La Cámara de Senadores convirtió ayer en ley la prórroga de la Emergencia Económica, una de las últimas leyes consideradas clave por el Poder Ejecutivo nacional para este año parlamentario. Con los votos del oficialismo y de sus aliados, quedó ratificada la norma que prorroga hasta el 31 de diciembre del 2011 la norma que faculta al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular precios y reordenar el sistema financiero.

La Emergencia Económica, dispuesta por primera vez en enero de 2002, tras la crisis económica e institucional de diciembre de 2001, se asegura así llegar a los diez años, como mínimo. Pero el senador Fabián Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto, le dio ayer mayor protección cuando, al argumentar en favor de la prórroga, definió que “este tipo de programas tiene que permanecer hasta que el flagelo de la pobreza, que aún está presente en la Argentina, pueda ser erradicado”.

La iniciativa fue sancionada con el apoyo de 38 legisladores oficialistas y aliados contra 23 senadores del radicalismo y el grupo federal –que reúne a los disidentes justicialistas– y partidos provinciales. También se opusieron el socialista Rubén Giustiniani y la “coalicionista” cívica María Eugenia Estenssoro. Entre otras cuestiones, argumentaron que el crecimiento económico de los últimos años y la recuperación tras la crisis no justifica continuar con las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo.

Estenssoro planteó su desacuerdo con la prórroga al advertir que la Constitución nacional establece que tal medida debe ser fijada por un lapso acotado y no renovada sistemáticamente, cuando el país registra un “período excepcional de crecimiento”. “Plantear la emergencia pública delegando al PE nacional facultades que son propias del Congreso es justamente debilitar y llevar a su mínima expresión el funcionamiento del Parlamento”, declaró a su vez Giustiniani.

Fabián Ríos, en cambio, destacó el hecho de que la ley plantea también la emergencia sanitaria, lo que servirá para hacer frente al dengue y a la eventual reaparición de casos de gripe A el año próximo. “La renegociación de contratos con empresas concesionadas no terminó, estamos a mitad de camino; aún no está totalmente regularizada la concesión de los servicios públicos que se realizaron en la década del ’90”, argumentó sobre otro de los aspectos de la ley.

El senador del FpV Eric Calcagno también argumentó en favor de la prórroga, considerando que “es un modo de regulación, que no es perfecto pero que es el que tenemos”. “Faltan muchos años, quizá decenios, para levantar la emergencia, porque estamos intentando reconstruir el Estado”, enfatizó.

Con la aprobación de las facultades que le otorga la Emergencia, el gobierno nacional logró cerrar un collar de normas que requería para poder ejercer plenamente la administración del Estado en el plano económico en los dos próximos años de gestión de Cristina Fernández, aun con un Congreso dividido.