés– generaron una significativa ciclicidad en el sector externo y potenciaron la fragilidad e inestabilidad de la economía.

Si bien los sucesivos gobiernos modificaron parcialmente algunos artículos de la Ley de Entidades Financieras, su espíritu se mantuvo inalterado durante más de 30 años. El resultado a largo plazo fue la concentración, privatización y extranjerización de un sistema financiero que no ha cumplido adecuadamente su rol de canalizar recursos hacia la actividad productiva. Es por esto que un plan integral de desarrollo debe incorporar una reformulación del marco regulatorio de los mercados financieros, con el propósito de recuperar instrumentos de política económica esenciales. En particular, es necesario identificar sectores estratégicos y desarrollar herramientas específicas para orientar el crédito a inversiones de mediano y largo plazo. En esta línea, y con el objetivo de reducir las disparidades regionales, debería considerarse la necesidad de financiamiento de las pymes del interior del país, ya que son las que más dificultades encuentran a la hora del acceso al crédito. A largo plazo, la reforma debería contemplar mecanismos tendientes a lograr un desarrollo económico y social más equitativo y equilibrado.

Un aspecto clave para el éxito de cualquier iniciativa de reforma es la firme voluntad política del Gobierno, dado que se verían afectados sectores que cuentan con un gran poder dentro de la actual estructura económica. Asimismo, el objetivo de que el crédito se oriente efectivamente hacia los fines previstos exige mecanismos eficientes de asignación y monitoreo del destino de los recursos. En definitiva, la ley vigente no es consistente con un Estado que debe participar activamente en los mercados financieros, favoreciendo el desarrollo productivo y limitando la especulación.

* Investigadora docente de UNGS.

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La ley de la selva

Por Rodrigo López *

Entre las leyes vigentes de la dictadura pocas estorban tanto para el desarrollo nacional como la Ley de Entidades Financieras de 1977. Si bien desde entonces ha sufrido modificaciones menores, los puntos centrales se mantienen firmes. A diferencia de países como Brasil y Chile, últimamente tan mentados por nuestra derecha pop, la ley argentina en vez de señalar expresamente qué operaciones tienen permitidas los bancos comerciales concede “todo aquello que esta ley no prohíbe”, dando ventajas exclusivas a los bancos comerciales, siendo los únicos habilitados para captar depósitos del público a la vista. En la configuración del sistema, esto implica que dejamos de tener banca especializada (aconsejable para organizar el desarrollo) para pasar a tener un sistema de banca universal liderada por los bancos comerciales.

En nombre del “libre mercado” la reforma del gobierno de facto liberalizó la tasa de interés y flexibilizó la apertura de nuevas entidades financieras, con el expreso objetivo de que las tasas alcanzaran valores reales positivos y elevados, lo cual es letal para la industria, sobre todo para las pymes. El argumento esgrimido era fomentar el ahorro y que el mercado se encargara de seleccionar la orientación del crédito. El resultado fue la crisis bancaria de 1980, que sería la primera de una conocida lista. Tal filosofía toma el crédito como un bien de mercado, plausible de ser determinado por un precio de mercado, cuando en realidad se trata de un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población. La moneda y las reservas provienen del trabajo argentino, no es justo que sean apropiadas por algunos, pues sus consecuencias afectan al resto. La regla de “el que llega primero gana” de la corrida de 2001 aún es recordada por muchos pequeños ahorristas argentinos.

Los bancos no son una empresa cualquiera. La explicación intuitiva es que los ahorristas depositan en los bancos los ahorros y éstos a su vez los prestan a terceros. Luego tales préstamos se multiplican a través del mecanismo de creación de dinero bancario. Pero en la realidad el orden es el inverso. El otorgamiento de los préstamos expande la economía posibilitando la aparición de ahorros. A partir de la ley de 1977 tal mecanismo es mutilado. Los bancos son cada vez más concentrados y dirigen sus créditos a grandes empresas (muchas de ellas extranjeras) o a las actividades más lucrativas en el corto plazo, las cuales suelen ser créditos personales y demás líneas para el consumo. La compra de bienes suntuarios en su mayoría importados no permite generar la sinergia prestamos-depósitos, impidiendo la potencialidad expansiva del crédito en el proceso económico. En momentos de especulación tiene lugar otra variante, que es el crédito para la lisa y llana compra de moneda extranjera. En este caso, no sólo se alejan recursos para la producción y se limita la expansión señalada, sino que a la postre se ejerce una presión sobre un precio nodal como el tipo de cambio.

Una reforma podría establecer resguardos para evitar que el sistema financiero se siga atrofiando. Garantizar créditos para pymes, instituir una banca pública de desarrollo y reducir parte de los créditos para consumos suntuosos mejorarían el desempeño de largo plazo (desarrollo), mientras que controlar maniobras que alientan la crisis cambiaria como los préstamos que se sacan con el solo fin de comprar dólares y especular (pedir) una devaluación podrían ser neutralizadas.

La reforma de 1977 vino a abolir la de 1973, que se nutría de las reformas de 1946 y 1949. En los gobiernos peronistas citados el crecimiento estaba orientado al mercado interno, lo cual requería asegurar la canalización de los ahorros nacionales a la inversión productiva local, fomentando la expansión industrial, el pleno empleo, y evitando con controles cambiarios las crisis de balanza de pagos.

La reforma de la dictadura vino a completar un programa de políticas que llevaron a la desindustrialización del país y el comienzo de la pesada deuda externa que sigue perforándonos el bolsillo. Por ironías del destino, a los militares les tocó cumplir el bicentenario de la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) y, a juzgar por la entrega de los resortes de la economía al extranjero y la sujeción política de la población nativa, parecen haber estado a la altura de las circunstancias.

El período abierto en 2003 dio buenos pasos al recuperar para la Nación los ahorros apropiados por las AFJP y permitir canales populares de dirección del crédito a través de cajas cooperativas. Pero resta terminar la obra. Los argentinos deberíamos poder llegar al 25 de Mayo de 2010 con la Plaza de Mayo sin vallado y que éste se establezca en el sistema financiero para disponer los canales del desarrollo nacional y no los de la fuga, el vaciamiento y la crisis, porque el bicentenario que vamos a festejar es el de la Revolución no el de la colonia.

* Investigador Cefid-AR y CCC Floreal Gorini.